Entre las medidas de austeridad propuestas por el Gobierno del Estado para el año entrante figura la desaparición del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Ésta mueve a la confrontación entre actores de un sector muy especializado en el Estado, los responsables de la impartición de justicia.
La función de este órgano judicial es oscura para la mayoría de los habitantes de Jalisco. Sin embargo, su importancia se refleja en que la propuesta del gobernador para la elaboración del presupuesto del año próximo, consideró poco más de 434 millones de pesos para su desempeño.
Los integrantes de la Judicatura, como era de esperarse, han salido en defensa de sus funciones y rechazan públicamente que el erario público tendrá ahorros con la liquidación del Consejo.
Si la razón está de una parte u otra, finalmente habrá una decisión, la de los diputados del Congreso estatal, quienes son los únicos facultados para aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo o modificarla.
Por otra parte, al tomar nota de algunos hechos que han marcado el desempeño del Consejo de la Judicatura en los últimos años, se hallan constantes confrontaciones entre los consejeros y su presidente, quien además es el titular del Supremo Tribunal de Justicia.
De hecho, los consejeros acudieron al Poder Legislativo para solicitar un juicio político contra el magistrado. El episodio en sí mismo, sin bien es lógico en una dinámica propia de personas con autoridad que dirimen diferencias por medio de la ley, también mueve a sorpresa a los ciudadanos que esperan justicia y ejemplo de las autoridades correspondientes.
Vamos, el mismo Poder Ejecutivo anota, para argumentar la desaparición del Consejo de la Judicatura, que este órgano “no cumple” sus obligaciones.
Mientras las deliberaciones continúan, los jaliscienses siguen a la espera de que el Poder Judicial, las policías y la Procuraduría de Justicia garanticen seguridad y precisamente eso: justicia. No más, no menos. Y no hay un solo juez, un solo magistrado, que sostenga públicamente que ha terminado la impunidad y que el Estado garantiza, para todos sus ciudadanos, un trato igual y apegado a Derecho.
La cuestión va mucho más allá de 434 millones de pesos. La deuda de justicia es inconmensurable.
La función de este órgano judicial es oscura para la mayoría de los habitantes de Jalisco. Sin embargo, su importancia se refleja en que la propuesta del gobernador para la elaboración del presupuesto del año próximo, consideró poco más de 434 millones de pesos para su desempeño.
Los integrantes de la Judicatura, como era de esperarse, han salido en defensa de sus funciones y rechazan públicamente que el erario público tendrá ahorros con la liquidación del Consejo.
Si la razón está de una parte u otra, finalmente habrá una decisión, la de los diputados del Congreso estatal, quienes son los únicos facultados para aceptar la propuesta del Poder Ejecutivo o modificarla.
Por otra parte, al tomar nota de algunos hechos que han marcado el desempeño del Consejo de la Judicatura en los últimos años, se hallan constantes confrontaciones entre los consejeros y su presidente, quien además es el titular del Supremo Tribunal de Justicia.
De hecho, los consejeros acudieron al Poder Legislativo para solicitar un juicio político contra el magistrado. El episodio en sí mismo, sin bien es lógico en una dinámica propia de personas con autoridad que dirimen diferencias por medio de la ley, también mueve a sorpresa a los ciudadanos que esperan justicia y ejemplo de las autoridades correspondientes.
Vamos, el mismo Poder Ejecutivo anota, para argumentar la desaparición del Consejo de la Judicatura, que este órgano “no cumple” sus obligaciones.
Mientras las deliberaciones continúan, los jaliscienses siguen a la espera de que el Poder Judicial, las policías y la Procuraduría de Justicia garanticen seguridad y precisamente eso: justicia. No más, no menos. Y no hay un solo juez, un solo magistrado, que sostenga públicamente que ha terminado la impunidad y que el Estado garantiza, para todos sus ciudadanos, un trato igual y apegado a Derecho.
La cuestión va mucho más allá de 434 millones de pesos. La deuda de justicia es inconmensurable.
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