No es un dato menor el que ha asestado el auditor Arturo González de Aragón muy temprano al régimen de Calderón. Es la mayor cantidad del ejercicio del gasto público cuyos estados financieros han sido observados (es el matiz más suavizado del término irregularidades) desde que existe la Auditoría Superior. Señaló opacidad en los subejercicios, excedentes petroleros, donativos, estímulos fiscales, permisos y concesiones, enajenación de bienes, remuneraciones a servidores públicos, carteras vencidas; derechos de Trámite Aduanero, y fondo y fideicomisos.
La cifra del auditor saltó a la vera del camino justo cuando en la Cámara de Diputados, la oposición y el Partido Acción Nacional jalonean los detalles del conjunto de enmiendas constitucionales que darán salida a la Ley de Salarios Máximos.
Ante los diputados federales, el Auditor pidió autonomía constitucional y facultades de sanción, en aras de construir un sistema de fiscalización independiente. En su discurso dijo: “Se requiere facultar a la Auditoría para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos, sin menoscabo de las atribuciones que actualmente tiene la Función Pública, y sería conveniente iniciar la revisión de las Cuentas Públicas el 2 de enero del año correspondiente, con el fin de ampliar la capacidad de evaluación y oportunidad”.
González de Aragón aseguró que hoy por hoy, la corrupción es un cáncer que azota a la Humanidad, corroe valores y la calidad de vida de una sociedad.
Los resultados de Cuenta Pública serán analizados en mesas de trabajo en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y se sumarán al rezago legislativo en que están formadas las Cuentas Públicas desde 2001. Es decir, no pasará nada, a no ser que ahora sí los diputados se decidan a actuar con firmeza... si el tiempo se los permite, ya que éste es un año electoral.
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