El súbito incremento salarial que los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se han dado a sí mismos (340 mil pesos mensuales) insufló ayer una mayor carga de emotividad en la relación, de por sí desfasada, que existe entre los ingresos de la gente de a pie y de la clase política mexicana.
Los consejeros del IFE no quisieron quedarse atrás y se acaban de subir al pódium de los servidores públicos con grandes ingresos salariales, donde puede mirarse a los ministros del Poder Judicial, algunos gobernadores, muchos presidentes municipales y los mismos diputados federales y senadores.
Las reacciones en las dos cámaras del Congreso de la Unión no se dejaron esperar por el lado de la oposición del PRD, PT y de Convergencia. Incluso, en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier González Garza, ha emitido un pronunciamiento en el que, en nombre de todos los coordinadores parlamentarios, ha llamado a los consejeros del IFE “a que reconsideren el incremento en su salario y muestren sensibilidad con el pueblo de México”.
Incluso, González Garza ha apostillado que “este tipo de acciones demerita el servicio público y además muestra una desafortunada visión de la situación mexicana, una insensibilidad y falta de solidaridad hacia los mexicanos”.
Este incremento salarial, ha dicho el presidente de la Junta de San Lázaro, es realmente grave porque el IFE “debe ser un actor ejemplar en las decisiones democráticas del país y un árbitro que no puede ser cuestionado por su desempeño, y menos por los sueldos de sus consejeros, ya que debe tener presente que el origen de los recursos que se traducen en un salario emanan de las contribuciones que cada ciudadano aporta para el desarrollo de México”.
A decir verdad, no todos en las dos cámaras han respingado al respecto. Los priistas siguen callando en torno de este tema, como también, por supuesto, los panistas, que incluso se han opuesto abiertamente a que se les imponga un techo a los salarios de la administración pública.
El 13 de marzo de 2007, el Pleno camaral del Senado de la República aprobó enmiendas a los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política Mexicana, con el propósito de fijar un límite a los salarios máximos de la burocracia en los tres niveles de Gobierno. A ese conjunto de reformas —que en noviembre de 2006 había presentado el senador Pablo Gómez— se le dio en llamar “Ley de los Salarios Máximos”.
Ese mismo día, por la tarde, fue enviada a San Lázaro, para la continuación de su proceso legislativo. Y desde entonces allí están, en las gavetas frías de las comisiones dictaminadoras —la de Puntos Constitucionales y la del Trabajo—, en espera de la decisión política que las destrabe.
A tiro de piedra de que la minuta (así se le llama a leyes apenas aprobadas en una de las dos cámaras) cumpla dos años, el PAN de Héctor Larios sigue estorbando olímpicamente el proceso legislativo de marras. Aunque no ha estado solo, porque para ello se ha convertido en lo mismo el PRI de Emilio Gamboa Patrón, según han reiterado ayer perredistas como el diputado zacatecano Raymundo Cárdenas.
El mayor argumento del PAN de Larios, para que la minuta aquélla no sea convertida definitivamente en ley, consiste en decir que imponer un límite en el techo de los salarios de la administración pública provocaría que muchos técnicos que ahora trabajan para la burocracia se vayan ‘pirateados’ hacia las empresas transnacionales. Y, con ello, según dicen los panistas, mermaría la “calidad” del servicio público…
Este argumento pueril del PAN no se la creen ni ellos. Y menos ahora en que la clase política en el poder ha sido cuestionada brutalmente dentro y fuera del país no sólo por su condición de ineficiencia asombrosa, sino por su, esa sí, gran capacidad para asimilarse a las prácticas más corruptas.
Hace unos días, el senador Ricardo Monreal propuso en un Punto de Acuerdo que el Pleno de su Cámara exhortara a la Cámara de Diputados para que ésta destrabara la minuta aquella que los senadores enviaron a San Lázaro desde el 23 de marzo de 2007. Y como ha estado ocurriendo desde hace casi 24 meses, el panismo sigue haciéndose el “tiololo solo”, alimentando con su cinismo la herida profunda que ya separa los intereses más sentidos de la población con la actual clase política en el poder.
El conjunto de reporteros que cubre la Cámara de Diputados buscó ayer, infructuosamente, a Héctor Larios, para que expusiera los motivos por los cuales sigue deteniendo la minuta aquélla, que por su condición constitucional requiere también de los votos del PAN para alcanzar los dos tercios que exige, para tales efectos, la Ley Orgánica y la Constitución misma.
Los consejeros del IFE no quisieron quedarse atrás y se acaban de subir al pódium de los servidores públicos con grandes ingresos salariales, donde puede mirarse a los ministros del Poder Judicial, algunos gobernadores, muchos presidentes municipales y los mismos diputados federales y senadores.
Las reacciones en las dos cámaras del Congreso de la Unión no se dejaron esperar por el lado de la oposición del PRD, PT y de Convergencia. Incluso, en San Lázaro, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier González Garza, ha emitido un pronunciamiento en el que, en nombre de todos los coordinadores parlamentarios, ha llamado a los consejeros del IFE “a que reconsideren el incremento en su salario y muestren sensibilidad con el pueblo de México”.
Incluso, González Garza ha apostillado que “este tipo de acciones demerita el servicio público y además muestra una desafortunada visión de la situación mexicana, una insensibilidad y falta de solidaridad hacia los mexicanos”.
Este incremento salarial, ha dicho el presidente de la Junta de San Lázaro, es realmente grave porque el IFE “debe ser un actor ejemplar en las decisiones democráticas del país y un árbitro que no puede ser cuestionado por su desempeño, y menos por los sueldos de sus consejeros, ya que debe tener presente que el origen de los recursos que se traducen en un salario emanan de las contribuciones que cada ciudadano aporta para el desarrollo de México”.
A decir verdad, no todos en las dos cámaras han respingado al respecto. Los priistas siguen callando en torno de este tema, como también, por supuesto, los panistas, que incluso se han opuesto abiertamente a que se les imponga un techo a los salarios de la administración pública.
El 13 de marzo de 2007, el Pleno camaral del Senado de la República aprobó enmiendas a los artículos 75, 115, 123 y 127 de la Constitución Política Mexicana, con el propósito de fijar un límite a los salarios máximos de la burocracia en los tres niveles de Gobierno. A ese conjunto de reformas —que en noviembre de 2006 había presentado el senador Pablo Gómez— se le dio en llamar “Ley de los Salarios Máximos”.
Ese mismo día, por la tarde, fue enviada a San Lázaro, para la continuación de su proceso legislativo. Y desde entonces allí están, en las gavetas frías de las comisiones dictaminadoras —la de Puntos Constitucionales y la del Trabajo—, en espera de la decisión política que las destrabe.
A tiro de piedra de que la minuta (así se le llama a leyes apenas aprobadas en una de las dos cámaras) cumpla dos años, el PAN de Héctor Larios sigue estorbando olímpicamente el proceso legislativo de marras. Aunque no ha estado solo, porque para ello se ha convertido en lo mismo el PRI de Emilio Gamboa Patrón, según han reiterado ayer perredistas como el diputado zacatecano Raymundo Cárdenas.
El mayor argumento del PAN de Larios, para que la minuta aquélla no sea convertida definitivamente en ley, consiste en decir que imponer un límite en el techo de los salarios de la administración pública provocaría que muchos técnicos que ahora trabajan para la burocracia se vayan ‘pirateados’ hacia las empresas transnacionales. Y, con ello, según dicen los panistas, mermaría la “calidad” del servicio público…
Este argumento pueril del PAN no se la creen ni ellos. Y menos ahora en que la clase política en el poder ha sido cuestionada brutalmente dentro y fuera del país no sólo por su condición de ineficiencia asombrosa, sino por su, esa sí, gran capacidad para asimilarse a las prácticas más corruptas.
Hace unos días, el senador Ricardo Monreal propuso en un Punto de Acuerdo que el Pleno de su Cámara exhortara a la Cámara de Diputados para que ésta destrabara la minuta aquella que los senadores enviaron a San Lázaro desde el 23 de marzo de 2007. Y como ha estado ocurriendo desde hace casi 24 meses, el panismo sigue haciéndose el “tiololo solo”, alimentando con su cinismo la herida profunda que ya separa los intereses más sentidos de la población con la actual clase política en el poder.
El conjunto de reporteros que cubre la Cámara de Diputados buscó ayer, infructuosamente, a Héctor Larios, para que expusiera los motivos por los cuales sigue deteniendo la minuta aquélla, que por su condición constitucional requiere también de los votos del PAN para alcanzar los dos tercios que exige, para tales efectos, la Ley Orgánica y la Constitución misma.
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