Durante las elecciones del año 2006, tanto las federales como las locales, los mexicanos y los jaliscienses fuimos testigos de una “guerra sucia” feroz y sin cuartel entre los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, sobre todo a la Presidencia de la República y al Gobierno estatal.
El denuesto, la descalificación, la calumnia, la insinuación y otras conductas, fueron el recurso más socorrido por actores de todos los partidos políticos, con diferentes intensidades y espacios, pero todos privilegiaron la ofensa y dejaron de lado el discurso substancioso que debería caracterizar a las campañas.
En Jalisco, a destiempo, el entonces Instituto Electoral del Estado hizo un llamado a los partidos políticos y a sus abanderados para que firmaran un pacto de no agresión y para que elevaran el nivel, pero en el terreno de los hechos no fructificó.
A tres años de distancia y después de una reforma electoral cuestionada desde su discusión, y a unos días de que inicien las precampañas, ahora reguladas, los representantes de los partidos políticos y los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, firmaron y celebraron un pacto por la legalidad, la ética y la civilidad que contempla periodos precisos, uno de ellos, incluso, no está en la ley electoral, y es el inmediatamente posterior al fin de las precampañas, es decir, del 3 de marzo al 1 de mayo.
Es difícil creer que en esta ocasión sí se respetará el pacto, que los actores políticos no recurrirán a la guerra sucia, sin embargo, varios elementos permiten albergar esperanzas: en primer lugar, la manifestación ciudadana contra las estrategias electorales en 2006 clara, explícita y reiterada; en segundo, la firma oportuna de este pacto y, tercero, los firmantes dicen confiar en los consejeros electorales y en los presidentes de partido. El ambiente es de diálogo y consenso.
No hay ley que obligue a los institutos políticos y sus candidatos a respetar este pacto, no obstante, dada la actitud de la ciudadanía de frente a las elecciones y su percepción de la clase política, es una realidad que sí obliga.
El denuesto, la descalificación, la calumnia, la insinuación y otras conductas, fueron el recurso más socorrido por actores de todos los partidos políticos, con diferentes intensidades y espacios, pero todos privilegiaron la ofensa y dejaron de lado el discurso substancioso que debería caracterizar a las campañas.
En Jalisco, a destiempo, el entonces Instituto Electoral del Estado hizo un llamado a los partidos políticos y a sus abanderados para que firmaran un pacto de no agresión y para que elevaran el nivel, pero en el terreno de los hechos no fructificó.
A tres años de distancia y después de una reforma electoral cuestionada desde su discusión, y a unos días de que inicien las precampañas, ahora reguladas, los representantes de los partidos políticos y los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, firmaron y celebraron un pacto por la legalidad, la ética y la civilidad que contempla periodos precisos, uno de ellos, incluso, no está en la ley electoral, y es el inmediatamente posterior al fin de las precampañas, es decir, del 3 de marzo al 1 de mayo.
Es difícil creer que en esta ocasión sí se respetará el pacto, que los actores políticos no recurrirán a la guerra sucia, sin embargo, varios elementos permiten albergar esperanzas: en primer lugar, la manifestación ciudadana contra las estrategias electorales en 2006 clara, explícita y reiterada; en segundo, la firma oportuna de este pacto y, tercero, los firmantes dicen confiar en los consejeros electorales y en los presidentes de partido. El ambiente es de diálogo y consenso.
No hay ley que obligue a los institutos políticos y sus candidatos a respetar este pacto, no obstante, dada la actitud de la ciudadanía de frente a las elecciones y su percepción de la clase política, es una realidad que sí obliga.
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