Más allá de si los hechos que pusieron en riesgo la vida del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, fueron un atentado o no, el enfrentamiento que dio como resultado la muerte de uno de los escoltas del jefe del Ejecutivo del Estado más grande de la República, y también el más violento, es una noticia que se suma al recuento cotidiano de la actuación del crimen organizado y el narcotráfico en esa Entidad.
La situación en Chihuahua supera la calidad de “grave”. Se trata de una realidad insostenible que ahora con mayor razón deja en evidencia la vulnerabilidad de todos los chihuahuenses.
El operativo especial del Ejército Mexicano, reforzado desde hace meses dada la virulencia de los enfrentamientos y el número de muertos por el crimen organizado (dos mil 206 en 2008 y 477 en lo que va del año), ya no es suficiente.
Luego del que para muchos fue un atentado, aun cuando de manera preliminar se habla de un incidente vial —hecho que, por lo demás, no reduce la gravedad del asunto, al contrario—, las reacciones de la clase política en general, coinciden.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN) se ofrece respaldo a la política de seguridad del Presidente Felipe Calderón, pero se reconoce que la criminalidad en Chihuahua ha rebasado todos los límites, y es en esto en lo que están de acuerdo actores de los demás partidos, el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), principalmente.
Pero entre todas las declaraciones y dichos ayer, destaca el reconocimiento del Poder Legislativo de que es preciso reforzar con instrumentos legales la lucha que el Ejecutivo federal ha emprendido contra el narcotráfico en todo el país, no se diga en Chihuahua.
En la Entidad más grande de la República no ha sido necesario declarar un estado de excepción: los mismos habitantes, por seguridad, por prudencia, por sentido común, no salen después de determinada hora; el miedo los acompaña en cada una de las actividades cotidianas y los muertos son cada vez más cercanos.
Urge una nueva estrategia y el concurso de todos los mexicanos, especialmente de quienes tienen en sus manos la toma de decisiones.
La situación en Chihuahua supera la calidad de “grave”. Se trata de una realidad insostenible que ahora con mayor razón deja en evidencia la vulnerabilidad de todos los chihuahuenses.
El operativo especial del Ejército Mexicano, reforzado desde hace meses dada la virulencia de los enfrentamientos y el número de muertos por el crimen organizado (dos mil 206 en 2008 y 477 en lo que va del año), ya no es suficiente.
Luego del que para muchos fue un atentado, aun cuando de manera preliminar se habla de un incidente vial —hecho que, por lo demás, no reduce la gravedad del asunto, al contrario—, las reacciones de la clase política en general, coinciden.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN) se ofrece respaldo a la política de seguridad del Presidente Felipe Calderón, pero se reconoce que la criminalidad en Chihuahua ha rebasado todos los límites, y es en esto en lo que están de acuerdo actores de los demás partidos, el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), principalmente.
Pero entre todas las declaraciones y dichos ayer, destaca el reconocimiento del Poder Legislativo de que es preciso reforzar con instrumentos legales la lucha que el Ejecutivo federal ha emprendido contra el narcotráfico en todo el país, no se diga en Chihuahua.
En la Entidad más grande de la República no ha sido necesario declarar un estado de excepción: los mismos habitantes, por seguridad, por prudencia, por sentido común, no salen después de determinada hora; el miedo los acompaña en cada una de las actividades cotidianas y los muertos son cada vez más cercanos.
Urge una nueva estrategia y el concurso de todos los mexicanos, especialmente de quienes tienen en sus manos la toma de decisiones.
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