Expuesto a menos visibilidad que los otros dos poderes públicos, el Judicial ha ido ganando presencia a fuerza de resolver polémicos diferendos. En esa labor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido que aclarar recurrentemente que sus resoluciones no toman en cuenta justificaciones públicas, por importantes que sean, sino el apego a las leyes que ya existen, criterio en el que prima lo que establece nuestra Constitución.
El pleno de ministros de la Suprema Corte tiene ahora otra oportunidad de impartir cátedra de coherencia, luego que decenas de miles de empresas y personas han buscado en juzgados federales el amparo de la justicia ante el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), establecido en 2008 como mecanismo de control para evitar que los negocios contribuyan poco, a juicio del Gobierno federal, como expresó el Presidente Felipe Calderón a fines de 2009, generando chispas en una relación entre el Ejecutivo y los empresarios que no ha sanado todavía.
En su primera audiencia, el viernes pasado, los argumentos de los representantes del Congreso de la Unión y el Gobierno federal se concentraron en expresar que la caída de la renta petrolera genera un creciente déficit en las finanzas públicas, razón por la que se aprobó el IETU, para hacer que las actividades productivas eludan pagar impuestos mediante lo que se ha llamado “ingeniería fiscal”.
Los representantes de las empresas, por su parte, coincidieron en señalar que, si bien no están en contra de pagar más impuestos, la fundamentación legal del IETU no demuestra criterios de proporcionalidad y equidad en el cobro fiscal, ni se respeta el principio de no retroactividad de las leyes en perjuicio de particulares.
Dicho de otro modo, la parte gubernamental se centra en justificar la necesidad de buscar más recaudación fiscal, y la parte empresarial se niega a hacerlo porque, a su juicio, el IETU no está bien hecho.
La Suprema Corte tiene en sus manos la posibilidad de sentar un precedente ante los poderes Ejecutivo y Legislativo: para establecer nuevas obligaciones fiscales a los mexicanos, la aprobación de impuestos debe ser completamente coherente con las garantías constitucionales.
El pleno de ministros de la Suprema Corte tiene ahora otra oportunidad de impartir cátedra de coherencia, luego que decenas de miles de empresas y personas han buscado en juzgados federales el amparo de la justicia ante el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), establecido en 2008 como mecanismo de control para evitar que los negocios contribuyan poco, a juicio del Gobierno federal, como expresó el Presidente Felipe Calderón a fines de 2009, generando chispas en una relación entre el Ejecutivo y los empresarios que no ha sanado todavía.
En su primera audiencia, el viernes pasado, los argumentos de los representantes del Congreso de la Unión y el Gobierno federal se concentraron en expresar que la caída de la renta petrolera genera un creciente déficit en las finanzas públicas, razón por la que se aprobó el IETU, para hacer que las actividades productivas eludan pagar impuestos mediante lo que se ha llamado “ingeniería fiscal”.
Los representantes de las empresas, por su parte, coincidieron en señalar que, si bien no están en contra de pagar más impuestos, la fundamentación legal del IETU no demuestra criterios de proporcionalidad y equidad en el cobro fiscal, ni se respeta el principio de no retroactividad de las leyes en perjuicio de particulares.
Dicho de otro modo, la parte gubernamental se centra en justificar la necesidad de buscar más recaudación fiscal, y la parte empresarial se niega a hacerlo porque, a su juicio, el IETU no está bien hecho.
La Suprema Corte tiene en sus manos la posibilidad de sentar un precedente ante los poderes Ejecutivo y Legislativo: para establecer nuevas obligaciones fiscales a los mexicanos, la aprobación de impuestos debe ser completamente coherente con las garantías constitucionales.
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