En los procesos electorales federal y locales, desde hace un mes estamos en una etapa en que no está permitido hacer proselitismo en busca del voto, a favor de candidatos y partidos, ni en contra de los adversarios que estarán en la contienda para la jornada de votaciones del domingo 5 de julio.
Sin embargo, estamos presenciando un intenso intercambio de señalamientos entre dirigentes partidistas, líderes parlamentarios y funcionarios de todos los órdenes y posiciones. Con el menor pretexto, si es por el registro de una candidatura ante las autoridades electorales, si es por una iniciativa de ley que está a discusión, si es por una declaración o un discurso de un gobernante de cualquier color, desde la trinchera de enfrente se suelta la retahila de adjetivos y de acusaciones.
El clima político, que ha sido aderezado por estudios de opinión que dan cuenta de preferencias electorales con miras a los comicios, tiene entre sus aristas más filosas la revelación de las cifras que arrojan las encuestas de opinión, y de ellas se desprenden de inmediato las estrategias partidistas para tratar de recuperar posibles votantes o, al menos, hacer que el contrincante los pierda.
Con ese telón de fondo, en las semanas recientes ha crecido la confrontación entre actores políticos, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los priistas consideran que la dirigencia nacional del blanquiazul se ha excedido en sus señalamientos y acusaciones, porque, de manera soslayada o directa, los vincula con actividades ilícitas y los muestra contrarios a las estrategias del Gobierno federal de combate al crimen organizado; desde el panismo se dice que no hay tal.
El caso es que la representación del PRI ante el Instituto Federal Electoral (IFE) ya le exigió al organismo electoral pronunciarse ante lo que considera una “campaña negra” del PAN, y ha pedido tomar “medidas cautelares” para detenerla; más aún, el partido tricolor estima que hasta cabría la posibilidad de sancionar al blanquiazul.
Dicen los priistas que sus adversarios están violando la Constitución, que prohíbe expresamente la propaganda política o electoral que denigre a las instituciones y a los partidos, cosa que —a su juicio— está haciendo el PAN. Haya “campaña negra” o no, el IFE debe pronunciarse, para evitar que el proceso electoral se salga de cauce.
Sin embargo, estamos presenciando un intenso intercambio de señalamientos entre dirigentes partidistas, líderes parlamentarios y funcionarios de todos los órdenes y posiciones. Con el menor pretexto, si es por el registro de una candidatura ante las autoridades electorales, si es por una iniciativa de ley que está a discusión, si es por una declaración o un discurso de un gobernante de cualquier color, desde la trinchera de enfrente se suelta la retahila de adjetivos y de acusaciones.
El clima político, que ha sido aderezado por estudios de opinión que dan cuenta de preferencias electorales con miras a los comicios, tiene entre sus aristas más filosas la revelación de las cifras que arrojan las encuestas de opinión, y de ellas se desprenden de inmediato las estrategias partidistas para tratar de recuperar posibles votantes o, al menos, hacer que el contrincante los pierda.
Con ese telón de fondo, en las semanas recientes ha crecido la confrontación entre actores políticos, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los priistas consideran que la dirigencia nacional del blanquiazul se ha excedido en sus señalamientos y acusaciones, porque, de manera soslayada o directa, los vincula con actividades ilícitas y los muestra contrarios a las estrategias del Gobierno federal de combate al crimen organizado; desde el panismo se dice que no hay tal.
El caso es que la representación del PRI ante el Instituto Federal Electoral (IFE) ya le exigió al organismo electoral pronunciarse ante lo que considera una “campaña negra” del PAN, y ha pedido tomar “medidas cautelares” para detenerla; más aún, el partido tricolor estima que hasta cabría la posibilidad de sancionar al blanquiazul.
Dicen los priistas que sus adversarios están violando la Constitución, que prohíbe expresamente la propaganda política o electoral que denigre a las instituciones y a los partidos, cosa que —a su juicio— está haciendo el PAN. Haya “campaña negra” o no, el IFE debe pronunciarse, para evitar que el proceso electoral se salga de cauce.
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