La judicialización de las elecciones se ha convertido en un asunto frecuente desde que se han reformado y fortalecido las instituciones democráticas, es decir, los institutos y tribunales electorales en el país.
Conforme México avanza, aunque lentamente, hacia lo que se conoce como “normalidad democrática”, tanto los ciudadanos como los partidos políticos, y sobre todo estos últimos, están mejor preparados para vigilar y denunciar cuando es necesario, lo que consideran violaciones o irregularidades que atentan contra los procesos electorales y, con ello, contra la democracia.
Son varios los ejemplos de asuntos que del Instituto Federal Electoral (IFE) pasan al Tribunal, o de los tribunales estatales al federal. Y también ya son algunas las elecciones, incluida la presidencial de 2006, que se resuelven en el ámbito jurisdiccional.
Estos mecanismos han ido evolucionando a través de reformas consecutivas, pero no se trata de instrumentos acabados. Elección tras elección surgen cuestiones que generan, una vez más, la necesidad de más cambios.
Sin embargo, no todas las circunstancias reclaman modificaciones en el marco legal. Hoy por hoy, dado el clima de inseguridad que se vive en México, pesa en el ambiente la duda de que organismos como el IFE o como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las entidades homólogas en los estados, estén efectivamente preparados para resistir los embates del crimen organizado con amenazas o sobornos.
En este caso, lo que se requiere son magistrados y jueces incorruptibles, honestos, de los que privilegian las leyes. Como lo señaló la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, su trabajo es proteger, que no suplantar, el voto de los ciudadanos, y velar por la constitucionalidad y la legalidad de las elecciones.
Podría llamar a escándalo el que se deba especificar que una institución como el Tribunal Electoral está blindada contra cualquier amenaza del crimen organizado, pero la realidad lo reclama; una realidad que sí escandaliza nada más porque permite concebir la posibilidad de sus alcances.
Es fácil predecir que los tribunales electorales tendrán mucho trabajo en los procesos de este año; difícil saber, en cambio, si alguien logra penetrar, pese al blindaje.
Conforme México avanza, aunque lentamente, hacia lo que se conoce como “normalidad democrática”, tanto los ciudadanos como los partidos políticos, y sobre todo estos últimos, están mejor preparados para vigilar y denunciar cuando es necesario, lo que consideran violaciones o irregularidades que atentan contra los procesos electorales y, con ello, contra la democracia.
Son varios los ejemplos de asuntos que del Instituto Federal Electoral (IFE) pasan al Tribunal, o de los tribunales estatales al federal. Y también ya son algunas las elecciones, incluida la presidencial de 2006, que se resuelven en el ámbito jurisdiccional.
Estos mecanismos han ido evolucionando a través de reformas consecutivas, pero no se trata de instrumentos acabados. Elección tras elección surgen cuestiones que generan, una vez más, la necesidad de más cambios.
Sin embargo, no todas las circunstancias reclaman modificaciones en el marco legal. Hoy por hoy, dado el clima de inseguridad que se vive en México, pesa en el ambiente la duda de que organismos como el IFE o como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las entidades homólogas en los estados, estén efectivamente preparados para resistir los embates del crimen organizado con amenazas o sobornos.
En este caso, lo que se requiere son magistrados y jueces incorruptibles, honestos, de los que privilegian las leyes. Como lo señaló la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, su trabajo es proteger, que no suplantar, el voto de los ciudadanos, y velar por la constitucionalidad y la legalidad de las elecciones.
Podría llamar a escándalo el que se deba especificar que una institución como el Tribunal Electoral está blindada contra cualquier amenaza del crimen organizado, pero la realidad lo reclama; una realidad que sí escandaliza nada más porque permite concebir la posibilidad de sus alcances.
Es fácil predecir que los tribunales electorales tendrán mucho trabajo en los procesos de este año; difícil saber, en cambio, si alguien logra penetrar, pese al blindaje.
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