Durante el año 2009, los jaliscienses fuimostestigos del modo como se complicó, por diferentes motivos y responsabilidades que le incumben a todos los actores involucrados, el avance en la organización de los Juegos Panamericanos del año 2011. El culmen de la polémica y la confrontación fue el fracaso de la construcción de la Villa Panamericana en las inmediaciones del Parque Morelos.
Ocurrido esto, es inútil invertir energía en hallar culpables. Si la Villa en el Parque Morelos hubiera permitido, como se pretendía, impulsar un proyecto para reactivar el Centro Histórico de Guadalajara, eso es algo que ya no se puede saber.
Pero es elementalmente sensato esperar de la clase política, de quienes integran el nuevo Gobierno municipal y de quienes tienen en cualquier grado la facultad de decidir y aportar —u obstaculizar—, que no se repita el mismo error.
Después de que las autoridades de la Organización Deportiva Panamericana decidieron una nueva sede para la Villa y la ubicaron en El Bajío, han surgido otros movimientos de oposición que en su derecho, protestan por el presumible perjuicio medioambiental que, insisten, provocará la construcción de la Villa Panamericana. Incluso, en el afán de hacer valer sus argumentos, recurrieron a los tribunales, y en una primera etapa consiguieron la suspensión de los trabajos que, por la proximidad del compromiso de organización del magno evento, deben efectuarse con la mayor celeridad posible.
Si la posición original de quienes llaman la atención sobre un presunto daño ecológico es válida en sí misma, también es auténtico el daño mayor que se causará a la comunidad si por segunda ocasión se obstaculiza el proyecto indispensable para organizar una justa deportiva que muchas ciudades en el Continente Americano querrían albergar y que Guadalajara, el año entrante, presentará al mundo.
Además —y llama la atención cómo no se hace referencia a ello— son conocidos y probados los medios técnicos para que, construido el complejo que recibirá a los atletas continentales, éste no cause estropicios en el entorno donde se levantará. También hay reglas y autoridades medioambientales para vigilar que la construcción respete esos parámetros.
Quienes se oponen otra vez, están obligados primero a valorar por encima de sus intereses, el beneficio para la ciudad completa.
Ocurrido esto, es inútil invertir energía en hallar culpables. Si la Villa en el Parque Morelos hubiera permitido, como se pretendía, impulsar un proyecto para reactivar el Centro Histórico de Guadalajara, eso es algo que ya no se puede saber.
Pero es elementalmente sensato esperar de la clase política, de quienes integran el nuevo Gobierno municipal y de quienes tienen en cualquier grado la facultad de decidir y aportar —u obstaculizar—, que no se repita el mismo error.
Después de que las autoridades de la Organización Deportiva Panamericana decidieron una nueva sede para la Villa y la ubicaron en El Bajío, han surgido otros movimientos de oposición que en su derecho, protestan por el presumible perjuicio medioambiental que, insisten, provocará la construcción de la Villa Panamericana. Incluso, en el afán de hacer valer sus argumentos, recurrieron a los tribunales, y en una primera etapa consiguieron la suspensión de los trabajos que, por la proximidad del compromiso de organización del magno evento, deben efectuarse con la mayor celeridad posible.
Si la posición original de quienes llaman la atención sobre un presunto daño ecológico es válida en sí misma, también es auténtico el daño mayor que se causará a la comunidad si por segunda ocasión se obstaculiza el proyecto indispensable para organizar una justa deportiva que muchas ciudades en el Continente Americano querrían albergar y que Guadalajara, el año entrante, presentará al mundo.
Además —y llama la atención cómo no se hace referencia a ello— son conocidos y probados los medios técnicos para que, construido el complejo que recibirá a los atletas continentales, éste no cause estropicios en el entorno donde se levantará. También hay reglas y autoridades medioambientales para vigilar que la construcción respete esos parámetros.
Quienes se oponen otra vez, están obligados primero a valorar por encima de sus intereses, el beneficio para la ciudad completa.
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