Nuestra ley vigente, aunque perfectible y precisamente por eso en discusión desde hace más de un año, vino a profundizar la obligación de la autoridad, la que sea, siempre que maneje recursos públicos, a rendir cuentas a cualquier ciudadano.
Los cambios propuestos que este mismo día podrían aprobarse, son a todas luces impopulares y no sólo eso, también son reprobables. Lo son, porque de concretarse harán más blanda la obligación de rendir cuentas y actuarán contra el derecho del ciudadano. La ley que comienza por ceder parte de su fuerza, acaba por convertirse en letra muerta. Bien sabemos los jaliscienses y los mexicanos de normas que se han convertido en colección de buenos deseos, porque carecen de la convicción y la potencia para hacerse cumplir.
La contradicción en este caso es evidente, porque las leyes, que son a fin de cuentas la expresión del deseo humano por dotar de razón sus comportamientos y su vida en comunidad, tienen en el Estado a su principal defensor.
El Congreso local (sus diputados) es parte fundamental del Estado. Es una expresión del Gobierno. ¿Cómo es posible entonces que algunos diputados puedan socavar impunemente la fuerza del Estado que tiene como misión la protección del derecho, y más un derecho como éste, que ha sido ganado después de décadas de lucha ciudadana para acabar con el autoritarismo y la opacidad de sus actos?
Donde existe una necesidad, nace un derecho. Los jaliscienses podemos apropiarnos ampliamente, hablando de transparencia, de este principio. Tuvimos, durante mucho tiempo, la necesidad acuciante de que las autoridades rindieran cuentas para que a la vista de todos, esas autoridades cumplieran con la ley. Y la necesidad se hizo derecho.
No podemos dejar que lo echen atrás.