A unos días de que dé inicio el periodo ordinario de sesiones de febrero-abril (el último de la LX Legislatura), en México se han dado una serie de acontecimientos que, rigurosamente, obligan al Poder Legislativo a tomar cartas en el asunto de manera urgente: la seguridad pública, la crisis económica y el inicio de las campañas electorales, son una tríada de sucesos que gravitarán estos meses con gran ímpetu sobre la vida de la gente.
Los grupos parlamentarios de las dos cámaras federales han estado diciendo, en lo que va de la segunda quincena de enero, que pergeñan ya sus respectivas agendas legislativas, en una suerte de toma de pulso de la República.
Ahora que comenzará el último periodo ordinario, hay temas legislativos que están perfectamente bien delimitados, como el de seguridad pública, respecto del cual ya incluso ha habido pronunciamientos. La Ley Antisecuestro es una de ellas. No hay un solo partido político que no quiera concluir el proceso de tal norma en cuanto comience febrero. Ha sido tan agobiante la carga que el delito del secuestro ha inflingido a la sociedad, que no hay ley más telegrafiada actualmente que ésa.
En otras, pendientes y necesarias, como la de una verdadera reforma electoral —que ayude a las instituciones correspondientes a fiscalizar de verdad, y no simulando, a los partidos políticos y a los candidatos en el manejo de recursos—los legisladores que controlan a las dos cámaras no se han ocupado de ellas.
La semana entrante será para el discernimiento de temas legislativos. Y, eventualmente, para el inicio de la negociación de consensos en algunos asuntos. Veremos qué interesa a cada partido político. No se descarta —como tradicionalmente ha sucedido— que en este periodo electoral que comienza, los grupos políticos representados en las dos cámaras propongan temas que suponen les van a redituar el favor electoral del voto.
De hecho, ya hay los que se adelantaron, enarbolando la iniciativa de penalizar con la muerte a asesinos y secuestradores de marca mayor, aún a sabiendas de que México ha suscrito convenios y acuerdos internacionales que rechazan a la pena de muerte como método de hacer justicia.
Serán, indefectiblemente, agendas contaminadas por la lucha electoral.
Los grupos parlamentarios de las dos cámaras federales han estado diciendo, en lo que va de la segunda quincena de enero, que pergeñan ya sus respectivas agendas legislativas, en una suerte de toma de pulso de la República.
Ahora que comenzará el último periodo ordinario, hay temas legislativos que están perfectamente bien delimitados, como el de seguridad pública, respecto del cual ya incluso ha habido pronunciamientos. La Ley Antisecuestro es una de ellas. No hay un solo partido político que no quiera concluir el proceso de tal norma en cuanto comience febrero. Ha sido tan agobiante la carga que el delito del secuestro ha inflingido a la sociedad, que no hay ley más telegrafiada actualmente que ésa.
En otras, pendientes y necesarias, como la de una verdadera reforma electoral —que ayude a las instituciones correspondientes a fiscalizar de verdad, y no simulando, a los partidos políticos y a los candidatos en el manejo de recursos—los legisladores que controlan a las dos cámaras no se han ocupado de ellas.
La semana entrante será para el discernimiento de temas legislativos. Y, eventualmente, para el inicio de la negociación de consensos en algunos asuntos. Veremos qué interesa a cada partido político. No se descarta —como tradicionalmente ha sucedido— que en este periodo electoral que comienza, los grupos políticos representados en las dos cámaras propongan temas que suponen les van a redituar el favor electoral del voto.
De hecho, ya hay los que se adelantaron, enarbolando la iniciativa de penalizar con la muerte a asesinos y secuestradores de marca mayor, aún a sabiendas de que México ha suscrito convenios y acuerdos internacionales que rechazan a la pena de muerte como método de hacer justicia.
Serán, indefectiblemente, agendas contaminadas por la lucha electoral.
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