Dada la gravedad del asunto, la Secretaría de Finanzas anunció un fondo por 200 millones de pesos que los municipios con problemas más serios usarán para pagar nóminas y los servicios que ofrecen. Se podría suponer fácilmente que los ayuntamientos en crisis son los que tienen presupuestos reducidos, aquellos cuya recaudación es mínima porque el número de habitantes es escaso, pero no es así.
El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, rechazó dar a conocer cuáles son los 24 municipios en cuestión, sin embargo, hoy se sabe que uno de ellos, inmerso en una “grave crisis financiera”, es Zapopan, al grado de que se valora ya la posibilidad de solicitar un crédito para cubrir salarios, prestaciones de ley, gasto corriente y los servicios que presta cotidianamente.
Hay otros ejemplos, pero el caso de la ex villa maicera es extraordinario, considerando que se trata del municipio más grande de Jalisco, con una economía dinámica y pujante; y como parte de la Zona Metropolitana, es una de las ciudades más pobladas del Estado.
Esta situación, que no es exclusiva de Zapopan y, de hecho, afecta a la mayor parte de los ayuntamientos del país, deja en evidencia la falta de responsabilidad y de planeación de las administraciones públicas municipales en el manejo del dinero público.
Año con año se diseñan y se someten a consideración las leyes de ingresos, en donde claramente cada Ayuntamiento sabe de cuántos recursos dispondrá y de qué fuentes provienen, para operar; y de presupuestos de egresos en donde se define cuánto y en qué se gastará.
La crisis por la que atraviesan, por lo pronto, 24 municipios de Jalisco, es una muestra fehaciente de que el manejo del erario no ha sido adecuado ni transparente. Urge poner orden.
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