Después de que se generaron grandes expectativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no señalar responsables en el caso del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a pesar del dictamen del ministro Arturo Zaldívar, en ese sentido.
Cuarenta y nueve niños murieron y 104 quedaron con lesiones por la negligencia criminal, las omisiones y la irresponsabilidad de funcionarios públicos que simplemente no cumplieron con su trabajo.
Los padres de los niños muertos acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias internacionales, en vista de que en México no se hizo justicia.
Al inicio de su presentación el día en que se debatiría el dictamen en la Corte, el ministro Zaldívar dijo: “Defender la Constitución y hacer lo correcto, debe ser la motivación esencial de un ministro de la Suprema Corte, sea cual sea el entorno, sea cual sea la presión o los intereses en juego, ésta es nuestra obligación constitucional, impartir justicia y defender los derechos humanos desde la independencia institucional y personal frente a todos los actores políticos, con sensibilidad humana y social que entiende el dolor de la gente en medio de graves carencias, con la idea firme de recuperar la confianza de la sociedad en la justicia y hacer de la Constitución un instrumento vivo en contra de los abusos del poder y de la impunidad en casos tan graves y tristes como el que hoy nos ocupa. Esta Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso de poder, es la única institución con fortaleza constitucional para fijar precedentes que impidan que violaciones graves a los derechos fundamentales sigan ocurriendo”.
El ministro citó varias veces la Facultad de Investigación que le otorga el Artículo 97 constitucional a la Corte y con base en el cual desde agosto de 2009 se determinó conocer del asunto, pero al final de cuentas, la mayor parte de los ministros (ocho de 11) votaron contra el dictamen que pretendía señalar como responsables a 14 funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entre otros: Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS; Daniel Karam, actual titular del Seguro, y Eduardo Bours Castelo, ex gobernador de Sonora.
Las críticas contra la resolución final de la Corte no se hicieron esperar y continúan. Los padres de los niños, activistas de derechos humanos, académicos y periodistas han afirmado incluso que pesaron más los intereses políticos que la urgencia de brindar justicia, y la Secretaría de Gobernación respondió ya que la SCJN actuó con libertad.
Este caso debió resolverse en las primeras instancias y de inmediato, pero como no fue así, reconfirmamos que el sistema de justicia en México no funciona, esto es gravísimo y ameritaría atención urgente. ¿Qué nos queda si se acabaron las instancias, esa “última esperanza” de la que hablaba Zaldívar? Por lo menos, no olvidar.
Cuarenta y nueve niños murieron y 104 quedaron con lesiones por la negligencia criminal, las omisiones y la irresponsabilidad de funcionarios públicos que simplemente no cumplieron con su trabajo.
Los padres de los niños muertos acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias internacionales, en vista de que en México no se hizo justicia.
Al inicio de su presentación el día en que se debatiría el dictamen en la Corte, el ministro Zaldívar dijo: “Defender la Constitución y hacer lo correcto, debe ser la motivación esencial de un ministro de la Suprema Corte, sea cual sea el entorno, sea cual sea la presión o los intereses en juego, ésta es nuestra obligación constitucional, impartir justicia y defender los derechos humanos desde la independencia institucional y personal frente a todos los actores políticos, con sensibilidad humana y social que entiende el dolor de la gente en medio de graves carencias, con la idea firme de recuperar la confianza de la sociedad en la justicia y hacer de la Constitución un instrumento vivo en contra de los abusos del poder y de la impunidad en casos tan graves y tristes como el que hoy nos ocupa. Esta Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso de poder, es la única institución con fortaleza constitucional para fijar precedentes que impidan que violaciones graves a los derechos fundamentales sigan ocurriendo”.
El ministro citó varias veces la Facultad de Investigación que le otorga el Artículo 97 constitucional a la Corte y con base en el cual desde agosto de 2009 se determinó conocer del asunto, pero al final de cuentas, la mayor parte de los ministros (ocho de 11) votaron contra el dictamen que pretendía señalar como responsables a 14 funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal. Entre otros: Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS; Daniel Karam, actual titular del Seguro, y Eduardo Bours Castelo, ex gobernador de Sonora.
Las críticas contra la resolución final de la Corte no se hicieron esperar y continúan. Los padres de los niños, activistas de derechos humanos, académicos y periodistas han afirmado incluso que pesaron más los intereses políticos que la urgencia de brindar justicia, y la Secretaría de Gobernación respondió ya que la SCJN actuó con libertad.
Este caso debió resolverse en las primeras instancias y de inmediato, pero como no fue así, reconfirmamos que el sistema de justicia en México no funciona, esto es gravísimo y ameritaría atención urgente. ¿Qué nos queda si se acabaron las instancias, esa “última esperanza” de la que hablaba Zaldívar? Por lo menos, no olvidar.
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