La aplicación de medidas más drásticas ante la contingencia sanitaria por la influenza porcina, que incluye la generalizada suspensión de actividades en planteles escolares, guarderías y centros de diversión, hizo que la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) mostrara ayer otro rostro.
El frenético movimiento de vehículos y personas prácticamente por todos los rumbos de la gran urbe, que había regresado a la normalidad después del asueto obligado por la Semana Santa y la de Pascua, de repente se detuvo e hizo aparecer a numerosas calles y avenidas como territorios desolados; a ciertas horas del martes daba la impresión de que todos habían abandonado la ciudad.
Se trata de una situación excepcional, y como tal debe verse y entenderse. Hay quienes piensan que las decisiones restrictivas que han tomado las autoridades federales y locales son exageradas. Pero no debe perderse de vista que vivimos una situación de emergencia y que la aparición del agresivo virus que está atacando en diversos rumbos del país, e incluso en otras latitudes del planeta, obliga a acotar toda posibilidad de que la enfermedad se propague a gran velocidad.
Hasta ahora, seis días después de que se hizo el anuncio oficial de la presencia del virus de la influenza porcina, ya hay afectaciones importantes en materia económica. Los sectores de la hotelería, restaurantes, cines y teatros, del deporte profesional, los negocios de viajes y líneas aéreas, los destinos turísticos, están resintiendo el impacto que representa la drástica reducción, o de plano cancelación de sus actividades.
Será fundamental que desde el Gobierno federal se marquen las directrices puntuales, para que el resto de las autoridades repliquen las decisiones, mirando siempre como el bien más importante la salud de la población, pero dejando margen para que los sectores afectados tengan voz y sean capaces, todos en conjunto, de evaluar las distintas aristas que implica tomar medidas que dañan la actividad económica.
A nadie debería quedarle duda que una sola muerte en este tipo de circunstancias obliga a redoblar los esfuerzos y establecer las políticas públicas que pongan a buen resguardo la salud de los mexicanos. La responsabilidad de cumplir con esas disposiciones de excepción es de todos.
El frenético movimiento de vehículos y personas prácticamente por todos los rumbos de la gran urbe, que había regresado a la normalidad después del asueto obligado por la Semana Santa y la de Pascua, de repente se detuvo e hizo aparecer a numerosas calles y avenidas como territorios desolados; a ciertas horas del martes daba la impresión de que todos habían abandonado la ciudad.
Se trata de una situación excepcional, y como tal debe verse y entenderse. Hay quienes piensan que las decisiones restrictivas que han tomado las autoridades federales y locales son exageradas. Pero no debe perderse de vista que vivimos una situación de emergencia y que la aparición del agresivo virus que está atacando en diversos rumbos del país, e incluso en otras latitudes del planeta, obliga a acotar toda posibilidad de que la enfermedad se propague a gran velocidad.
Hasta ahora, seis días después de que se hizo el anuncio oficial de la presencia del virus de la influenza porcina, ya hay afectaciones importantes en materia económica. Los sectores de la hotelería, restaurantes, cines y teatros, del deporte profesional, los negocios de viajes y líneas aéreas, los destinos turísticos, están resintiendo el impacto que representa la drástica reducción, o de plano cancelación de sus actividades.
Será fundamental que desde el Gobierno federal se marquen las directrices puntuales, para que el resto de las autoridades repliquen las decisiones, mirando siempre como el bien más importante la salud de la población, pero dejando margen para que los sectores afectados tengan voz y sean capaces, todos en conjunto, de evaluar las distintas aristas que implica tomar medidas que dañan la actividad económica.
A nadie debería quedarle duda que una sola muerte en este tipo de circunstancias obliga a redoblar los esfuerzos y establecer las políticas públicas que pongan a buen resguardo la salud de los mexicanos. La responsabilidad de cumplir con esas disposiciones de excepción es de todos.
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