México
Zorrilla, 24 años después
Por Vicente BELLO
Este 30 de mayo Manuel Buendía cumplió 24 años de que un sicario le descerrajó cinco tiros en la espalda; a plena luz del atardecer, en la avenida más concurrida de la ciudad capital y ante la mirada de mucha gente. Y, con el asesinato del columnista mexicano más influyente de la segunda mitad del siglo XX, prácticamente daba inicio a una infernal fiesta de las balas en contra del oficio del periodismo en México, colocando a los periodistas de este país —particularmente en los últimos nueve años— apenas por abajo del récord violento que lideran los que ejercen este oficio en Iraq.
El recordatorio de aquel crimen es especialmente infausto este 2009, por la sencilla razón de que el homicida —José Antonio Zorrilla Pérez— salió de la cárcel desde el pasado 18 de febrero, con una anticipación de 10 años y sustentándose sobre una argumentación plagada de chicanerías que sólo entienden los funcionarios que hicieron posible que ahora esté en libertad.
Dos versiones sobre los motivos del asesinato permearon entonces durante el juicio que a Zorrilla se le fincó a partir de que fue aprehendido, en 1989.
1: Para unos, Zorrilla sólo había sido un “chivo expiatorio”, porque literalmente se “tragó” la culpabilidad de un crimen que había sido ordenado por gente del primer círculo del gabinete de Miguel de la Madrid. Gente como el entonces secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui. Y de un grupo cerrado de hombres del primer círculo del presidente Miguel de la Madrid, a quienes incluso había sido recurrente mirarlos durante inauguraciones de obras o empresas con personajes que —dos años después, 1986— serían conocidos como los capos del narcotráfico en México: Ernesto “Don Neto” Fonseca y Rafael Caro Quintero. Era la versión más cercana a la interpretación de un crimen de Estado.
Incluso una tercera versión se escuchaba entonces: la de que el Gobierno de Miguel de la Madrid habría estado negociando ya con los capos la protección de sembradíos incluso con el Ejército, en una especie de búsqueda de impuesto para aliviar la crisis en que se había adentrado el país. Y de ello estaría a punto Buendía de informar en Red Privada, la legendaria columna aquélla que publicaba en el diario “Excélsior”.
Y 2: Zorrilla había sido el gran autor intelectual desde siempre, sin más que agregar, porque él —en su calidad de titular de la Dirección Federal de Seguridad— ya sostenía una relación de tremenda complicidad con los entonces capitanes del narcotráfico. Y ordenó la muerte del periodista por la simple razón de que temía que, de un momento a otro, lo denunciara.
Por eso Zorrilla, luego de que se presentó ante el cadáver del recién acribillado periodista, se había ido, más que presuroso, a la oficina del periodista, para hurgar en el archivo que organizaba Luis Soto, ayudante de Buendía.
Otro crimen relacionado con el de Buendía sucedió nueve meses después: el de José Luis Esqueda, un hombre cercanísimo a Zorrilla que amaneció muerto el 16 de febrero de 1985. A la larga, por estos dos asesinatos —el de Buendía y el de Esqueda— fue procesado y sentenciado Zorrilla a 35 años de prisión.
Las chicanerías posibles en el derecho positivo mexicano hicieron posible que al sentenciado no le fueran sumadas las sentencias de los dos crímenes, sino que las fuera compurgando al mismo tiempo. Y más aún: esos 35, por la vía de los amparos, se convirtieron en 29 años y medio. Y ahora, con 19 encarcelado, los abogados del otrora político hidalguense (PRI) lo han sacado de la cárcel que por buena conducta y porque se ha “rehabilitado”.
En el gremio periodístico, nadie se la cree que Zorrilla haya reconstituido su conducta criminal. Y menos los periodistas veteranos que, en los ochenta, hicieron todo lo posible para que el crimen de Manuel Buendía no quedara impune.
Hubo marchas, encuentros, foros, citas con funcionarios —entre éstos, estaba uno que hasta la fecha permanece en la picota de la sospecha: Manuel Bartlett Díaz, el entonces secretario de Gobernación— y la presión durante años, permanente, de gente del periodismo con un gran peso moral y profesional, como don Miguel Ángel Granados Chapa.
Por supuesto que no ha pasado desapercibido lo que en febrero, cuando Zorrilla salía de prisión, publicó el señor Granados Chapa: “Al caer en prisión (José Antonio Zorrilla) amenazó furioso a quienes urgimos a la justicia a condenarlo. Anunció que se vengaría de los periodistas que insistieron en descubrir al asesino de Buendía y después en que se le castigara de modo ejemplar, cuando quedó establecido que Zorrilla había urdido y ordenado ultimar al periodista”.
Entonces, don Miguel Ángel confesaba, con ejemplar valor cívico y humano, que tiene miedo porque “un asesino anda suelto, y no es improbable que a lo largo de casi 20 años de prisión haya acumulado rencores que se expresen a balazos, que antes fue el lenguaje con que impuso silencio a Manuel Buendía”.
Hay que decirlo con todas sus letras que don Miguel Ángel se ha ganado, con creces, el reconocimiento de ser, actualmente, el periodista más importante de México. Y que concita, sin duda, un gran sentido de solidaridad entre prácticamente todos los periodistas del país. Zorrilla particularmente dirigió su amenaza a don Miguel Ángel Granados Chapa.
El recordatorio de aquel crimen es especialmente infausto este 2009, por la sencilla razón de que el homicida —José Antonio Zorrilla Pérez— salió de la cárcel desde el pasado 18 de febrero, con una anticipación de 10 años y sustentándose sobre una argumentación plagada de chicanerías que sólo entienden los funcionarios que hicieron posible que ahora esté en libertad.
Dos versiones sobre los motivos del asesinato permearon entonces durante el juicio que a Zorrilla se le fincó a partir de que fue aprehendido, en 1989.
1: Para unos, Zorrilla sólo había sido un “chivo expiatorio”, porque literalmente se “tragó” la culpabilidad de un crimen que había sido ordenado por gente del primer círculo del gabinete de Miguel de la Madrid. Gente como el entonces secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui. Y de un grupo cerrado de hombres del primer círculo del presidente Miguel de la Madrid, a quienes incluso había sido recurrente mirarlos durante inauguraciones de obras o empresas con personajes que —dos años después, 1986— serían conocidos como los capos del narcotráfico en México: Ernesto “Don Neto” Fonseca y Rafael Caro Quintero. Era la versión más cercana a la interpretación de un crimen de Estado.
Incluso una tercera versión se escuchaba entonces: la de que el Gobierno de Miguel de la Madrid habría estado negociando ya con los capos la protección de sembradíos incluso con el Ejército, en una especie de búsqueda de impuesto para aliviar la crisis en que se había adentrado el país. Y de ello estaría a punto Buendía de informar en Red Privada, la legendaria columna aquélla que publicaba en el diario “Excélsior”.
Y 2: Zorrilla había sido el gran autor intelectual desde siempre, sin más que agregar, porque él —en su calidad de titular de la Dirección Federal de Seguridad— ya sostenía una relación de tremenda complicidad con los entonces capitanes del narcotráfico. Y ordenó la muerte del periodista por la simple razón de que temía que, de un momento a otro, lo denunciara.
Por eso Zorrilla, luego de que se presentó ante el cadáver del recién acribillado periodista, se había ido, más que presuroso, a la oficina del periodista, para hurgar en el archivo que organizaba Luis Soto, ayudante de Buendía.
Otro crimen relacionado con el de Buendía sucedió nueve meses después: el de José Luis Esqueda, un hombre cercanísimo a Zorrilla que amaneció muerto el 16 de febrero de 1985. A la larga, por estos dos asesinatos —el de Buendía y el de Esqueda— fue procesado y sentenciado Zorrilla a 35 años de prisión.
Las chicanerías posibles en el derecho positivo mexicano hicieron posible que al sentenciado no le fueran sumadas las sentencias de los dos crímenes, sino que las fuera compurgando al mismo tiempo. Y más aún: esos 35, por la vía de los amparos, se convirtieron en 29 años y medio. Y ahora, con 19 encarcelado, los abogados del otrora político hidalguense (PRI) lo han sacado de la cárcel que por buena conducta y porque se ha “rehabilitado”.
En el gremio periodístico, nadie se la cree que Zorrilla haya reconstituido su conducta criminal. Y menos los periodistas veteranos que, en los ochenta, hicieron todo lo posible para que el crimen de Manuel Buendía no quedara impune.
Hubo marchas, encuentros, foros, citas con funcionarios —entre éstos, estaba uno que hasta la fecha permanece en la picota de la sospecha: Manuel Bartlett Díaz, el entonces secretario de Gobernación— y la presión durante años, permanente, de gente del periodismo con un gran peso moral y profesional, como don Miguel Ángel Granados Chapa.
Por supuesto que no ha pasado desapercibido lo que en febrero, cuando Zorrilla salía de prisión, publicó el señor Granados Chapa: “Al caer en prisión (José Antonio Zorrilla) amenazó furioso a quienes urgimos a la justicia a condenarlo. Anunció que se vengaría de los periodistas que insistieron en descubrir al asesino de Buendía y después en que se le castigara de modo ejemplar, cuando quedó establecido que Zorrilla había urdido y ordenado ultimar al periodista”.
Entonces, don Miguel Ángel confesaba, con ejemplar valor cívico y humano, que tiene miedo porque “un asesino anda suelto, y no es improbable que a lo largo de casi 20 años de prisión haya acumulado rencores que se expresen a balazos, que antes fue el lenguaje con que impuso silencio a Manuel Buendía”.
Hay que decirlo con todas sus letras que don Miguel Ángel se ha ganado, con creces, el reconocimiento de ser, actualmente, el periodista más importante de México. Y que concita, sin duda, un gran sentido de solidaridad entre prácticamente todos los periodistas del país. Zorrilla particularmente dirigió su amenaza a don Miguel Ángel Granados Chapa.
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