México
Y luego nos echan la culpa
Funcionarios federales y estatales, senadores y diputados, han dado una clara lección de cómo echar a perder una buena idea proveniente de la sociedad
Funcionarios federales y estatales, senadores y diputados, han dado una clara lección de cómo echar a perder una buena idea proveniente de la sociedad, y han mostrado una vez más la enorme distancia que los separa del interés de los ciudadanos.
Frente al auge inédito de los delitos de extorsión telefónica y secuestro en los últimos años, organizaciones ciudadanas plantearon la idea de crear un registro de teléfonos celulares, que fue tomada por las autoridades y el Congreso cuando necesitaban demostrar su interés en un tema que irrita a amplios sectores sociales.
Una buena idea para acotar esos delitos terminó en un rotundo fracaso y produjo un engendro que lejos de ayudar a combatirlos se sumó a la lista de instrumentos que aprovechan los delincuentes para diversificar sus actividades, gracias a la corrupción e ineficiencia gubernamental.
El Congreso aprobó una ley que daba un plazo de un año a los ciudadanos para registrar su celular. La misma ley obligaba al Gobierno a publicar un reglamento para ese Renaut, y sobre todo para la forma como se procesaría y resguardaría tal información. En octubre debió estar listo, pero hasta hoy, a ninguna autoridad le pareció importante cumplir la ley y no parece haber forma de obligar a que la cumplan: no hay reglamento.
Después, entre la Secretaría de Gobernación, la de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se echaron la bolita de la responsabilidad del registro. Hasta hoy, no queda claro cuál dependencia es la responsable. Y sin responsable, durante un año, ni el Congreso ni el Gobierno se preocuparon por producir un solo spot que informara sobre el registro, que incidía en 70 millones de mexicanos. Nadie lo sintió su obligación.
Si las extorsiones telefónicas se realizan fundamentalmente desde las cárceles, lo más fácil hubiera sido instalar ahí sistemas que bloqueen los celulares de los internos. Pero no. Los gobiernos estatales no fueron capaces de eso. Y entonces, el Estado mexicano optó por imponer ooootro trámite más a casi toda la población.
Y encima de esa cadena de negligencias, los ciudadanos que dentro del plazo establecido quisieron cumplir antes del 10 de abril (la fecha fatal) no pudieron, porque el sistema que emplearon las autoridades era insuficiente, ¡y salieron regañados por los funcionarios, por dejar todo para el último minuto!
Hoy está claro que el registro no sirve para lo que fue creado, combatir la delincuencia: comerciantes ambulantes venden líneas registradas a nombre de quien sea y hay cantidad de números con los nombres de Felipe Calderón a manera de burla; los maleantes lograron, de nuevo, evadir la ley. En una de ésas, termina apareciendo el Renaut en Tepito.
Saciamorbos
Que se retractó: que sí estuvo en el retén, pero no lo encabezó. Eso dijo ante quienes eso querían y necesitaban escuchar.
Frente al auge inédito de los delitos de extorsión telefónica y secuestro en los últimos años, organizaciones ciudadanas plantearon la idea de crear un registro de teléfonos celulares, que fue tomada por las autoridades y el Congreso cuando necesitaban demostrar su interés en un tema que irrita a amplios sectores sociales.
Una buena idea para acotar esos delitos terminó en un rotundo fracaso y produjo un engendro que lejos de ayudar a combatirlos se sumó a la lista de instrumentos que aprovechan los delincuentes para diversificar sus actividades, gracias a la corrupción e ineficiencia gubernamental.
El Congreso aprobó una ley que daba un plazo de un año a los ciudadanos para registrar su celular. La misma ley obligaba al Gobierno a publicar un reglamento para ese Renaut, y sobre todo para la forma como se procesaría y resguardaría tal información. En octubre debió estar listo, pero hasta hoy, a ninguna autoridad le pareció importante cumplir la ley y no parece haber forma de obligar a que la cumplan: no hay reglamento.
Después, entre la Secretaría de Gobernación, la de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se echaron la bolita de la responsabilidad del registro. Hasta hoy, no queda claro cuál dependencia es la responsable. Y sin responsable, durante un año, ni el Congreso ni el Gobierno se preocuparon por producir un solo spot que informara sobre el registro, que incidía en 70 millones de mexicanos. Nadie lo sintió su obligación.
Si las extorsiones telefónicas se realizan fundamentalmente desde las cárceles, lo más fácil hubiera sido instalar ahí sistemas que bloqueen los celulares de los internos. Pero no. Los gobiernos estatales no fueron capaces de eso. Y entonces, el Estado mexicano optó por imponer ooootro trámite más a casi toda la población.
Y encima de esa cadena de negligencias, los ciudadanos que dentro del plazo establecido quisieron cumplir antes del 10 de abril (la fecha fatal) no pudieron, porque el sistema que emplearon las autoridades era insuficiente, ¡y salieron regañados por los funcionarios, por dejar todo para el último minuto!
Hoy está claro que el registro no sirve para lo que fue creado, combatir la delincuencia: comerciantes ambulantes venden líneas registradas a nombre de quien sea y hay cantidad de números con los nombres de Felipe Calderón a manera de burla; los maleantes lograron, de nuevo, evadir la ley. En una de ésas, termina apareciendo el Renaut en Tepito.
Saciamorbos
Que se retractó: que sí estuvo en el retén, pero no lo encabezó. Eso dijo ante quienes eso querían y necesitaban escuchar.
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