México
Visión y decisión
El campo no podrá absorber la cifra elevada de quienes volverán a México, según dicho del secretario de Agricultura, Mayorga
Ya eran muchos desempleados, y la Ley SB1070 de Arizona los aumenta; como decía la parábola: “Éramos muchos y para colmo parió la abuela”.
En tanto, el precio de nuestro petróleo reduce el que, hasta hoy, es el primer renglón de divisas.
¿Cuál puede y debe ser la solución?
El campo no podrá absorber la cifra elevada de quienes volverán a México, según dicho del secretario de Agricultura, Mayorga.
Sin duda un panorama inquietante y desolador; que todos los sectores enfrentamos con el solo valor de la solidaridad.
Planeación, orden, organización y disciplina imponen la aplicación inmediata de políticas públicas acordes a las condiciones, sin buscar culpables y mucho menos lucrar con la precariedad de la situación en la frontera que se difunde al resto del país.
Los reproches por errores y omisiones del pasado ahondan el problema sin superar los acontecimientos, que ni siquiera los matices jurídicos de la ley Arizona extirpan la preocupación.
Si a toda acción corresponde una reacción y ésta es de análisis serio, estamos ante la posibilidad de revisar a profundidad las fallas estructurales que nos hacen presa de contingencias varias, ya que a la ley Arizona se suma la impuesta por la Naturaleza con daños aún no superados y la provocada por la delincuencia y la ilegalidad.
El carácter de la población, al que se apela con las conmemoraciones del Bicentenario y el Centenario, está a prueba en el enfrentamiento del siglo XXI.
Los hechos no tienen orígenes precisamente asilados, son productos de imprevisión e improvisación, que a su vez exigen atención integral con la participación de población y gobernantes.
Derechos y deberes están en el relieve de las condiciones sociales.
Si por una parte se solicita comprensión de la población, otra es imprescindible de quienes tienen el deber de dialogar al margen de ambiciones, complicidades y corrupción expuestas en el debate por el poder.
No hay espacio para contemplaciones. La carencia de empleo reclama reforma laboral generadora de competitividad; la salud, integración de servicios públicos y privados con el empleo de soluciones científicas contemporáneas y accesibles; la política, unificación de criterios convergentes al encuentro del o los líderes con capacidad y equipo de trabajo eficaces; educación con visión actual de competencia internacional y un régimen de justicia transparente en materia tributaria.
En la mayor parte del país se observa creciente inseguridad económica, que deriva en multiplicación diaria de ilícitos que van desde la pérdida de bienes materiales hasta de la vida que enluta hogares con niños y deudos desamparados.
Ellos son seres para quienes las políticas públicas negaron la oportunidad de una vida digna a la que difícilmente podrán ingresar.
Dios nos guarde de la discordia.
En tanto, el precio de nuestro petróleo reduce el que, hasta hoy, es el primer renglón de divisas.
¿Cuál puede y debe ser la solución?
El campo no podrá absorber la cifra elevada de quienes volverán a México, según dicho del secretario de Agricultura, Mayorga.
Sin duda un panorama inquietante y desolador; que todos los sectores enfrentamos con el solo valor de la solidaridad.
Planeación, orden, organización y disciplina imponen la aplicación inmediata de políticas públicas acordes a las condiciones, sin buscar culpables y mucho menos lucrar con la precariedad de la situación en la frontera que se difunde al resto del país.
Los reproches por errores y omisiones del pasado ahondan el problema sin superar los acontecimientos, que ni siquiera los matices jurídicos de la ley Arizona extirpan la preocupación.
Si a toda acción corresponde una reacción y ésta es de análisis serio, estamos ante la posibilidad de revisar a profundidad las fallas estructurales que nos hacen presa de contingencias varias, ya que a la ley Arizona se suma la impuesta por la Naturaleza con daños aún no superados y la provocada por la delincuencia y la ilegalidad.
El carácter de la población, al que se apela con las conmemoraciones del Bicentenario y el Centenario, está a prueba en el enfrentamiento del siglo XXI.
Los hechos no tienen orígenes precisamente asilados, son productos de imprevisión e improvisación, que a su vez exigen atención integral con la participación de población y gobernantes.
Derechos y deberes están en el relieve de las condiciones sociales.
Si por una parte se solicita comprensión de la población, otra es imprescindible de quienes tienen el deber de dialogar al margen de ambiciones, complicidades y corrupción expuestas en el debate por el poder.
No hay espacio para contemplaciones. La carencia de empleo reclama reforma laboral generadora de competitividad; la salud, integración de servicios públicos y privados con el empleo de soluciones científicas contemporáneas y accesibles; la política, unificación de criterios convergentes al encuentro del o los líderes con capacidad y equipo de trabajo eficaces; educación con visión actual de competencia internacional y un régimen de justicia transparente en materia tributaria.
En la mayor parte del país se observa creciente inseguridad económica, que deriva en multiplicación diaria de ilícitos que van desde la pérdida de bienes materiales hasta de la vida que enluta hogares con niños y deudos desamparados.
Ellos son seres para quienes las políticas públicas negaron la oportunidad de una vida digna a la que difícilmente podrán ingresar.
Dios nos guarde de la discordia.
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