México
Vinculan a proceso a tres empleados de Gas Express Nieto
Se les imputa la responsabilidad en el accidente del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa
CIUDAD DE MÉXICO (17/MAR/2015).- Tres empleados de la empresa Gas Express Nieto, imputada en el caso de la explosión registrada a finales de enero en el Hospital Materno
Infantil de Cuajimalpa, fueron vinculados a proceso este martes por el juez 37 del sistema penal acusatorio de delitos no graves.
El juez Roberto Castellanos Barroso determinó que el apoderado legal de Gas Express Nieto, el gerente operativo de la planta en Tláhuac así como el encargado de mantenimiento de la misma sucursal, tendrían responsabilidad en el accidente que hasta el momento ha cobrado la vida de cuatro personas y mantiene a otras cinco, aún en convalecientes.
El juzgador determinó que los tres empleados se consideran responsables materiales por daños al patrimonio del Gobierno capitalino, en la audiencia detalló que las afectaciones ascienden a 82 millones de pesos, por la destrucción del inmueble y de 64 millones 980 mil pesos por la destrucción de muebles e instrumental médico.
Al apoderado legal, además, se le dictó una garantía económica de 146 millones 980 mil pesos, que es la suma de los daños, cantidad de debe pagar en un plazo de 24 horas para poder seguir el proceso en libertad, durante el desahogo de la audiencia dentro del sistema oral, el ministerio público hizo la imputación directa al encargado de mantenimiento y al gerente operativo de la planta por daños materiales contra el Gobierno Capitalino.
Con la agravante de "conducta típica omisiva", pues los peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ( PGJDF), determinaron que de realizarse el mantenimiento adecuado de la pipa, se pudo haber evitado el accidente.
El ministerio público imputa al encargado de mantenimiento el hecho de haber dado un mantenimiento deficiente al autotanque que provocó la explosión, y al gerente operativo de planta no haber ejercido sobre el primero un control debido.
Durante la audiencia, los imputados quienes solicitaron al juez que sus nombres permanezcan en el anonimato, renunciaron al término constitucional de 72 horas para que les fuera determinada su situación jurídica, por lo que el impartidor de justicia determinó este mismo martes vincularlos a proceso, lo que significa que serán juzgados por el accidente.
Al quedar en evidencia la falta de preparación de la defensa de los empleados de la gasera, el juez Castellanos Barroso decretó un receso de una hora, luego de que la defensa de los imputados alegó que el ministerio público no le había proporcionado documentación necesaria para una adecuada defensa de sus clientes, en específico un dictamen de la Secretaría de Energía.
Luego del receso, el juez Castellanos Barroso hizo una valoración de los alegatos de las partes, y tras una amplia argumentación decidió vincular a proceso a los imputados. Asimismo, el juez dictó medidas cautelares.
Contra el encargado de mantenimiento y el gerente operativo de la planta, una garantía económica por 500 mil pesos a cada uno y presentarse a firmar ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares cada 15 días; y en contra de la empresa y su apoderado legal, una garantía económica que asciende a 146 millones 980 mil pesos, que es la suma de los daños al inmueble y a los muebles e instrumental del hospital. Las tres, a exhibirse en un plazo de 24 horas.
El juez, además, fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía concluya la investigación del caso.
El juez Roberto Castellanos Barroso determinó que el apoderado legal de Gas Express Nieto, el gerente operativo de la planta en Tláhuac así como el encargado de mantenimiento de la misma sucursal, tendrían responsabilidad en el accidente que hasta el momento ha cobrado la vida de cuatro personas y mantiene a otras cinco, aún en convalecientes.
El juzgador determinó que los tres empleados se consideran responsables materiales por daños al patrimonio del Gobierno capitalino, en la audiencia detalló que las afectaciones ascienden a 82 millones de pesos, por la destrucción del inmueble y de 64 millones 980 mil pesos por la destrucción de muebles e instrumental médico.
Al apoderado legal, además, se le dictó una garantía económica de 146 millones 980 mil pesos, que es la suma de los daños, cantidad de debe pagar en un plazo de 24 horas para poder seguir el proceso en libertad, durante el desahogo de la audiencia dentro del sistema oral, el ministerio público hizo la imputación directa al encargado de mantenimiento y al gerente operativo de la planta por daños materiales contra el Gobierno Capitalino.
Con la agravante de "conducta típica omisiva", pues los peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ( PGJDF), determinaron que de realizarse el mantenimiento adecuado de la pipa, se pudo haber evitado el accidente.
El ministerio público imputa al encargado de mantenimiento el hecho de haber dado un mantenimiento deficiente al autotanque que provocó la explosión, y al gerente operativo de planta no haber ejercido sobre el primero un control debido.
Durante la audiencia, los imputados quienes solicitaron al juez que sus nombres permanezcan en el anonimato, renunciaron al término constitucional de 72 horas para que les fuera determinada su situación jurídica, por lo que el impartidor de justicia determinó este mismo martes vincularlos a proceso, lo que significa que serán juzgados por el accidente.
Al quedar en evidencia la falta de preparación de la defensa de los empleados de la gasera, el juez Castellanos Barroso decretó un receso de una hora, luego de que la defensa de los imputados alegó que el ministerio público no le había proporcionado documentación necesaria para una adecuada defensa de sus clientes, en específico un dictamen de la Secretaría de Energía.
Luego del receso, el juez Castellanos Barroso hizo una valoración de los alegatos de las partes, y tras una amplia argumentación decidió vincular a proceso a los imputados. Asimismo, el juez dictó medidas cautelares.
Contra el encargado de mantenimiento y el gerente operativo de la planta, una garantía económica por 500 mil pesos a cada uno y presentarse a firmar ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares cada 15 días; y en contra de la empresa y su apoderado legal, una garantía económica que asciende a 146 millones 980 mil pesos, que es la suma de los daños al inmueble y a los muebles e instrumental del hospital. Las tres, a exhibirse en un plazo de 24 horas.
El juez, además, fijó un plazo de seis meses para que la fiscalía concluya la investigación del caso.
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