México
Vigilen a esos jueces
Las y los legisladores expusieron dos casos ejemplares que nos permiten entender lo que en realidad sucede en los juzgados de este país
Las y los diputados del PRD, PAN y PT, se pronunciaron en el Congreso para solicitar una supervisión detallada de las actuaciones de jueces que estén a cargo de casos de pornografía y explotación sexual de menores de edad. Llamó la atención el silencio del PRI y del Verde. Está claro que éste es un tema que indigna y enoja a cualquiera que sea incapaz de disfrutar con los abusos de infantes. Justo por eso resulta vital recordar que México ha avanzado en este tema y debe seguir haciéndolo. Las y los legisladores expusieron dos casos ejemplares que nos permiten entender lo que en realidad sucede en los juzgados de este país.
El del sacerdote Rafael Muñiz demuestra cómo el Ministerio Público hizo su trabajo medianamente para lograr la orden de aprehensión, luego un juez federal le pidió al juez local que mejorase su argumentación, pero éste simplemente ignoró las leyes especializadas y le dio libertad bajo caución. Dos días después el cura estaba poniendo cruces de ceniza celebrando su libertad.
Aunque en realidad está bajo proceso y el caso se está revisando, el acusado por pornografía infantil goza los frutos de una decisión judicial producto de ignorancia, impericia y presiones de la arquidiócesis. El juez Martín no se ha capacitado en el tema de explotación sexual infantil, por ello sigue haciendo valoraciones judiciales como las de hace una década, cuando en México no se tenían instrumentos y argumentos jurídicos tan precisos como los actuales, que ya han permitido sentencias importantes en el país.
En el caso de Succar Kuri, el confeso “pederasta de Cancún” no pudo ser juzgado por Trata de personas, porque fue extraditado por pornografía y corrupción de menores. Lleva seis años desde que fue detenido en Arizona, sus múltiples defensores aunque no han hecho un trabajo notable en defensa jurídica, han logrado su éxito gracias a la corrupción judicial y la impericia de la Ministerio Público. Esta semana Succar regresará a Cancún a la cárcel en la que, según autoridades, co-planeó la fuga de 103 reos en diciembre de 2006. El magistrado lo ha dejado claro: la Ministerio Público Federal (M.P) debió haber presentado un recurso de revocación para evitar su traslado desde La Palma, y lo que hizo fue entregar una apelación. Digamos que usted va a un hospital para un trasplante de riñón y el médico le ofrece un hígado. Hasta la fecha se ignora si la M.P (abogada de profesión) cometió un error voluntario. Resulta incomprensible que esto suceda con un caso que está bajo la mira del Departamento de Justicia norteamericano, que extraditó a Succar bajo el compromiso del gobierno calderonista de asegurar que se haría justicia.
Succar llegará a Cancún esta semana y el proceso tendrá muchas miradas encima. También el juez Martin estará bajo la mira; esta semana sabremos si hubo trato especial para el sacerdote. Queda claro que urge capacitación de ministerios públicos y jueces en trata para fines de explotación sexual. Indignarse resulta imprescindible, pero no es suficiente; sólo con capacitación y supervisión podremos arrebatar excusas de ignorancia y de interpretación fallida que puedan ocultar corrupción. El mensaje para el millón de niñas y niños que son explotados anualmente debe ser claro: la pornografía infantil es un delito y el poder judicial protegerá a la infancia.
El del sacerdote Rafael Muñiz demuestra cómo el Ministerio Público hizo su trabajo medianamente para lograr la orden de aprehensión, luego un juez federal le pidió al juez local que mejorase su argumentación, pero éste simplemente ignoró las leyes especializadas y le dio libertad bajo caución. Dos días después el cura estaba poniendo cruces de ceniza celebrando su libertad.
Aunque en realidad está bajo proceso y el caso se está revisando, el acusado por pornografía infantil goza los frutos de una decisión judicial producto de ignorancia, impericia y presiones de la arquidiócesis. El juez Martín no se ha capacitado en el tema de explotación sexual infantil, por ello sigue haciendo valoraciones judiciales como las de hace una década, cuando en México no se tenían instrumentos y argumentos jurídicos tan precisos como los actuales, que ya han permitido sentencias importantes en el país.
En el caso de Succar Kuri, el confeso “pederasta de Cancún” no pudo ser juzgado por Trata de personas, porque fue extraditado por pornografía y corrupción de menores. Lleva seis años desde que fue detenido en Arizona, sus múltiples defensores aunque no han hecho un trabajo notable en defensa jurídica, han logrado su éxito gracias a la corrupción judicial y la impericia de la Ministerio Público. Esta semana Succar regresará a Cancún a la cárcel en la que, según autoridades, co-planeó la fuga de 103 reos en diciembre de 2006. El magistrado lo ha dejado claro: la Ministerio Público Federal (M.P) debió haber presentado un recurso de revocación para evitar su traslado desde La Palma, y lo que hizo fue entregar una apelación. Digamos que usted va a un hospital para un trasplante de riñón y el médico le ofrece un hígado. Hasta la fecha se ignora si la M.P (abogada de profesión) cometió un error voluntario. Resulta incomprensible que esto suceda con un caso que está bajo la mira del Departamento de Justicia norteamericano, que extraditó a Succar bajo el compromiso del gobierno calderonista de asegurar que se haría justicia.
Succar llegará a Cancún esta semana y el proceso tendrá muchas miradas encima. También el juez Martin estará bajo la mira; esta semana sabremos si hubo trato especial para el sacerdote. Queda claro que urge capacitación de ministerios públicos y jueces en trata para fines de explotación sexual. Indignarse resulta imprescindible, pero no es suficiente; sólo con capacitación y supervisión podremos arrebatar excusas de ignorancia y de interpretación fallida que puedan ocultar corrupción. El mensaje para el millón de niñas y niños que son explotados anualmente debe ser claro: la pornografía infantil es un delito y el poder judicial protegerá a la infancia.
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