México
Urgen entregar recursos para implementar reforma penal
Se pretende incluir una forma nueva de pensar por parte de los operadores jurídicos
CIUDAD DE MÉXICO.- El director de Investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales (
Inacipe), Alberto Nava Garcés, consideró necesario que el Congreso destine los recursos para que la implementación de la reforma al sistema de justicia penal sea un éxito.
En la conferencia de prensa "La reforma en materia penal. ¿Cómo vamos?", señaló que para que este sistema funcione muchas de las conductas que se encuentran tipificadas como delitos debe cambiar o desaparecer para enfocar la investigación a aquellas verdaderamente relevantes.
"De un listado de mil 85 conductas delictivas se deberá construir un catálogo de delitos que excluyan en un principio aquellas que sólo contemplan sanción administrativa, ejercicio indebido del propio derecho y apología de un delito, entre otros", refirió.
En este sentido Nava Garcés precisó que a un año tres meses de aprobada la reforma constitucional, ésta se ha implementado en Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Baja California, Coahuila, Zacatecas, estado de México y Nuevo León.
Mientras que en las entidades que no han iniciado trabajos en la materia son: Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Tlaxcala, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.
A su vez, el investigador del Inacipe, Javier Dondé Matute, comentó que dicha reforma tendrá un impacto sustancial en la forma en que los tribunales federales, incluyendo la Suprema Corte resolverán los impactos venideros y que afectan a la jurisprudencia actual.
Desde su punto de vista este cambio en el que se desarrollan los juicios penales, incluye una forma nueva de pensar por parte de los operadores jurídicos.
"Como consecuencia se pudiera pensar en un cambio de época jurisprudencial; es decir, esa reforma podría marcar el inicio de la décima época de la jurisprudencia federal", puntualizó.
El funcionario federal señaló que por ello es urgente analizar los conceptos que quedarán derogados y establecer pautas para la formulación de nuevos conceptos lo cual es una tarea tan importante como la más publicitada redacción de nuevos códigos procesales.
Nava Garcés y Dondé Matute coincidieron en que en la implementación de la reforma penal es vital la creación de nuevos ordenamientos y un proceso exhaustivo de capacitación a policías, ministerios públicos, jueces y defensores.
En la conferencia de prensa "La reforma en materia penal. ¿Cómo vamos?", señaló que para que este sistema funcione muchas de las conductas que se encuentran tipificadas como delitos debe cambiar o desaparecer para enfocar la investigación a aquellas verdaderamente relevantes.
"De un listado de mil 85 conductas delictivas se deberá construir un catálogo de delitos que excluyan en un principio aquellas que sólo contemplan sanción administrativa, ejercicio indebido del propio derecho y apología de un delito, entre otros", refirió.
En este sentido Nava Garcés precisó que a un año tres meses de aprobada la reforma constitucional, ésta se ha implementado en Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Baja California, Coahuila, Zacatecas, estado de México y Nuevo León.
Mientras que en las entidades que no han iniciado trabajos en la materia son: Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Tlaxcala, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán.
A su vez, el investigador del Inacipe, Javier Dondé Matute, comentó que dicha reforma tendrá un impacto sustancial en la forma en que los tribunales federales, incluyendo la Suprema Corte resolverán los impactos venideros y que afectan a la jurisprudencia actual.
Desde su punto de vista este cambio en el que se desarrollan los juicios penales, incluye una forma nueva de pensar por parte de los operadores jurídicos.
"Como consecuencia se pudiera pensar en un cambio de época jurisprudencial; es decir, esa reforma podría marcar el inicio de la décima época de la jurisprudencia federal", puntualizó.
El funcionario federal señaló que por ello es urgente analizar los conceptos que quedarán derogados y establecer pautas para la formulación de nuevos conceptos lo cual es una tarea tan importante como la más publicitada redacción de nuevos códigos procesales.
Nava Garcés y Dondé Matute coincidieron en que en la implementación de la reforma penal es vital la creación de nuevos ordenamientos y un proceso exhaustivo de capacitación a policías, ministerios públicos, jueces y defensores.
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