México
Tren parlamentario
Corrigiendo entuertos
El jueves, una unánime Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a través de las cuales le han incorporado “nuevos mecanismos de identificación y seguimiento de presupuestos transversales”, en materias socialmente prioritarias, decía en la tribuna la diputada federal del PRI Claudia Ruiz Massieu.
La importantísima ley de marras es algo así como el recetario mayor de cómo debe ejercerse el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año. Y desde que fue forjada, en la LIX Legislatura, por la mayoría que entonces conformaron las bancadas del PRI, PAN y PVEM, ha sido fuertemente cuestionada por opositores y académicos como el economista José Luis Calva, en el sentido de que la Ley “adolece de una omisión fundamental: la responsabilidad de la hacienda pública sobre el crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo”.
Esto lo decían estudiosos como Calva en alusión al hecho de que la ley de marras no sería más que un instrumento econometrista favorecedor de políticas fiscales que soslayarían a los social y económicamente menos favorecidos en México, incluso con el riesgo (era 2006) de que el número de mexicanos en pobreza extrema se acrecentara exponencialmente; lo que sucedió, finalmente.
Cuando la debatían, los opositores de aquel PRD juzgaban que sería una ley subordinada a priori al Ejecutivo Federal, quien vería robustecida su preeminencia jurídica sobre las funciones de control político –de por sí debilitadas desde los tiempos del presidencialismo priista- de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Verbigracia: con la nueva ley, sus hacedores (PRI, PAN y PVEM) hicieron explícita la facultad del Ejecutivo Federal en realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso, lo que en los hechos sería la formalización del veto presidencial. Pero también, la nueva ley de presupuesto otorgaba a la Secretaría de Hacienda grandes márgenes para la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, de lo que hoy se lamentan siempre los gobernadores y sectores sociales, porque se ha llegado al extremo de que Hacienda diga cuándo gastar y cuándo no; los subejercicios, pues. Y lo peor: invalidaba instrumentos jurídicos, de por sí endebles, para la exigencia de la rendición de cuentas.
Todo esto, en los hechos, vino a contribuir con el fortalecimiento de esos dos monstruos que cómo agobian a la administración pública en México: la impunidad y la corrupción.
No deja de sorprender que ahora el PRI, PAN y PVEM reculen y comiencen a hacerle reformas a aquella ley fundamental que prohijaron hace casi un sexenio. Aunque, reformas a cuenta gotas.
He aquí la interpretación de Claudia Ruiz Massieu, diputada del PRI: “Las reformas buscan proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios de los programas presupuestarios y a las inversiones que se destinen a la atención de esos temas; evitar la discrecionalidad año con año en el gasto asignado; fortalecer la transparencia de los recursos que se asignan a esos anexos transversales”.
Y veía ahora lo que sus correligionarios no miraron en 2005-2006, cuando forjaban la ley: “En el presupuesto los diputados plasmamos con claridad las prioridades de gasto de los mexicanos. Por ello, buscamos que sea un instrumento para auspiciar el crecimiento y el desarrollo nacionales, y un medio para acercar a la población a mejores condiciones de vida”.
La diputada del PRD Rosario Brindis Álvarez: “(Ahora, la ley reconocerá) los siguientes anexos transversales que se deben integrar desde el Proyecto de Presupuesto y éstos integran erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y comunidades indígenas, erogaciones para el desarrollo de los jóvenes, Programa Especial Concurrente para el desarrollo Rural Sustentable, el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, Estrategia nacional para la Transición energética del aprovechamiento sustentable, los recursos para la atención a grupos vulnerables”.
Por Acción Nacional habló Laura Elena Estrada Rodríguez:” Por supuesto que en el grupo parlamentario del PAN votaremos a favor porque hoy sí ya no vamos a tener que estar, primero, luchando ni peleando ni rogando por algo que corresponde en justicia, en equidad, por todas y cada uno de estas mujeres y grupos que tanto necesitan lo que hoy vamos a votar”.
Se refería a la inclusión de la obligatoriedad de los anexos transversales y la clasificación del presupuesto anual por género.
Jaime Cárdenas Gracia, del PT, a contraluz de su formación de abogado constitucionalista, miró cinco ventajas en el dictamen:
“1.- La obligación de la Secretaría de Hacienda de informarle a esta Cámara, trimestralmente, cómo se está ejerciendo transversalmente el presupuesto.
“2.- Las obligaciones en materia de transparencia presupuestal para que sea una realidad la transversabilidad del presupuesto.
“3.- Algo muy importante que también aquí ya se mencionó, es que se contempla el principio de no regresividad. Este principio es muy importante, sobre todo en materia de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos culturales, para que siempre año con año el presupuesto en materia de equidad de género, de atención a grupos vulnerables, en ciencia y tecnología, en materia indígena, siempre implique un incremento anual y nunca un decremento.
“4.- También el dictamen establece obligaciones de seguimiento de la Cámara de Diputados al ejercicio del gasto para comprobar si los anexos transversales se están realizando debidamente.
“5.- De manera sintética puedo decir, que es un dictamen que establece mecanismos de rendición de cuentas, de cómo se ejerce el gasto en estos aspectos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Pero también, dijo el petista, de dos “deficiencias”: ¿Qué ocurriría si no se ejerce el Presupuesto de manera transversal? ¿Cómo se le obliga a Hacienda a cumplir? Y dos: ¿Cómo se le exige a los servidores públicos correspondientes que destinen, como mandata la ley, el gasto a los grupos sociales que ahora considera la norma?
Nadie respondió. Será para la próxima reforma a una ley que, por cierto, ha ido al Senado apenas.
La importantísima ley de marras es algo así como el recetario mayor de cómo debe ejercerse el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año. Y desde que fue forjada, en la LIX Legislatura, por la mayoría que entonces conformaron las bancadas del PRI, PAN y PVEM, ha sido fuertemente cuestionada por opositores y académicos como el economista José Luis Calva, en el sentido de que la Ley “adolece de una omisión fundamental: la responsabilidad de la hacienda pública sobre el crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo”.
Esto lo decían estudiosos como Calva en alusión al hecho de que la ley de marras no sería más que un instrumento econometrista favorecedor de políticas fiscales que soslayarían a los social y económicamente menos favorecidos en México, incluso con el riesgo (era 2006) de que el número de mexicanos en pobreza extrema se acrecentara exponencialmente; lo que sucedió, finalmente.
Cuando la debatían, los opositores de aquel PRD juzgaban que sería una ley subordinada a priori al Ejecutivo Federal, quien vería robustecida su preeminencia jurídica sobre las funciones de control político –de por sí debilitadas desde los tiempos del presidencialismo priista- de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Verbigracia: con la nueva ley, sus hacedores (PRI, PAN y PVEM) hicieron explícita la facultad del Ejecutivo Federal en realizar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso, lo que en los hechos sería la formalización del veto presidencial. Pero también, la nueva ley de presupuesto otorgaba a la Secretaría de Hacienda grandes márgenes para la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, de lo que hoy se lamentan siempre los gobernadores y sectores sociales, porque se ha llegado al extremo de que Hacienda diga cuándo gastar y cuándo no; los subejercicios, pues. Y lo peor: invalidaba instrumentos jurídicos, de por sí endebles, para la exigencia de la rendición de cuentas.
Todo esto, en los hechos, vino a contribuir con el fortalecimiento de esos dos monstruos que cómo agobian a la administración pública en México: la impunidad y la corrupción.
No deja de sorprender que ahora el PRI, PAN y PVEM reculen y comiencen a hacerle reformas a aquella ley fundamental que prohijaron hace casi un sexenio. Aunque, reformas a cuenta gotas.
He aquí la interpretación de Claudia Ruiz Massieu, diputada del PRI: “Las reformas buscan proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios de los programas presupuestarios y a las inversiones que se destinen a la atención de esos temas; evitar la discrecionalidad año con año en el gasto asignado; fortalecer la transparencia de los recursos que se asignan a esos anexos transversales”.
Y veía ahora lo que sus correligionarios no miraron en 2005-2006, cuando forjaban la ley: “En el presupuesto los diputados plasmamos con claridad las prioridades de gasto de los mexicanos. Por ello, buscamos que sea un instrumento para auspiciar el crecimiento y el desarrollo nacionales, y un medio para acercar a la población a mejores condiciones de vida”.
La diputada del PRD Rosario Brindis Álvarez: “(Ahora, la ley reconocerá) los siguientes anexos transversales que se deben integrar desde el Proyecto de Presupuesto y éstos integran erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas y comunidades indígenas, erogaciones para el desarrollo de los jóvenes, Programa Especial Concurrente para el desarrollo Rural Sustentable, el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, Estrategia nacional para la Transición energética del aprovechamiento sustentable, los recursos para la atención a grupos vulnerables”.
Por Acción Nacional habló Laura Elena Estrada Rodríguez:” Por supuesto que en el grupo parlamentario del PAN votaremos a favor porque hoy sí ya no vamos a tener que estar, primero, luchando ni peleando ni rogando por algo que corresponde en justicia, en equidad, por todas y cada uno de estas mujeres y grupos que tanto necesitan lo que hoy vamos a votar”.
Se refería a la inclusión de la obligatoriedad de los anexos transversales y la clasificación del presupuesto anual por género.
Jaime Cárdenas Gracia, del PT, a contraluz de su formación de abogado constitucionalista, miró cinco ventajas en el dictamen:
“1.- La obligación de la Secretaría de Hacienda de informarle a esta Cámara, trimestralmente, cómo se está ejerciendo transversalmente el presupuesto.
“2.- Las obligaciones en materia de transparencia presupuestal para que sea una realidad la transversabilidad del presupuesto.
“3.- Algo muy importante que también aquí ya se mencionó, es que se contempla el principio de no regresividad. Este principio es muy importante, sobre todo en materia de derechos sociales, de derechos económicos, de derechos culturales, para que siempre año con año el presupuesto en materia de equidad de género, de atención a grupos vulnerables, en ciencia y tecnología, en materia indígena, siempre implique un incremento anual y nunca un decremento.
“4.- También el dictamen establece obligaciones de seguimiento de la Cámara de Diputados al ejercicio del gasto para comprobar si los anexos transversales se están realizando debidamente.
“5.- De manera sintética puedo decir, que es un dictamen que establece mecanismos de rendición de cuentas, de cómo se ejerce el gasto en estos aspectos transversales del Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Pero también, dijo el petista, de dos “deficiencias”: ¿Qué ocurriría si no se ejerce el Presupuesto de manera transversal? ¿Cómo se le obliga a Hacienda a cumplir? Y dos: ¿Cómo se le exige a los servidores públicos correspondientes que destinen, como mandata la ley, el gasto a los grupos sociales que ahora considera la norma?
Nadie respondió. Será para la próxima reforma a una ley que, por cierto, ha ido al Senado apenas.
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