México
Tren parlamentario
Ciclo primavera-verano
El Senado de la República recibió ayer a las más importantes organizaciones campesinas del país, y de la reunión han escapado ecos del crepitar de un llano en llamas. Como aquel en que se decía que, en 2010, México gastó 25 mil millones de dólares para importar alimentos, cifra casi equivalente a los 260 y tantos mil millones de pesos que la Cámara de Diputados destinó ese año en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Programa Especial Concurrente.
Eran los mandamases de Xicoténcatl quienes los recibían; es decir, los coordinadores de las bancadas, y el presidente de la Junta, José González Morfín (PAN), y el presidente de la Mesa Directiva, Manlio Fabio Beltrones (PRI). Pero no llegaron pidiendo, sino exigiendo y advirtiendo. Y así, con prontitud, les contestaban, diciendo los senadores que rápidamente instalarán una mesa de trabajo para evaluar la situación de emergencia del campo mexicano, a la que invitarán a los diputados federales.
Fue el líder de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, quien les recordó que el pasado martes había solicitado al Senado reunirse para hablar del desastre climatológico de febrero que –reiteraba- ya colocó al país en circunstancia de emergencia agroalimentaria.
Y para decirles “que hay varias razones por las cuales estamos en esta crisis: el cambio climático, que afectó un millón de hectáreas; el aumento de los precios internacionales de los alimentos, entre otras razones por el desastre nuclear en Japón; las sequías; los excesos de lluvia; el incremento de la capacidad adquisitiva de los países asiáticos”…
Fue Víctor Suárez Rivera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), quien arengó a los senadores a intervenir con urgencia, porque, de plano, el Ejecutivo Federal, nomás no quiere entrar al fondo del problema. Y advertía: “Hoy México no tiene una sola reserva de granos en manos públicas; las reservas, escasas, que hay de maíz y otros alimentos están en manos privadas; sobre todo de trasnacionales, como Cargil, y de otros monopolios que únicamente buscan la ganancia: Ellos buscarán exportar maíz si obtienen mayores utilidades, sin importarles agudizar la escasez”.
Y precisaba Suárez: “Si apoyamos el ciclo primavera-verano es posible que la crisis y los factores externos los amortigüemos”.
El dato de los 25 mil millones de dólares para importación de alimentos durante 2010, lo dijo Luis Meneses, líder de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).
“No olvidemos”, restregaba, “que México gasta comprando alimentos en el extranjero lo mismo que invierte en el campo”.
José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares sostenía: “90% de los campesinos no son sujetos de crédito”. Y apostillaba: “Las empresas trasnacionales elevan sus utilidades en México cada año, sin freno. Vemos cómo la Secretaría de Economía se lanza contra los tortilleros cuando quienes monopolizan y comercializan el maíz son las grandes harineras. Victimizan una parte de la cadena alimentaria: campesinos, productores, industrializadores de la tortilla. Y es grave que ustedes, Poder Legislativo anden en otra ‘órbita’, como también el Poder Judicial”.
Y volvía a restregarles a los senadores: “Ahora dependemos casi en 50% en importación de alimentos. Y lo saben ustedes”.
Entonces fue el turno de los anfitriones. Carlos Navarrete, coordinador del PRD, intentaba sobarles el lomo, diciéndoles: “Estamos escuchando a dirigentes campesinos que tienen el pulso de lo que pasa en el mercado internacional, que están conscientes y observando cómo impacta en nuestro país el mercado internacional de alimentos”…
Turno de Ricardo Monreal, del PT: “Es impresionante el crecimiento de las importaciones. Es muy grave. Las importaciones han crecido: de maíz, de 253 mil toneladas en 1990 a casi 11 millones de toneladas. 95% de frijol de soya, se importa; 80% de arroz, estamos importándolo; 95% de aceites; 40% de trigo; 40% de carne de res; 85 % de leche”.
Y apostillaba Ricardo Monreal: “Ésta, es la explicación por la que el campo está devastado: si el Gobierno prefiere comprar en el exterior que apoyar a sus productores”.
“El hambre no espera” se titula el documento que los visitantes al Senado habían entregado a los legisladores.
Todavía dos senadores, que también ya fueron gobernadores, expresaron su posición sobre la emergencia económica: el veracruzano Dante Delgado, por Convergencia, y el poblano Melquíades Morales, del PRI.
Dante: “Ha habido un abandono de políticas públicas del Estado, y las consecuencias son desempleo, falta de autosuficiencia alimentaria, inseguridad”.
Melquíades: “Hay ausencias de una política pública orientada al desarrollo agropecuario, que nos ha orillado a ser dependientes en materia de alimentos y granos. Y cuidado, porque es la peor dependencia”.
El poblano entonces se sumaba a quienes ya habían coincidido en que al campo debería apoyarse pero ya, en el corto plazo, ante la inminencia del ciclo primavera-verano, ahora que se esperan las primera lluvias para sembrar.
Al final, Beltrones advertía también: “Si no hay una política pública específica que busque sustituir importaciones, estimular con créditos diferentes disposiciones, sobre todo en materia de fertilizantes, de calidad y accesibles al campo mexicano, la producción y la siembra de alimentos, no podremos avanzar a la velocidad que deseamos”.
Habían hablado todos de la urgencia de cambiar el diseño de la política pública: “Que busque reconocer que el mercado no nos está resolviendo el problema, sino que debe ser la política del Estado mexicano”.
Así decía esto último Beltrones. Claro, era el discurso. En los hechos, él acaba de proponer cambios fiscales que distan mucho de tratar de cambiar el modo de andar de la actual política económica.
Eran los mandamases de Xicoténcatl quienes los recibían; es decir, los coordinadores de las bancadas, y el presidente de la Junta, José González Morfín (PAN), y el presidente de la Mesa Directiva, Manlio Fabio Beltrones (PRI). Pero no llegaron pidiendo, sino exigiendo y advirtiendo. Y así, con prontitud, les contestaban, diciendo los senadores que rápidamente instalarán una mesa de trabajo para evaluar la situación de emergencia del campo mexicano, a la que invitarán a los diputados federales.
Fue el líder de la Central Campesina Cardenista, Max Correa, quien les recordó que el pasado martes había solicitado al Senado reunirse para hablar del desastre climatológico de febrero que –reiteraba- ya colocó al país en circunstancia de emergencia agroalimentaria.
Y para decirles “que hay varias razones por las cuales estamos en esta crisis: el cambio climático, que afectó un millón de hectáreas; el aumento de los precios internacionales de los alimentos, entre otras razones por el desastre nuclear en Japón; las sequías; los excesos de lluvia; el incremento de la capacidad adquisitiva de los países asiáticos”…
Fue Víctor Suárez Rivera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), quien arengó a los senadores a intervenir con urgencia, porque, de plano, el Ejecutivo Federal, nomás no quiere entrar al fondo del problema. Y advertía: “Hoy México no tiene una sola reserva de granos en manos públicas; las reservas, escasas, que hay de maíz y otros alimentos están en manos privadas; sobre todo de trasnacionales, como Cargil, y de otros monopolios que únicamente buscan la ganancia: Ellos buscarán exportar maíz si obtienen mayores utilidades, sin importarles agudizar la escasez”.
Y precisaba Suárez: “Si apoyamos el ciclo primavera-verano es posible que la crisis y los factores externos los amortigüemos”.
El dato de los 25 mil millones de dólares para importación de alimentos durante 2010, lo dijo Luis Meneses, líder de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).
“No olvidemos”, restregaba, “que México gasta comprando alimentos en el extranjero lo mismo que invierte en el campo”.
José Jacobo Femat, de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares sostenía: “90% de los campesinos no son sujetos de crédito”. Y apostillaba: “Las empresas trasnacionales elevan sus utilidades en México cada año, sin freno. Vemos cómo la Secretaría de Economía se lanza contra los tortilleros cuando quienes monopolizan y comercializan el maíz son las grandes harineras. Victimizan una parte de la cadena alimentaria: campesinos, productores, industrializadores de la tortilla. Y es grave que ustedes, Poder Legislativo anden en otra ‘órbita’, como también el Poder Judicial”.
Y volvía a restregarles a los senadores: “Ahora dependemos casi en 50% en importación de alimentos. Y lo saben ustedes”.
Entonces fue el turno de los anfitriones. Carlos Navarrete, coordinador del PRD, intentaba sobarles el lomo, diciéndoles: “Estamos escuchando a dirigentes campesinos que tienen el pulso de lo que pasa en el mercado internacional, que están conscientes y observando cómo impacta en nuestro país el mercado internacional de alimentos”…
Turno de Ricardo Monreal, del PT: “Es impresionante el crecimiento de las importaciones. Es muy grave. Las importaciones han crecido: de maíz, de 253 mil toneladas en 1990 a casi 11 millones de toneladas. 95% de frijol de soya, se importa; 80% de arroz, estamos importándolo; 95% de aceites; 40% de trigo; 40% de carne de res; 85 % de leche”.
Y apostillaba Ricardo Monreal: “Ésta, es la explicación por la que el campo está devastado: si el Gobierno prefiere comprar en el exterior que apoyar a sus productores”.
“El hambre no espera” se titula el documento que los visitantes al Senado habían entregado a los legisladores.
Todavía dos senadores, que también ya fueron gobernadores, expresaron su posición sobre la emergencia económica: el veracruzano Dante Delgado, por Convergencia, y el poblano Melquíades Morales, del PRI.
Dante: “Ha habido un abandono de políticas públicas del Estado, y las consecuencias son desempleo, falta de autosuficiencia alimentaria, inseguridad”.
Melquíades: “Hay ausencias de una política pública orientada al desarrollo agropecuario, que nos ha orillado a ser dependientes en materia de alimentos y granos. Y cuidado, porque es la peor dependencia”.
El poblano entonces se sumaba a quienes ya habían coincidido en que al campo debería apoyarse pero ya, en el corto plazo, ante la inminencia del ciclo primavera-verano, ahora que se esperan las primera lluvias para sembrar.
Al final, Beltrones advertía también: “Si no hay una política pública específica que busque sustituir importaciones, estimular con créditos diferentes disposiciones, sobre todo en materia de fertilizantes, de calidad y accesibles al campo mexicano, la producción y la siembra de alimentos, no podremos avanzar a la velocidad que deseamos”.
Habían hablado todos de la urgencia de cambiar el diseño de la política pública: “Que busque reconocer que el mercado no nos está resolviendo el problema, sino que debe ser la política del Estado mexicano”.
Así decía esto último Beltrones. Claro, era el discurso. En los hechos, él acaba de proponer cambios fiscales que distan mucho de tratar de cambiar el modo de andar de la actual política económica.
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