México
Tren parlamentario
El costo de la indecisión
En las cámaras del Congreso mexicano la división del trabajo se ha expresado en la conformación de cuatro tipos de comisiones: ordinarias, bicamarales, especiales y de investigación.
Cada comisión ordinaria responde a una relación directa que el Congreso tiene con cada una de las áreas de la administración pública federal. Verbigracia: la Comisión de Agricultura atiende el área del Ejecutivo Federal relativo a agricultura; la Comisión de Gobernación, a los Asuntos de la Secretaría de Gobernación.
Hay que aclarar, sin embargo, que el número de ordinarias rebasa, por mucho, al número de despachos presidenciales. 44 comisiones contra 19 secretarías de estado.
Antes de que diputados y senadores reformaran en 1999 la Ley Orgánica del Congreso General, el número de ordinarias casi era de 60. Entonces, durante la negociación de aquella reforma, había quienes proponían que ese número empatara con el del número de los despachos presidenciales.
Serían suficientes y, sobre todo, más eficaces, decía el diputado Pablo Gómez, para que se lograra el contrapeso constitucional.
A partir de la reforma, el número de comisiones ordinarias se redujo a 26; pero ascendió en la próxima Legislatura, la LVIII, hasta 42, para finalmente quedar en 44. Los partidos políticos exigían presidencias de comisiones, y optaron evitarse jaloneos entre ellos, simple y sencillamente creando más.
En paralelo a la conformación de ordinarias, diputados y senadores han instalado otro tipo de comisiones, con el propósito inexcusable –lo han dicho en la argumentación- de vigilar más de cerca al Ejecutivo Federal, en torno de asuntos muy específicos.
Así se conformaron comisiones especiales e investigativas dedicadas, por ejemplo, a la transfiguración del Fobaproa en deuda pública; más antes, otra que incluso trascendió a más de una Legislatura, se dedicó a investigar la forma en que Carlos Salinas aniquiló a la Conasupo. O, más recientemente, la que daba seguimiento a las tranzas de la familia Sahagún, en los tiempos de Vicente Fox.
Todas las comisiones tienen, sin lugar a dudas, como objetivos fundamentales contribuir a hacer cumplir las dos funciones del Congreso: hacer leyes y servir de control político. Pero están hechas con diferentes pastas. Unas, más quebradizas que otras.
Las únicas comisiones que tienen facultades resolutivas, son las ordinarias. En cambio, la Constitución –y tampoco, por ende, la Ley Orgánica- ha dado el mismo poder a las otras comisiones. Ni siquiera porque muchas de éstas últimas atienden de veras asuntos de suprema importancia para la vida de la República.
A las comisiones especiales y de investigación, las han querido tener amorcilladas; débiles; muy constreñidas. Sin duda, para que esto suceda así ha tenido que ver el PRI, el PAN y esa rémora convenenciera del priismo que se conoce como partido verde.
En todas estas legislaturas, desde que reformaron la Ley Orgánica en 1999, han evitado a toda costa que las comisiones con carácter de especiales o de investigación puedan tener la facultad de tomar decisiones plenarias.
Estas comisiones únicamente están facultadas por la Ley Orgánica para estudiar y dar seguimiento a los asuntos que encomendados tienen. Y a entregar informes a las mesas directivas de las Cámaras.
Pero nunca para resolver plenariamente nada. De este modo, los diputados y senadores que realmente gobiernan el Congreso (del PAN y PRI, que para casos neurálgicos siempre han coincidido en el mismo sitio, poniéndose de acuerdo de facto), se arrogan la facultad de decidir cuándo un informe trasciende al Congreso o es detenido, frenado.
Todo esto sale ahora porque hay comisiones especiales de reciente cuño que reclaman una gran atención por parte del Congreso, y sus facultades no van más allá de las propuestas, que pueden ser consideradas o no.
Ejemplo de ello es la Comisión Especial sobre Cambio Climático de la Cámara de Diputados, que desde hace varios meses ha estado insistiendo en que deben los 628 legisladores federales (los 500 diputados y los 128 senadores) atender el imperioso llamado que el planeta está haciendo a través del cambio climático.
Se requieren en México leyes nuevas sobre el medio ambiente, ha dicho esta semana el diputado César Burelo, presidente de la comisión especial de marras. Pero como dicha comisión no puede dictaminar nada, está sujeto a que las dirigencias de los grupos parlamentarios principales quieran escucharlo y decidan entonces echar a andar la maquinaria legislativa desde una de las comisiones ordinarias.
Burelo soltó un dato que debería llamar a la reflexión: si no hay actitud honrada para enfrentar el cambio climático en México, incluidas reformas jurídicas suficientes y necesarias, entonces podría costar al país pérdidas equivalentes al 15% del Producto Interno Bruto (PIB).
De hecho, los costos se padecen ya en amplias zonas del país: inundaciones, sequías, pérdidas de cultivos por heladas, como la reciente de noviembre de 2010 que apenas se está resintiendo en las centrales de abasto del país, y que literalmente quemó miles de hectáreas de aguacate, limón, etcétera, lo mismo en Michoacán que en Puebla, y Veracruz o Sinaloa...
Cada comisión ordinaria responde a una relación directa que el Congreso tiene con cada una de las áreas de la administración pública federal. Verbigracia: la Comisión de Agricultura atiende el área del Ejecutivo Federal relativo a agricultura; la Comisión de Gobernación, a los Asuntos de la Secretaría de Gobernación.
Hay que aclarar, sin embargo, que el número de ordinarias rebasa, por mucho, al número de despachos presidenciales. 44 comisiones contra 19 secretarías de estado.
Antes de que diputados y senadores reformaran en 1999 la Ley Orgánica del Congreso General, el número de ordinarias casi era de 60. Entonces, durante la negociación de aquella reforma, había quienes proponían que ese número empatara con el del número de los despachos presidenciales.
Serían suficientes y, sobre todo, más eficaces, decía el diputado Pablo Gómez, para que se lograra el contrapeso constitucional.
A partir de la reforma, el número de comisiones ordinarias se redujo a 26; pero ascendió en la próxima Legislatura, la LVIII, hasta 42, para finalmente quedar en 44. Los partidos políticos exigían presidencias de comisiones, y optaron evitarse jaloneos entre ellos, simple y sencillamente creando más.
En paralelo a la conformación de ordinarias, diputados y senadores han instalado otro tipo de comisiones, con el propósito inexcusable –lo han dicho en la argumentación- de vigilar más de cerca al Ejecutivo Federal, en torno de asuntos muy específicos.
Así se conformaron comisiones especiales e investigativas dedicadas, por ejemplo, a la transfiguración del Fobaproa en deuda pública; más antes, otra que incluso trascendió a más de una Legislatura, se dedicó a investigar la forma en que Carlos Salinas aniquiló a la Conasupo. O, más recientemente, la que daba seguimiento a las tranzas de la familia Sahagún, en los tiempos de Vicente Fox.
Todas las comisiones tienen, sin lugar a dudas, como objetivos fundamentales contribuir a hacer cumplir las dos funciones del Congreso: hacer leyes y servir de control político. Pero están hechas con diferentes pastas. Unas, más quebradizas que otras.
Las únicas comisiones que tienen facultades resolutivas, son las ordinarias. En cambio, la Constitución –y tampoco, por ende, la Ley Orgánica- ha dado el mismo poder a las otras comisiones. Ni siquiera porque muchas de éstas últimas atienden de veras asuntos de suprema importancia para la vida de la República.
A las comisiones especiales y de investigación, las han querido tener amorcilladas; débiles; muy constreñidas. Sin duda, para que esto suceda así ha tenido que ver el PRI, el PAN y esa rémora convenenciera del priismo que se conoce como partido verde.
En todas estas legislaturas, desde que reformaron la Ley Orgánica en 1999, han evitado a toda costa que las comisiones con carácter de especiales o de investigación puedan tener la facultad de tomar decisiones plenarias.
Estas comisiones únicamente están facultadas por la Ley Orgánica para estudiar y dar seguimiento a los asuntos que encomendados tienen. Y a entregar informes a las mesas directivas de las Cámaras.
Pero nunca para resolver plenariamente nada. De este modo, los diputados y senadores que realmente gobiernan el Congreso (del PAN y PRI, que para casos neurálgicos siempre han coincidido en el mismo sitio, poniéndose de acuerdo de facto), se arrogan la facultad de decidir cuándo un informe trasciende al Congreso o es detenido, frenado.
Todo esto sale ahora porque hay comisiones especiales de reciente cuño que reclaman una gran atención por parte del Congreso, y sus facultades no van más allá de las propuestas, que pueden ser consideradas o no.
Ejemplo de ello es la Comisión Especial sobre Cambio Climático de la Cámara de Diputados, que desde hace varios meses ha estado insistiendo en que deben los 628 legisladores federales (los 500 diputados y los 128 senadores) atender el imperioso llamado que el planeta está haciendo a través del cambio climático.
Se requieren en México leyes nuevas sobre el medio ambiente, ha dicho esta semana el diputado César Burelo, presidente de la comisión especial de marras. Pero como dicha comisión no puede dictaminar nada, está sujeto a que las dirigencias de los grupos parlamentarios principales quieran escucharlo y decidan entonces echar a andar la maquinaria legislativa desde una de las comisiones ordinarias.
Burelo soltó un dato que debería llamar a la reflexión: si no hay actitud honrada para enfrentar el cambio climático en México, incluidas reformas jurídicas suficientes y necesarias, entonces podría costar al país pérdidas equivalentes al 15% del Producto Interno Bruto (PIB).
De hecho, los costos se padecen ya en amplias zonas del país: inundaciones, sequías, pérdidas de cultivos por heladas, como la reciente de noviembre de 2010 que apenas se está resintiendo en las centrales de abasto del país, y que literalmente quemó miles de hectáreas de aguacate, limón, etcétera, lo mismo en Michoacán que en Puebla, y Veracruz o Sinaloa...
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