México
Tren parlamentario
El desafuero
Los 384 diputados que votaron por el desafuero de Julio César Godoy Toscano metieron ayer a la Cámara de Diputados en los territorios de lo inédito, adonde inevitable fue que barbotara un río de argumentaciones jurídicas y políticas que, impetuoso, acometía las razones jurídicas de un dictamen que no pudo evitar teñirse con los colores de los partidos políticos.
“Julio César Godoy Toscano es un diputado narco”, decía en tribuna Gerardo Fernández Noroña. “Así lo dijeron desde que se le persiguió; así lo dijeron cuando lo metieron aquí de manera subrepticia; así lo dijeron cuando se le tomó protesta. Así lo han dicho durante semanas los medios de comunicación”.
Argumentación sin apellidos. Descarnada. Sin ambages. El petista siguió: “Se les olvida que la cúpula del PRI, PAN y PRD nos lo trajeron aquí a tomar protesta, y hoy ven lo que no vieron en ese tiempo. Entonces, esta Cámara tiene un triste papel, subordinada al Ejecutivo”.
Era el clímax, sin duda, de la hora y seis minutos que duró el juicio de procedencia. Era el momento en que Jorge Carlos Ramírez Marín, el presidente de la asamblea, tenía las comisuras apretadísimas, la frente fruncida, la mirada de un lince. Era el instante en que el silencio del pleno aguijoneaba con furia a todos los diputados. Fernández entonces apostilló: “No se le persigue por narco. Si fuera del grupo de El Chapo no lo tocarían; si fuera del grupo del PRI no lo tocarían; si fuera del grupo del PAN no lo tocarían; como no tocan a García Luna, el delincuente más peligroso que hay en el país”.
Bramaba el Bronx panista. Inteligibles los gritos.
Ya le gritaban groserías a Fernández. Pero siguió: “Desde Fox, los gobiernos panistas están vinculados a ‘El Chapo Guzmán’. De 53 mil 174 detenciones sólo 941 han sido al cártel de ‘El Chapo’. Pero la historia viene de atrás: el PRI también tiene su gente vinculada al narco. Esa es la verdad”.
Ahora el Bronx priista se revolvía. Pero siguió: “Desde los gobiernos de Miguel de la Madrid, sobre todo el de Salinas, con Raúl Salinas, y luego el de Zedillo, fueron abriendo la puerta. Llegaron (los narcos) muy cerca del círculo presidencial, pero nunca como con Fox y como con Calderón, que sirve al cártel de ‘El Chapo Guzmán’”.
Y el remate de una argumentación eminentemente política, la de Fernández. “Este es un acto de simulación, porque no se está persiguiendo al narco ni se está planteando hacer justicia, sino se está abriendo el camino a la gubernatura de Michoacán a la hermana de Calderón. Y sí, es tiempo de que Calderón vaya a la cárcel. Es tiempo de que García Luna, que es un narcotraficante, vaya a la cárcel”.
Punto final casi del juicio de procedencia. Hacia una hora, en el comienzo del sesionar, un priista hubo planteado los motivos del desafuero.
“Es muy importante precisar esto desde un inicio”, apostillaba en tribuna el presidente de la Sección Instructora César Augusto Santiago (PRI). “La función constitucional (del desafuero) es para constituir un acto administrativo, no de naturaleza judicial”.
Apuntalaba César Augusto su dicho, preguntándose y auto respondiéndose, a la usanza de los tribunos. “¿En qué consiste el acto administrativo? Si esta soberanía decide que ha lugar o no a proceder penalmente en contra del ciudadano Julio César Godoy Toscano”. “Es un acto administrativo. Se trata de decidir si hay elementos para que pueda el Poder Judicial, eso sí, proceder el juicio que tiene instaurado en su contra; nada más y nada menos”.
Se había citado al pleno a las cuatro de la tarde; pero la sesión especial iniciaba casi a las cinco. Se tenía en el programa sólo tres participaciones obligadas: la del agente del ministerio público; la del abogado defensor de Godoy Toscano, ante la ausencia de éste, y la del coordinador de la bancada de la que es miembro Godoy (la del PRD), Alejandro Encinas.
El enviado de la PGR había balbuceado en la tribuna 39 palabras. El defensor de Godoy, 52. Y por ahí se los agarró Gerardo Fernández Noroña; a ellos y al pleno y a la Sección Instructora.
Fue cuando César Augusto se apuntó para la tribuna. “Hemos hecho un esfuerzo al límite de nuestras capacidades y posibilidades e intelectuales”, restallaba el priista a Noroña. “Para presentar los cuatro miembros de la Sección Instructora un procedimiento pulcro”.
Y justificaba su incorporación a los posicionamientos: “Dada la motivación de nuestro amigo el diputado Fernández Noroña, con toda precisión voy a cuidar mis palabras al límite, para hacer una exposición muy sucinta del trabajo de la Sección Instructora”.
Prevalecía el silencio en el recinto. ¿Estaba la Cámara de Diputados metiéndose en las funciones del Poder Judicial, de interpretar la ley en la materia penal?
Entre César Augusto y los petistas, se había metido Alejandro Encinas, coordinador del PRD. “el día de hoy”, hubo dicho, “a nombre del grupo parlamentario del PRD queremos expresar nuestro voto a favor del desafuero constitucional del ciudadano Julio César Godoy Toscano, partiendo de la convicción de que deben ser los órganos jurisdiccionales correspondientes, apegados estrictamente a derecho, quienes deban determinar la inocencia o culpabilidad del hasta ahora diputado, sobre las acusaciones que ha fincado la PGR”.
Y pintaba su raya, expresamente: “Quiero dejar claramente establecido nuestro deslinde tajante de cualquier relación con acciones delictivas y con la delincuencia organizada. el país requiere de transparencia y congruencia entre quienes desempeñamos funciones públicas. Hoy todos los fueros están a discusión, los fueros normales y los de facto. Nuestro país necesita otra vida institucional y otra forma de rendir cuentas. Esperamos que este precedente que hoy fincamos no sea el comienzo de la utilización de instrumentos legales o de instituciones públicas para la persecución política en el marco de un escenario de descomposición general que se vive por la enorme influencia del crimen organizado en el país”.
“Julio César Godoy Toscano es un diputado narco”, decía en tribuna Gerardo Fernández Noroña. “Así lo dijeron desde que se le persiguió; así lo dijeron cuando lo metieron aquí de manera subrepticia; así lo dijeron cuando se le tomó protesta. Así lo han dicho durante semanas los medios de comunicación”.
Argumentación sin apellidos. Descarnada. Sin ambages. El petista siguió: “Se les olvida que la cúpula del PRI, PAN y PRD nos lo trajeron aquí a tomar protesta, y hoy ven lo que no vieron en ese tiempo. Entonces, esta Cámara tiene un triste papel, subordinada al Ejecutivo”.
Era el clímax, sin duda, de la hora y seis minutos que duró el juicio de procedencia. Era el momento en que Jorge Carlos Ramírez Marín, el presidente de la asamblea, tenía las comisuras apretadísimas, la frente fruncida, la mirada de un lince. Era el instante en que el silencio del pleno aguijoneaba con furia a todos los diputados. Fernández entonces apostilló: “No se le persigue por narco. Si fuera del grupo de El Chapo no lo tocarían; si fuera del grupo del PRI no lo tocarían; si fuera del grupo del PAN no lo tocarían; como no tocan a García Luna, el delincuente más peligroso que hay en el país”.
Bramaba el Bronx panista. Inteligibles los gritos.
Ya le gritaban groserías a Fernández. Pero siguió: “Desde Fox, los gobiernos panistas están vinculados a ‘El Chapo Guzmán’. De 53 mil 174 detenciones sólo 941 han sido al cártel de ‘El Chapo’. Pero la historia viene de atrás: el PRI también tiene su gente vinculada al narco. Esa es la verdad”.
Ahora el Bronx priista se revolvía. Pero siguió: “Desde los gobiernos de Miguel de la Madrid, sobre todo el de Salinas, con Raúl Salinas, y luego el de Zedillo, fueron abriendo la puerta. Llegaron (los narcos) muy cerca del círculo presidencial, pero nunca como con Fox y como con Calderón, que sirve al cártel de ‘El Chapo Guzmán’”.
Y el remate de una argumentación eminentemente política, la de Fernández. “Este es un acto de simulación, porque no se está persiguiendo al narco ni se está planteando hacer justicia, sino se está abriendo el camino a la gubernatura de Michoacán a la hermana de Calderón. Y sí, es tiempo de que Calderón vaya a la cárcel. Es tiempo de que García Luna, que es un narcotraficante, vaya a la cárcel”.
Punto final casi del juicio de procedencia. Hacia una hora, en el comienzo del sesionar, un priista hubo planteado los motivos del desafuero.
“Es muy importante precisar esto desde un inicio”, apostillaba en tribuna el presidente de la Sección Instructora César Augusto Santiago (PRI). “La función constitucional (del desafuero) es para constituir un acto administrativo, no de naturaleza judicial”.
Apuntalaba César Augusto su dicho, preguntándose y auto respondiéndose, a la usanza de los tribunos. “¿En qué consiste el acto administrativo? Si esta soberanía decide que ha lugar o no a proceder penalmente en contra del ciudadano Julio César Godoy Toscano”. “Es un acto administrativo. Se trata de decidir si hay elementos para que pueda el Poder Judicial, eso sí, proceder el juicio que tiene instaurado en su contra; nada más y nada menos”.
Se había citado al pleno a las cuatro de la tarde; pero la sesión especial iniciaba casi a las cinco. Se tenía en el programa sólo tres participaciones obligadas: la del agente del ministerio público; la del abogado defensor de Godoy Toscano, ante la ausencia de éste, y la del coordinador de la bancada de la que es miembro Godoy (la del PRD), Alejandro Encinas.
El enviado de la PGR había balbuceado en la tribuna 39 palabras. El defensor de Godoy, 52. Y por ahí se los agarró Gerardo Fernández Noroña; a ellos y al pleno y a la Sección Instructora.
Fue cuando César Augusto se apuntó para la tribuna. “Hemos hecho un esfuerzo al límite de nuestras capacidades y posibilidades e intelectuales”, restallaba el priista a Noroña. “Para presentar los cuatro miembros de la Sección Instructora un procedimiento pulcro”.
Y justificaba su incorporación a los posicionamientos: “Dada la motivación de nuestro amigo el diputado Fernández Noroña, con toda precisión voy a cuidar mis palabras al límite, para hacer una exposición muy sucinta del trabajo de la Sección Instructora”.
Prevalecía el silencio en el recinto. ¿Estaba la Cámara de Diputados metiéndose en las funciones del Poder Judicial, de interpretar la ley en la materia penal?
Entre César Augusto y los petistas, se había metido Alejandro Encinas, coordinador del PRD. “el día de hoy”, hubo dicho, “a nombre del grupo parlamentario del PRD queremos expresar nuestro voto a favor del desafuero constitucional del ciudadano Julio César Godoy Toscano, partiendo de la convicción de que deben ser los órganos jurisdiccionales correspondientes, apegados estrictamente a derecho, quienes deban determinar la inocencia o culpabilidad del hasta ahora diputado, sobre las acusaciones que ha fincado la PGR”.
Y pintaba su raya, expresamente: “Quiero dejar claramente establecido nuestro deslinde tajante de cualquier relación con acciones delictivas y con la delincuencia organizada. el país requiere de transparencia y congruencia entre quienes desempeñamos funciones públicas. Hoy todos los fueros están a discusión, los fueros normales y los de facto. Nuestro país necesita otra vida institucional y otra forma de rendir cuentas. Esperamos que este precedente que hoy fincamos no sea el comienzo de la utilización de instrumentos legales o de instituciones públicas para la persecución política en el marco de un escenario de descomposición general que se vive por la enorme influencia del crimen organizado en el país”.
Síguenos en