México
Tren parlamentario
Tiempo nublado
Una sombra de mal fario nubló ayer los territorios del Congreso de la Unión y ha vuelto a conmocionar a la clase política mexicana. A cinco meses de que fue muerto a balazos por desconocidos el gobernador electo de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú, ha caído asesinado, de la misma manera proditoria, el ex gobernador de Colima Jesús Silverio Cavazos Ceballos.
“El clima de violencia que hoy tiene México, no lo habíamos tenido nunca”, apostillaba en San Lázaro Esthela Damián Peralta, la diputada perredista que preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Manlio Fabio Beltrones, el senador más prominente del PRI y quien es presidente de la mesa directiva del Senado de la República, desde temprano había dicho también: “La violencia en el país está pasando de un escenario delicado a grave, porque no nada más ha alcanzado a más de 30 mil mexicanos en los últimos cuatro años, sino que hoy, en su escalamiento, viene a hacer efectos en otras partes de la sociedad”.
--¿Qué está sucediendo? -el diputado federal del PRI Arturo Zamora Jiménez se auto preguntaba en San Lázaro, para responder así: “Se está dejando de lado un renglón muy importante, que es la persecución de los delitos pase lo que pase. Estamos en el fomento a la impunidad de manera drástica y estamos en el ámbito de una situación que pareciera que no tiene retorno”.
Fue lo mismo que Beltrones se preguntó. Y afirmó que es obligación preguntar al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa “si los instrumentos (leyes) para combatir a la delincuencia que ha aprobado el Poder Legislativo están siendo utilizados a cabalidad y ordenadamente”.
Y entonces Beltrones reclamaba al Gobierno federal qué ha hecho con el arraigo, que a costa de imagen política los partidos políticos le extendieron a 80 días posibles “para poder integrar buenas investigaciones”.
Qué ha hecho el Gobierno federal, insistía Beltrones, luego de que el Poder Legislativo ha otorgado licencia para que realicen cateos y capacidad de intervenciones telefónicas. ¿Por qué no se utiliza la Ley de Extinción de Dominio para secar financieramente a la delincuencia, mediante el decomiso de sus propiedades?, se preguntaba.
En realidad, remachaba el senador priista, “no sabemos exactamente si el Ejecutivo Federal las ha utilizado en toda su dimensión para poder darnos resultados y abatir la delincuencia”.
Varios legisladores evocaban ayer las palabras funestas que el 23 de agosto pasado pronunció el entonces gobernador electo de Sinaloa Mario López Valdez, cuando dijo: “No tardan en que puedan matar a un gobernador”.
Aquel día, durante la Reunión Nacional de Autoridades Locales del PRD, el gobernador López Valdez había dicho también, en alusión a la muerte de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994: “Ya nos mataron a un candidato que iba a ser Presidente, un candidato a gobernador y recientemente a un alcalde. Falta poco para que maten a un gobernador; nadie puede descartarlo y yo quisiera decirlo para que no ocurra. No son tiempos de rajones. Creo que alguien tiene que sacar la casta en este momento y mandar al país en otra vía”.
Fue allí cuando Mario López había dicho que hay 600 mil delincuentes en México. Y cuando se preguntó: “Cómo van a poder 600 mil más que 106 millones?” Y remachaba: “Lo peor que puede pasar es que nos demos por vencidos”.
A la Cámara de Diputados llegó desde mediodía otro eco desde Colima. Fue la voz de la diputada federal del PRI Beatriz Paredes Rangel quien afirmó que el priismo “no se amedrentará” con el asesinato de otro de sus gobernadores.
Quienes hacían la crónica allí, describían una presidenta nacional del PRI de rostro consternado y de ánimo abatido. “Le hemos expresado toda nuestra solidaridad al gobernador”, había dicho Beatriz en alusión al actual gobernador de Colima Mario Anguiano. “Para que si requiere cualquier tipo de apoyo para la investigación y necesita nuestra gestoría ante las autoridades federales, sepa que cuenta con nosotros; nosotros esperamos que se esclarezca este crimen y nos parece fundamental que un hecho de violencia como él lo dijo en sus palabras, no trastoque a un Estado que es tan importante para el país”.
El asesinato del ex gobernador era una sombra que conmocionaba, por su alta carga funesta, de mal agüero ante la inobjetable ineficacia de las autoridades por esclarecer con prontitud ya no digamos todos los crímenes, sino éstos, en cuyo centro de fuego ha comenzado a aparecer la clase política mexicana.
La frase
“La Procuraduría local debe hacer una investigación rápida, creíble e informarnos a la sociedad que fue que lo pasó ”
José González Morfín,
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
“El clima de violencia que hoy tiene México, no lo habíamos tenido nunca”, apostillaba en San Lázaro Esthela Damián Peralta, la diputada perredista que preside la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Manlio Fabio Beltrones, el senador más prominente del PRI y quien es presidente de la mesa directiva del Senado de la República, desde temprano había dicho también: “La violencia en el país está pasando de un escenario delicado a grave, porque no nada más ha alcanzado a más de 30 mil mexicanos en los últimos cuatro años, sino que hoy, en su escalamiento, viene a hacer efectos en otras partes de la sociedad”.
--¿Qué está sucediendo? -el diputado federal del PRI Arturo Zamora Jiménez se auto preguntaba en San Lázaro, para responder así: “Se está dejando de lado un renglón muy importante, que es la persecución de los delitos pase lo que pase. Estamos en el fomento a la impunidad de manera drástica y estamos en el ámbito de una situación que pareciera que no tiene retorno”.
Fue lo mismo que Beltrones se preguntó. Y afirmó que es obligación preguntar al Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa “si los instrumentos (leyes) para combatir a la delincuencia que ha aprobado el Poder Legislativo están siendo utilizados a cabalidad y ordenadamente”.
Y entonces Beltrones reclamaba al Gobierno federal qué ha hecho con el arraigo, que a costa de imagen política los partidos políticos le extendieron a 80 días posibles “para poder integrar buenas investigaciones”.
Qué ha hecho el Gobierno federal, insistía Beltrones, luego de que el Poder Legislativo ha otorgado licencia para que realicen cateos y capacidad de intervenciones telefónicas. ¿Por qué no se utiliza la Ley de Extinción de Dominio para secar financieramente a la delincuencia, mediante el decomiso de sus propiedades?, se preguntaba.
En realidad, remachaba el senador priista, “no sabemos exactamente si el Ejecutivo Federal las ha utilizado en toda su dimensión para poder darnos resultados y abatir la delincuencia”.
Varios legisladores evocaban ayer las palabras funestas que el 23 de agosto pasado pronunció el entonces gobernador electo de Sinaloa Mario López Valdez, cuando dijo: “No tardan en que puedan matar a un gobernador”.
Aquel día, durante la Reunión Nacional de Autoridades Locales del PRD, el gobernador López Valdez había dicho también, en alusión a la muerte de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994: “Ya nos mataron a un candidato que iba a ser Presidente, un candidato a gobernador y recientemente a un alcalde. Falta poco para que maten a un gobernador; nadie puede descartarlo y yo quisiera decirlo para que no ocurra. No son tiempos de rajones. Creo que alguien tiene que sacar la casta en este momento y mandar al país en otra vía”.
Fue allí cuando Mario López había dicho que hay 600 mil delincuentes en México. Y cuando se preguntó: “Cómo van a poder 600 mil más que 106 millones?” Y remachaba: “Lo peor que puede pasar es que nos demos por vencidos”.
A la Cámara de Diputados llegó desde mediodía otro eco desde Colima. Fue la voz de la diputada federal del PRI Beatriz Paredes Rangel quien afirmó que el priismo “no se amedrentará” con el asesinato de otro de sus gobernadores.
Quienes hacían la crónica allí, describían una presidenta nacional del PRI de rostro consternado y de ánimo abatido. “Le hemos expresado toda nuestra solidaridad al gobernador”, había dicho Beatriz en alusión al actual gobernador de Colima Mario Anguiano. “Para que si requiere cualquier tipo de apoyo para la investigación y necesita nuestra gestoría ante las autoridades federales, sepa que cuenta con nosotros; nosotros esperamos que se esclarezca este crimen y nos parece fundamental que un hecho de violencia como él lo dijo en sus palabras, no trastoque a un Estado que es tan importante para el país”.
El asesinato del ex gobernador era una sombra que conmocionaba, por su alta carga funesta, de mal agüero ante la inobjetable ineficacia de las autoridades por esclarecer con prontitud ya no digamos todos los crímenes, sino éstos, en cuyo centro de fuego ha comenzado a aparecer la clase política mexicana.
La frase
“La Procuraduría local debe hacer una investigación rápida, creíble e informarnos a la sociedad que fue que lo pasó ”
José González Morfín,
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
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