México
Tren parlamentario
¿Canto de las sirenas?
El jueves 4, el Pleno de la Cámara de Diputados supo de una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, en la que sus proponentes plantean la creación de un programa permanente en todo el país de escuelas de tiempo completo.
Afirman en los considerandos de la citada iniciativa que el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el nivel de la primaria, tiene que ser de cuando menos ocho horas diarias, y no de cuatro y media a seis, como sucede actualmente, con el propósito de formalizar una política educativa integral y homogénea en todo el país. Y un modelo pedagógico que desarrolle actividades y conocimientos básicos con carácter científico, humanista, innovador y crítico.
Y para ello, han dicho los diputados de la iniciativa, se requeriría el año próximo “de una puesta presupuestal” de 32 mil 413 millones de pesos.
Con cambios como el que se propone en el sistema básico educativo, ha dicho con entusiasmo la diputada presentadora de la iniciativa, María de Jesús Aguirre Maldonado, se posibilitaría “un nuevo modelo que provea igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de los mexicanos”. Y también se generaría “un estado de equidad de oportunidades a partir de la educación”.
La diputada, sin duda, ha aludido uno de los problemas torales que tiene el Estado mexicano: el de su sistema educativo nacional.
En su iniciativa, la legisladora ha propuesto que incluso la segunda comida del día (la de las 14 horas) la hagan los niños dentro de las instalaciones escolares. Y sea el Estado el que la garantice de acuerdo inclusive con la obligación de cumplir con el derecho constitucional a la alimentación.
Aguirre es del PRI y anunció la iniciativa como un tema de la autoría de su partido y del PVEM.
Es de una condición social tan eminente la iniciativa, que tan luego concluyó Aguirre de presentarla en tribuna varios diputados de otros partidos políticos la respaldaron.
En su parte medular, se argumenta lo siguiente: “Se necesita de un esquema pedagógico que contemple materias de impartición distinta, espacios educativos correctos y un programa de estudios que se lleve a cabo en una jornada de tiempo completo, en específico ocho horas; tiempo suficiente para la realización de actividades esenciales que generen mayores oportunidades de aprendizaje. Es decir, una fórmula que implique cantidad y calidad.
“Se requiere de un horario extendido de ocho horas para cumplir con los fines educativos establecidos en la Ley General de Educación y así atender al Artículo 3o. Constitucional y en el caso internacional a la recomendación número siete de la Declaración de la UNESCO, en 2001, que a la letra dice: ‘Se requiere aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje, teniendo horizonte la ampliación progresiva del calendario, para alcanzar una jornada al menos de 200 días y al menos de mil horas anuales. La ampliación del tiempo ha de acompañarse de medidas que faciliten su aprovechamiento efectivo, por lo que es necesario utilizar métodos de enseñanza flexibles y diversificados.
“Esta iniciativa propone el horario extendido de escuelas primarias, con la finalidad de formalizar una política educativa integral que sea homogénea y que tenga una cobertura nacional, en la cual se establezca un nuevo modelo pedagógico que desarrolle actividades y conocimientos básicos, además de aquellos con un carácter científico, humanista, innovador y crítico”.
Cada que se escuchan en San Lázaro y Xicoténcatl este tipo de propuestas de reformas de ley, el sentido común se conturba, francamente, y se pregunta uno cuáles son los motivos por los cuales este tipo de iniciativas, a todas luces con un gran sentido social y de gran beneficio para el país, no fructifican. Y máxime cuando quienes las plantean son diputados –en este caso, diputada- del partido más poderoso del momento en el Congreso de la Unión: el PRI.
Los trazos de la iniciativa de Aguirre Maldonado son evocadores de los tiempos en que el artículo tercero constitucional tenía insertada la frase aquella del entonces presidente Lázaro Cárdenas, cuando rezaba así: “La educación deberá ser laica, obligatoria, gratuita y socialista”.
Cuando se fue Cárdenas de la Presidencia, en 1940, su sucesor, Manuel Ávila Camacho, entonces ordenó a los diputados y senadores del PRI de entonces a borrarle al Tercero el inserto cardenista de que la educación también debería ser socialista. Presiones del Gobierno gringo, justificaban.
Ahora, según la misma Aguirre, el presupuesto para que las escuelas tengan alumnos ocho horas no es como para que nadie en San Lázaro se asustase. Menos de un punto porcentual del IVA (35 mil millones). Menos todavía de lo que se busca este año ajustar el gasto corriente del Gobierno federal (40 mil millones de pesos).
Si iniciativas como ésta no se les dictamina y aprueba, ni siquiera cuando las impulsan diputados del PRI –que son los que tienen la capacidad decisoria en la LXI Legislatura, como ningún otro partido político-, entonces no podrá verse más que como un canto de sirenas, que sólo buscan cautivar incautos con fines electorales.
Afirman en los considerandos de la citada iniciativa que el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el nivel de la primaria, tiene que ser de cuando menos ocho horas diarias, y no de cuatro y media a seis, como sucede actualmente, con el propósito de formalizar una política educativa integral y homogénea en todo el país. Y un modelo pedagógico que desarrolle actividades y conocimientos básicos con carácter científico, humanista, innovador y crítico.
Y para ello, han dicho los diputados de la iniciativa, se requeriría el año próximo “de una puesta presupuestal” de 32 mil 413 millones de pesos.
Con cambios como el que se propone en el sistema básico educativo, ha dicho con entusiasmo la diputada presentadora de la iniciativa, María de Jesús Aguirre Maldonado, se posibilitaría “un nuevo modelo que provea igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de los mexicanos”. Y también se generaría “un estado de equidad de oportunidades a partir de la educación”.
La diputada, sin duda, ha aludido uno de los problemas torales que tiene el Estado mexicano: el de su sistema educativo nacional.
En su iniciativa, la legisladora ha propuesto que incluso la segunda comida del día (la de las 14 horas) la hagan los niños dentro de las instalaciones escolares. Y sea el Estado el que la garantice de acuerdo inclusive con la obligación de cumplir con el derecho constitucional a la alimentación.
Aguirre es del PRI y anunció la iniciativa como un tema de la autoría de su partido y del PVEM.
Es de una condición social tan eminente la iniciativa, que tan luego concluyó Aguirre de presentarla en tribuna varios diputados de otros partidos políticos la respaldaron.
En su parte medular, se argumenta lo siguiente: “Se necesita de un esquema pedagógico que contemple materias de impartición distinta, espacios educativos correctos y un programa de estudios que se lleve a cabo en una jornada de tiempo completo, en específico ocho horas; tiempo suficiente para la realización de actividades esenciales que generen mayores oportunidades de aprendizaje. Es decir, una fórmula que implique cantidad y calidad.
“Se requiere de un horario extendido de ocho horas para cumplir con los fines educativos establecidos en la Ley General de Educación y así atender al Artículo 3o. Constitucional y en el caso internacional a la recomendación número siete de la Declaración de la UNESCO, en 2001, que a la letra dice: ‘Se requiere aumentar el tiempo dedicado al aprendizaje, teniendo horizonte la ampliación progresiva del calendario, para alcanzar una jornada al menos de 200 días y al menos de mil horas anuales. La ampliación del tiempo ha de acompañarse de medidas que faciliten su aprovechamiento efectivo, por lo que es necesario utilizar métodos de enseñanza flexibles y diversificados.
“Esta iniciativa propone el horario extendido de escuelas primarias, con la finalidad de formalizar una política educativa integral que sea homogénea y que tenga una cobertura nacional, en la cual se establezca un nuevo modelo pedagógico que desarrolle actividades y conocimientos básicos, además de aquellos con un carácter científico, humanista, innovador y crítico”.
Cada que se escuchan en San Lázaro y Xicoténcatl este tipo de propuestas de reformas de ley, el sentido común se conturba, francamente, y se pregunta uno cuáles son los motivos por los cuales este tipo de iniciativas, a todas luces con un gran sentido social y de gran beneficio para el país, no fructifican. Y máxime cuando quienes las plantean son diputados –en este caso, diputada- del partido más poderoso del momento en el Congreso de la Unión: el PRI.
Los trazos de la iniciativa de Aguirre Maldonado son evocadores de los tiempos en que el artículo tercero constitucional tenía insertada la frase aquella del entonces presidente Lázaro Cárdenas, cuando rezaba así: “La educación deberá ser laica, obligatoria, gratuita y socialista”.
Cuando se fue Cárdenas de la Presidencia, en 1940, su sucesor, Manuel Ávila Camacho, entonces ordenó a los diputados y senadores del PRI de entonces a borrarle al Tercero el inserto cardenista de que la educación también debería ser socialista. Presiones del Gobierno gringo, justificaban.
Ahora, según la misma Aguirre, el presupuesto para que las escuelas tengan alumnos ocho horas no es como para que nadie en San Lázaro se asustase. Menos de un punto porcentual del IVA (35 mil millones). Menos todavía de lo que se busca este año ajustar el gasto corriente del Gobierno federal (40 mil millones de pesos).
Si iniciativas como ésta no se les dictamina y aprueba, ni siquiera cuando las impulsan diputados del PRI –que son los que tienen la capacidad decisoria en la LXI Legislatura, como ningún otro partido político-, entonces no podrá verse más que como un canto de sirenas, que sólo buscan cautivar incautos con fines electorales.
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