México
Tren parlamentario
El pago pendiente de los 38 mil pesos
Pues sí, finalmente el presidente Felipe Calderón ordenó que se publicara en el Diario Oficial de la Federación –el 10 de septiembre pasado- el decreto en el que se mandata pagar en una sola exhibición los 38 mil pesos que todavía debe el gobierno federal a ex trabajadores migratorios. Y sin embargo, en la Cámara de Diputados persiste la incertidumbre respecto de si en el Presupuesto de Egresos de 2011 vayan los legisladores a disponer del suficiente dinero para cumplir con la ley.
No fue culpa de legislador alguno, ciertamente, el que los ex trabajadores migratorios hayan sido mordidos en el calcañal por la mala fe, cuando el 29 de junio del 2009 este mismo gobierno de Calderón ordenó entonces publicar en el DOF una modalidad de pago que nomás no tuvo nombre: en abonos de 4 mil pesos hasta que se cubrieran los 38 mil que cada ex trabajador migratorio debe cobrar, reconocido en un padrón previamente autorizado por Gobernación.
Cuando casi concluía el periodo ordinario de sesiones de febrero-abril pasados, las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron una reforma a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en la que mandataron al Ejecutivo Federal a considerar el pago de los 38 mil pesos en una sola exhibición, para los ex trabajadores que todavía faltaran de cobrarlo.
Como Calderón tardó tanto para la publicación de la ley aquella, varios se pusieron a pensar que el Presidente pretendería hacerse el tiololo solo, y entonces hubo quienes pidieron al pleno de la Comisión Permanente que exhortaran al Ejecutivo Federal a que concluyera el proceso legislativo de la reforma de marras.
No hay proceso de ley que sirva si el Ejecutivo no lo cierra antes, publicando en el DOF las normas construidas en el Congreso. Y, por fin, éste fue concluido el 10 de septiembre.
Pero, cosas de las mañas del actual Ejecutivo, es de suponer que esperó entregar primero al Congreso su propuesta de paquete fiscal –en la que se incluye, obviamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011- para publicar después la reforma legal aquella que implicará erogar obligadamente una partida con destino ex profeso.
Mañoso como él solo, el actual Ejecutivo Federal propuso en su proyecto de presupuesto de egresos para 2011 algo así como 200 millones de pesos para el pago de los 38 mil pesos a los ex trabajadores que aún no cobran nada, o todo.
De esta forma, el gobierno federal dejó el paquete a los diputados para que saquen o redistribuyan como ellos puedan. Y no son 200 millones solamente, sino entre 5300 millones y 6800 millones de pesos los que tendrían que destinarse en el gasto de 2011, para finiquitar de una buena vez la deuda que el Estado mexicano tiene con los ex trabajadores migratorios.
Este jueves, por cierto, un diputado del partido de Felipe Calderón, la panista Norma Leticia Salazar Vázquez presentó un punto de acuerdo mediante el cual solicitó al pleno camaral que exhortara a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en la discusión, asignación y autorización del presupuesto de egresos para el año siguiente, se etiqueten recursos para cumplir con el decreto del 10 de septiembre pasado.
El pleno aprobó el exhorto de manera urgente. Pero nadie cuestionó al Ejecutivo Federal por qué a sabiendas de que tenía que cumplir con la ley, en su propuesta de gasto público que envió a San Lázaro el 8 de septiembre, propuso una cantidad para el pago a ex trabajadores migratorios bastante lejana de la que presumiblemente ya sabía que se tendría que erogar.
De aquí al día 15 de este noviembre que comienza, las organizaciones de ex trabajadores migratorios que hicieron posible lo que se creía una cobranza imposible deberán estar muy pendientes de que en San Lázaro dispongan del dinero suficiente para que, ahora sí, cobren todos, todo lo que tienen que cobrar.
No fue culpa de legislador alguno, ciertamente, el que los ex trabajadores migratorios hayan sido mordidos en el calcañal por la mala fe, cuando el 29 de junio del 2009 este mismo gobierno de Calderón ordenó entonces publicar en el DOF una modalidad de pago que nomás no tuvo nombre: en abonos de 4 mil pesos hasta que se cubrieran los 38 mil que cada ex trabajador migratorio debe cobrar, reconocido en un padrón previamente autorizado por Gobernación.
Cuando casi concluía el periodo ordinario de sesiones de febrero-abril pasados, las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron una reforma a la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, en la que mandataron al Ejecutivo Federal a considerar el pago de los 38 mil pesos en una sola exhibición, para los ex trabajadores que todavía faltaran de cobrarlo.
Como Calderón tardó tanto para la publicación de la ley aquella, varios se pusieron a pensar que el Presidente pretendería hacerse el tiololo solo, y entonces hubo quienes pidieron al pleno de la Comisión Permanente que exhortaran al Ejecutivo Federal a que concluyera el proceso legislativo de la reforma de marras.
No hay proceso de ley que sirva si el Ejecutivo no lo cierra antes, publicando en el DOF las normas construidas en el Congreso. Y, por fin, éste fue concluido el 10 de septiembre.
Pero, cosas de las mañas del actual Ejecutivo, es de suponer que esperó entregar primero al Congreso su propuesta de paquete fiscal –en la que se incluye, obviamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011- para publicar después la reforma legal aquella que implicará erogar obligadamente una partida con destino ex profeso.
Mañoso como él solo, el actual Ejecutivo Federal propuso en su proyecto de presupuesto de egresos para 2011 algo así como 200 millones de pesos para el pago de los 38 mil pesos a los ex trabajadores que aún no cobran nada, o todo.
De esta forma, el gobierno federal dejó el paquete a los diputados para que saquen o redistribuyan como ellos puedan. Y no son 200 millones solamente, sino entre 5300 millones y 6800 millones de pesos los que tendrían que destinarse en el gasto de 2011, para finiquitar de una buena vez la deuda que el Estado mexicano tiene con los ex trabajadores migratorios.
Este jueves, por cierto, un diputado del partido de Felipe Calderón, la panista Norma Leticia Salazar Vázquez presentó un punto de acuerdo mediante el cual solicitó al pleno camaral que exhortara a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, en la discusión, asignación y autorización del presupuesto de egresos para el año siguiente, se etiqueten recursos para cumplir con el decreto del 10 de septiembre pasado.
El pleno aprobó el exhorto de manera urgente. Pero nadie cuestionó al Ejecutivo Federal por qué a sabiendas de que tenía que cumplir con la ley, en su propuesta de gasto público que envió a San Lázaro el 8 de septiembre, propuso una cantidad para el pago a ex trabajadores migratorios bastante lejana de la que presumiblemente ya sabía que se tendría que erogar.
De aquí al día 15 de este noviembre que comienza, las organizaciones de ex trabajadores migratorios que hicieron posible lo que se creía una cobranza imposible deberán estar muy pendientes de que en San Lázaro dispongan del dinero suficiente para que, ahora sí, cobren todos, todo lo que tienen que cobrar.
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