México
Tren parlamentario
Las grandes heridas del país
Con la discusión formal del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, cuyo monto ha previsto la Ley de Ingresos en tres billones 438 mil 826 millones 900 mil pesos, llegará también a San Lázaro —aupada en el debate— la exigencia de gastarlo meticulosa y honradamente.
Una cosa es que la Cámara de Diputados revise, reasigne y establezca los parámetros sobre los cuales tendrá que encarrilarse el ejercicio del gasto público del año siguiente, y otra muy distinta que pueda el Legislativo realmente influir para que éste sea ejercido con la escrupulosidad, rectitud e integridad que los mexicanos sin lugar a dudas quieren que así se haga.
La rendición de cuentas y la calidad del gasto en México han sido dos viejos anhelos difíciles de cumplir, porque las leyes han estado rotas —y retorcidas, a conveniencia de poderes fácticos— desde hace mucho tiempo y realmente ningún partido político, cuando llega al poder, ha querido con seriedad revisarlas para que las fugas de los recursos no continúen.
El discurso del Partido Acción Nacional cuando era oposición se afincaba en la exigencia de combatir la corrupción y la impunidad. Y si un sello traían en la frente entonces los gobiernos emanados del PRI era, precisamente, el de la corrupción y la impunidad.
Estas dos características de la anomalía de nuestros gobiernos son ya, de hecho, la característica fundamental de los gobiernos emanados del PAN: el de Vicente Fox y el actual, de Felipe Calderón. De ello ha dado pruebas fehacientes estos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Desde que los panistas llegaron al poder, en 2000, han frenado sistemáticamente la revisión y reforma de las leyes para fortalecer los contrapesos constitucionales. El de Fox y el de Calderón han sido gobiernos demostradamente corruptos, que optaron por el cinismo para que mejor se les resbalara el alud de críticas que les acomete.
Verbigracia: el Congreso de la Unión no ha visto desde 1999 una reforma a su Ley Orgánica, que le permitiera apuntalar su función esencial de servir de contrapeso al grupo que ejerce la Presidencia de la República.
Calderón se reveló como un super mañoso que ha utilizado los vacíos y vericuetos jurídicos para “darle la vuelta” al Congreso y terminar haciendo lo que él quiere. A la hora de gastar el dinero público, el Gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace reasignaciones y aplica reglas de operación sin que, en ello, el Poder Legislativo pueda hacer nada.
Muchas de esas reasignaciones y reglas han estado tremendamente contaminadas por los intereses político-partidistas de quienes son Gobierno federal; aunque, claro, estas conductas caracterizadas por el agandalle, no son exclusivas del panismo, porque en los otros dos niveles de Gobierno (el estatal y municipal) también los administradores emanados de otros partidos —caso concreto, del PRD y PRI— suelen retorcer los presupuestos.
En México, difícilmente alguno de los gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal) escapa de la sospecha generalizada de que la administración pública sólo es utilizada para desviar dinero con fines político-electorales y, lo más que se pueda, para los bolsillos de quienes administran o resuelven en torno de los destinos de las partidas presupuestarias. Tan sólo en 2008, la ASF —en su revisión de la Cuenta Pública— denunció que más de 34 mil millones de pesos fueron ejercidos irregularmente.
No es la intención aquí de tildar de corruptos a todos los que tienen un cargo en algún Gobierno, o encargo público. Pero es obvio que la falta de controles legislativos, y un derecho positivo que se presta a dar por buenas interpretaciones de la ley a veces muy opuestas entre sí sobre un determinado hecho jurídico, siguen causando grandes heridas al país, por la de la corrupción y la impunidad.
Una cosa es que la Cámara de Diputados revise, reasigne y establezca los parámetros sobre los cuales tendrá que encarrilarse el ejercicio del gasto público del año siguiente, y otra muy distinta que pueda el Legislativo realmente influir para que éste sea ejercido con la escrupulosidad, rectitud e integridad que los mexicanos sin lugar a dudas quieren que así se haga.
La rendición de cuentas y la calidad del gasto en México han sido dos viejos anhelos difíciles de cumplir, porque las leyes han estado rotas —y retorcidas, a conveniencia de poderes fácticos— desde hace mucho tiempo y realmente ningún partido político, cuando llega al poder, ha querido con seriedad revisarlas para que las fugas de los recursos no continúen.
El discurso del Partido Acción Nacional cuando era oposición se afincaba en la exigencia de combatir la corrupción y la impunidad. Y si un sello traían en la frente entonces los gobiernos emanados del PRI era, precisamente, el de la corrupción y la impunidad.
Estas dos características de la anomalía de nuestros gobiernos son ya, de hecho, la característica fundamental de los gobiernos emanados del PAN: el de Vicente Fox y el actual, de Felipe Calderón. De ello ha dado pruebas fehacientes estos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Desde que los panistas llegaron al poder, en 2000, han frenado sistemáticamente la revisión y reforma de las leyes para fortalecer los contrapesos constitucionales. El de Fox y el de Calderón han sido gobiernos demostradamente corruptos, que optaron por el cinismo para que mejor se les resbalara el alud de críticas que les acomete.
Verbigracia: el Congreso de la Unión no ha visto desde 1999 una reforma a su Ley Orgánica, que le permitiera apuntalar su función esencial de servir de contrapeso al grupo que ejerce la Presidencia de la República.
Calderón se reveló como un super mañoso que ha utilizado los vacíos y vericuetos jurídicos para “darle la vuelta” al Congreso y terminar haciendo lo que él quiere. A la hora de gastar el dinero público, el Gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace reasignaciones y aplica reglas de operación sin que, en ello, el Poder Legislativo pueda hacer nada.
Muchas de esas reasignaciones y reglas han estado tremendamente contaminadas por los intereses político-partidistas de quienes son Gobierno federal; aunque, claro, estas conductas caracterizadas por el agandalle, no son exclusivas del panismo, porque en los otros dos niveles de Gobierno (el estatal y municipal) también los administradores emanados de otros partidos —caso concreto, del PRD y PRI— suelen retorcer los presupuestos.
En México, difícilmente alguno de los gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal) escapa de la sospecha generalizada de que la administración pública sólo es utilizada para desviar dinero con fines político-electorales y, lo más que se pueda, para los bolsillos de quienes administran o resuelven en torno de los destinos de las partidas presupuestarias. Tan sólo en 2008, la ASF —en su revisión de la Cuenta Pública— denunció que más de 34 mil millones de pesos fueron ejercidos irregularmente.
No es la intención aquí de tildar de corruptos a todos los que tienen un cargo en algún Gobierno, o encargo público. Pero es obvio que la falta de controles legislativos, y un derecho positivo que se presta a dar por buenas interpretaciones de la ley a veces muy opuestas entre sí sobre un determinado hecho jurídico, siguen causando grandes heridas al país, por la de la corrupción y la impunidad.
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