México
Tren parlamentario
Oficio de tinta roja
El secuestro, hace una semana, de cuatro periodistas por parte de miembros del crimen organizado, fue el párrafo más reciente de un libro que, sobre el ejercicio del periodismo en México, se comenzó a escribir con tinta roja el 30 de mayo de 1984, el día en que fue muerto a mansalva Manuel Buendía.
Desde entonces, unos 120 hombres y mujeres dedicados a este oficio del registro y análisis de la realidad han sido asesinados unos, desaparecidos otros, y los menos rescatados vivos para contarlo.
En lo que va de 2010, nueve compañeros y compañeras han sido muertos invariablemente a balazos y no ha habido uno solo que no haya pasado previamente por el martirio que implica la amenaza de muerte, como respuesta sanguinaria al ejercicio de la libertad de expresión.
Las agresiones a periodistas se incrementaron a partir del año 2000. Y cada año que pasa, el número de muertes bate al anterior. Verbigracia: en 2008, murieron 11; en 2009, 14. Y aunque el número en que ya van en 2010 avanza con prontitud, las autoridades del Estado mexicano encargadas de evitar que estos crímenes ocurran, dan la impresión inobjetable de que en realidad no han hecho nada.
Cada que muere un periodista, de inmediato los móviles del crimen perfilan como culpables a gente metida en el crimen organizado. De esos que se dedican a chacaladas de marca mayor como el secuestro, la trata de blancas y el narcotráfico.
La inmensa mayoría de esos crímenes está sin resolver. Los asesinos raramente son aprehendidos, y los casos abiertos se acumulan en los silos polvosos y no menos podridos del sistema judicial mexicano.
Desde siempre ha habido la sospecha en el medio periodístico de que no todos los asesinos están del lado de los delincuentes oficialmente reconocidos como tales, sino también del lado de las autoridades encargadas precisamente de las instituciones del Estado mexicano responsables de combatir al crimen organizado.
El contubernio entre autoridades y criminales crece y se multiplica, sin duda, mejor en la oscuridad que en la luz. Y la nutre un río subterráneo, caudaloso y no menos turbulento, de dinero sucio. Por cierto, antier, en Puerto Vallarta, un dato sobre lo que cuesta al crimen organizado corromper a policías en todo el país barbotó de la voz de Genaro García Luna, el —para no variar— también cuestionado secretario de Seguridad Pública federal: mil 300 millones de pesos anuales.
En todos estos años, y cada que muere un periodista de manera violenta y por causas de su ejercicio de la libertad de expresión, del lado de las autoridades y de los gobiernos federal, estatales y municipales se ha apisonado un camino estrecho y oblicuo, por donde siempre enrutan a las investigaciones para que no miren hacia esa relación muy desafortunada y lamentable para la República como es la connivencia entre autoridades y forajidos.
Las agresiones contra periodistas en México han sido tan escandalosamente impunes que los ojos del mundo han vuelto a mirar hacia el país. Y organizaciones como lo son la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se acaban de incorporar a las exigencias que han estado haciendo, en el sentido de que se aclaren los crímenes y que paren, desde hace varios años organizaciones del gremio periodístico, nacionales y extranjeros.
Del 9 al 12 de agosto harán una visita oficial a México los relatores especiales para la libertad de expresión de la OEA y ONU, Catalina Botero y Frank La Rue, respectivamente.
Se reunirán con Felipe Calderón y con los legisladores que integran la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados.
Ayer, por cierto, en diversas ciudades mexicanas periodistas marcharon como protesta contra la impunidad que ha prevalecido en todos estos crímenes contra los compañeros y compañeras que han sido asesinados por causa del ejercicio de su trabajo reporteril.
Se vieron allí a periodistas por cuenta propia y a organizaciones gremiales que defienden el ejercicio de la libertad de expresión, como la Fundalex, que preside Armando Prida Huerta.
Al menos en la que se hizo del Monumento a la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, no hubo discursos de nadie. Sólo se leyó en voz alta los nombres de los periodistas muertos y desaparecidos en todos estos años.
Ahora sí, en víspera de la llegada de los relatores aquellos de la ONU y OEA, de manera súbita el Presidente Felipe Calderón ha comenzado a mirar hacia el gremio de los periodistas y, en una reunión que sostuvo el viernes con editores y dueños de medios de información, ha recomendado que se autorregulen para evitar caer en la apología del delito.
Y ofreció apoyo para poner freno a las agresiones contra quienes ejercen el oficio de periodista. De ser así, seguro ya tiene mucho trabajo acumulado.
Desde entonces, unos 120 hombres y mujeres dedicados a este oficio del registro y análisis de la realidad han sido asesinados unos, desaparecidos otros, y los menos rescatados vivos para contarlo.
En lo que va de 2010, nueve compañeros y compañeras han sido muertos invariablemente a balazos y no ha habido uno solo que no haya pasado previamente por el martirio que implica la amenaza de muerte, como respuesta sanguinaria al ejercicio de la libertad de expresión.
Las agresiones a periodistas se incrementaron a partir del año 2000. Y cada año que pasa, el número de muertes bate al anterior. Verbigracia: en 2008, murieron 11; en 2009, 14. Y aunque el número en que ya van en 2010 avanza con prontitud, las autoridades del Estado mexicano encargadas de evitar que estos crímenes ocurran, dan la impresión inobjetable de que en realidad no han hecho nada.
Cada que muere un periodista, de inmediato los móviles del crimen perfilan como culpables a gente metida en el crimen organizado. De esos que se dedican a chacaladas de marca mayor como el secuestro, la trata de blancas y el narcotráfico.
La inmensa mayoría de esos crímenes está sin resolver. Los asesinos raramente son aprehendidos, y los casos abiertos se acumulan en los silos polvosos y no menos podridos del sistema judicial mexicano.
Desde siempre ha habido la sospecha en el medio periodístico de que no todos los asesinos están del lado de los delincuentes oficialmente reconocidos como tales, sino también del lado de las autoridades encargadas precisamente de las instituciones del Estado mexicano responsables de combatir al crimen organizado.
El contubernio entre autoridades y criminales crece y se multiplica, sin duda, mejor en la oscuridad que en la luz. Y la nutre un río subterráneo, caudaloso y no menos turbulento, de dinero sucio. Por cierto, antier, en Puerto Vallarta, un dato sobre lo que cuesta al crimen organizado corromper a policías en todo el país barbotó de la voz de Genaro García Luna, el —para no variar— también cuestionado secretario de Seguridad Pública federal: mil 300 millones de pesos anuales.
En todos estos años, y cada que muere un periodista de manera violenta y por causas de su ejercicio de la libertad de expresión, del lado de las autoridades y de los gobiernos federal, estatales y municipales se ha apisonado un camino estrecho y oblicuo, por donde siempre enrutan a las investigaciones para que no miren hacia esa relación muy desafortunada y lamentable para la República como es la connivencia entre autoridades y forajidos.
Las agresiones contra periodistas en México han sido tan escandalosamente impunes que los ojos del mundo han vuelto a mirar hacia el país. Y organizaciones como lo son la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se acaban de incorporar a las exigencias que han estado haciendo, en el sentido de que se aclaren los crímenes y que paren, desde hace varios años organizaciones del gremio periodístico, nacionales y extranjeros.
Del 9 al 12 de agosto harán una visita oficial a México los relatores especiales para la libertad de expresión de la OEA y ONU, Catalina Botero y Frank La Rue, respectivamente.
Se reunirán con Felipe Calderón y con los legisladores que integran la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados.
Ayer, por cierto, en diversas ciudades mexicanas periodistas marcharon como protesta contra la impunidad que ha prevalecido en todos estos crímenes contra los compañeros y compañeras que han sido asesinados por causa del ejercicio de su trabajo reporteril.
Se vieron allí a periodistas por cuenta propia y a organizaciones gremiales que defienden el ejercicio de la libertad de expresión, como la Fundalex, que preside Armando Prida Huerta.
Al menos en la que se hizo del Monumento a la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, no hubo discursos de nadie. Sólo se leyó en voz alta los nombres de los periodistas muertos y desaparecidos en todos estos años.
Ahora sí, en víspera de la llegada de los relatores aquellos de la ONU y OEA, de manera súbita el Presidente Felipe Calderón ha comenzado a mirar hacia el gremio de los periodistas y, en una reunión que sostuvo el viernes con editores y dueños de medios de información, ha recomendado que se autorregulen para evitar caer en la apología del delito.
Y ofreció apoyo para poner freno a las agresiones contra quienes ejercen el oficio de periodista. De ser así, seguro ya tiene mucho trabajo acumulado.
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