México
Tren parlamentario
Libertad de expresión bajo fuego
La Cámara de Diputados se internó ayer por el mismo sendero donde ya lo habían hecho, por la mañana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fundación para la Libertad de Expresión. Y reforzó la exigencia a los tres niveles de Gobierno que investiguen, detengan y sancionen a quienes asesinaron al periodista michoacano Hugo Alfredo Olivera Cartas, durante la noche de este lunes, camino de la redacción a su casa.
Olivera es el sexto periodista que muere asesinado en 2010. Y ocurre justo cuando la Procuraduría General de la República ha renovado –cuando menos en el nombre- la Fiscalía Especial de seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. A partir de ayer se le conoce como Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
En lo que va del sexenio, más de 60 trabajadores de los medios de información han sido asesinados, y, en ninguno de los casos, se ha atrapado a los responsables y, por tanto, sometidos a juicio.
Campea la impunidad de quienes han ordenado asesinatos a periodistas. Ahora fue un compañero michoacano, como en abril también de esa Entidad cayeron acribillados. No hace más de una semana en que ocurrió lo mismo en Chilpancingo, con dos periodistas más. Y más antes en Veracruz y Coahuila.
En mayo, durante la celebración de un foro sobre la libertad de expresión en México, un periodista tamaulipeco dijo en San Lázaro cómo en su Entidad, y prácticamente en todo el Norte del país, los periódicos son vigilados y amenazados desde la oscuridad, por gente sin duda criminal, pero que no se sabe a ciencia exacta si militan en bandas declaradamente ilegales o son sujetos incrustados en cuerpos policíacos, militares o en los casilleros político-administrativos de los gobiernos municipales, estatales y aún federales.
Ayer, la CNDH dijo que el asesinato de Olivera Cartas “confirma que la libertad de expresión en México pasa por una de las etapas más críticas de los años recientes”. Y la diputada presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Yolanda Valencia Vales, ya, por la noche, exigía a las autoridades de Michoacán y federales a que brinden “la protección necesaria a todos los periodistas del país y aseguren la reparación del daño para las víctimas o la familia de las víctimas”.
Ninguna autoridad o representante de institución alguna ha llegado hasta donde ya está Armando Prida Huerta, el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, quien desde hace más de un año ha sostenido un reclamo intenso a las autoridades para que no sólo cumplan con su encargo constitucional de proteger a los que ejercen el oficio de periodistas, sino que también a quienes hayan sido asesinados, que sus deudos reciban protección del Estado, adoptándolos hasta la mayoría de edad, en caso de los hijos, y hasta la muerte en el caso de los padres que ha dejado el periodista. En la gran mayoría de los casos, los periodistas asesinados habían sido el sostén de sus progenitores. Y, dolorosa coincidencia, la mayoría también tenían hijos en edad de educación básica.
Ayer, en San Lázaro, en medio de esa festividad que no para en la oposición del PAN y PRD, por haber derrotado durante comicios presidenciales (Oaxaca, Puebla y Sinaloa), la muerte del periodista michoacano hizo recordar el asesinato de Manuel Buendía, en 1984, cuando se supo que después de su muerte en plena Avenida Insurgentes, Ciudad de México, su oficina fue objeto de un saqueo en la sección de sus archivos.
Uno de los elementos noticiosos de la muerte del michoacano consistió en saber que un grupo de desconocidos –durante la madrugada del martes, cuando presumiblemente acababa de ser asesinado el periodista-- se introdujo en su oficina y extrajo discos duros de las computadoras, así como memorias y algunas unidades centrales de procesamiento, conocidas como cpu.
Un tema pendiente de los legisladores es, sin duda, plasmar en la ley la propuesta de Armando Prida Huerta: que el Estado mexicano asegure económica y educacionalmente a los hijos y deudos más sentidos del periodista que sea asesinado por causas de su trabajo.
La Fiscalía de la PGR encargada del tema deberá trabajar con seriedad para que comience a haber resultados de investigaciones permanentemente atascadas. Hay un dato por ahí que escuece, y que no debe soslayar la autoridad: no sólo criminales dedicados a delitos de la peor ralea, como el narcotráfico, secuestro y trata de blancas, han sido considerados los autores intelectuales y materiales de tales crímenes. También, entre los responsables, se sospecha que hay autoridades incrustadas en cuerpos policíacos, militares y en la administración pública, fundamentalmente de los niveles municipales y estatales.
Olivera es el sexto periodista que muere asesinado en 2010. Y ocurre justo cuando la Procuraduría General de la República ha renovado –cuando menos en el nombre- la Fiscalía Especial de seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. A partir de ayer se le conoce como Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
En lo que va del sexenio, más de 60 trabajadores de los medios de información han sido asesinados, y, en ninguno de los casos, se ha atrapado a los responsables y, por tanto, sometidos a juicio.
Campea la impunidad de quienes han ordenado asesinatos a periodistas. Ahora fue un compañero michoacano, como en abril también de esa Entidad cayeron acribillados. No hace más de una semana en que ocurrió lo mismo en Chilpancingo, con dos periodistas más. Y más antes en Veracruz y Coahuila.
En mayo, durante la celebración de un foro sobre la libertad de expresión en México, un periodista tamaulipeco dijo en San Lázaro cómo en su Entidad, y prácticamente en todo el Norte del país, los periódicos son vigilados y amenazados desde la oscuridad, por gente sin duda criminal, pero que no se sabe a ciencia exacta si militan en bandas declaradamente ilegales o son sujetos incrustados en cuerpos policíacos, militares o en los casilleros político-administrativos de los gobiernos municipales, estatales y aún federales.
Ayer, la CNDH dijo que el asesinato de Olivera Cartas “confirma que la libertad de expresión en México pasa por una de las etapas más críticas de los años recientes”. Y la diputada presidenta de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Yolanda Valencia Vales, ya, por la noche, exigía a las autoridades de Michoacán y federales a que brinden “la protección necesaria a todos los periodistas del país y aseguren la reparación del daño para las víctimas o la familia de las víctimas”.
Ninguna autoridad o representante de institución alguna ha llegado hasta donde ya está Armando Prida Huerta, el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, quien desde hace más de un año ha sostenido un reclamo intenso a las autoridades para que no sólo cumplan con su encargo constitucional de proteger a los que ejercen el oficio de periodistas, sino que también a quienes hayan sido asesinados, que sus deudos reciban protección del Estado, adoptándolos hasta la mayoría de edad, en caso de los hijos, y hasta la muerte en el caso de los padres que ha dejado el periodista. En la gran mayoría de los casos, los periodistas asesinados habían sido el sostén de sus progenitores. Y, dolorosa coincidencia, la mayoría también tenían hijos en edad de educación básica.
Ayer, en San Lázaro, en medio de esa festividad que no para en la oposición del PAN y PRD, por haber derrotado durante comicios presidenciales (Oaxaca, Puebla y Sinaloa), la muerte del periodista michoacano hizo recordar el asesinato de Manuel Buendía, en 1984, cuando se supo que después de su muerte en plena Avenida Insurgentes, Ciudad de México, su oficina fue objeto de un saqueo en la sección de sus archivos.
Uno de los elementos noticiosos de la muerte del michoacano consistió en saber que un grupo de desconocidos –durante la madrugada del martes, cuando presumiblemente acababa de ser asesinado el periodista-- se introdujo en su oficina y extrajo discos duros de las computadoras, así como memorias y algunas unidades centrales de procesamiento, conocidas como cpu.
Un tema pendiente de los legisladores es, sin duda, plasmar en la ley la propuesta de Armando Prida Huerta: que el Estado mexicano asegure económica y educacionalmente a los hijos y deudos más sentidos del periodista que sea asesinado por causas de su trabajo.
La Fiscalía de la PGR encargada del tema deberá trabajar con seriedad para que comience a haber resultados de investigaciones permanentemente atascadas. Hay un dato por ahí que escuece, y que no debe soslayar la autoridad: no sólo criminales dedicados a delitos de la peor ralea, como el narcotráfico, secuestro y trata de blancas, han sido considerados los autores intelectuales y materiales de tales crímenes. También, entre los responsables, se sospecha que hay autoridades incrustadas en cuerpos policíacos, militares y en la administración pública, fundamentalmente de los niveles municipales y estatales.
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