México
Tren parlamentario
Acantilado profundo
La tribuna de la Comisión Permanente se transfiguró ayer en un mirador, desde donde todos los partidos políticos, incluido el PAN, han visto a la República a las orillas del acantilado de un gran abismo.
“Es evidente”, decía Francisco Rojas Gutiérrez, atormentado todavía por los filos agudos del enojo, “que la estrategia desplegada por el Gobierno federal no está arrojando resultado ni siquiera lejanamente cercanos a lo deseable”.
Y apostillaba: “Es necesario señalar que la problemática de la inseguridad y de la violencia que enfrenta el país contempla múltiples aspectos y aristas. Se trata de un complejo problema estructural. El deterioro y la descomposición sociales también son alimentados por las condiciones de precariedad en que sobreviven apenas la mayoría de los mexicanos. Son millones los que viven en la pobreza y la miseria y aún en la marginación”.
Estaba la clase política del país en el acuse de recibo de un mensaje bestial, sin nombre, que le acaba de enviar el crimen organizado a través del asesinato del candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Y cuando traspasaban el portón de Xicoténcatl, a donde se funge como sede de la Comisión Permanente en este periodo de receso, los corrillos se sucedían unos a otros. Pero, vertiginosa, también esa clase política se internaba con prontitud al salón de Plenos. Se había anunciado a eso del mediodía que la sesión no duraría más allá de los tiempos suficientes para que los partidos políticos representados en el Congreso se posicionaran en torno del asesinato del candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas.
Que tiene que mirarse como el parteaguas que el país requiere, hubo dicho en la tribuna Carlos Navarrete, presidente del Senado y coordinador del PRD. “El parteaguas que permita que el Presidente Calderón entienda, y entienda de una vez por todas, que su estrategia y su insistencia de mantenerla lleva al fracaso”.
Era un tono inédito con que la oposición se dirigía a Calderón. Un tono trasluciente de exigencia. Y de franco desprecio.
Óscar González Yáñez, en voz del PT, dijo: “La renuncia de Felipe Calderón, si él de veras quiere ayudarle al país, sería la solución, y que sea la sociedad mexicana la que le dé una nueva conducción a un nuevo proyecto. Y en consecuencia, estaríamos planteando adelantar las elecciones (presidenciales de 2012) a 2011, para darle un nuevo rumbo al país en lo económico, social y político. Pero sobre todo para sacar de la zozobra de la inseguridad a todos los mexicanos”.
Todavía no comenzaba la sesión de hora y media, cuando en el pasillerío una versión golpeaba las sienes de la clase política priista como suele golpear un viento huracanado las puertas y los dinteles: la versión de que el asesinato de Torre Cantú fue un aviso al partido que lidera las encuestas hacia el 2012, el Revolucionario Institucional, respecto de que ellos —los que han estado barbotando de la oscuridad para matar— también quieren tener voz y voto a la hora de elegir el candidato presidencial.
Ésta era una de las lecturas políticas que ayer, en la Permanente, se le hacían al mensaje sangriento que el crimen remitió desde Tamaulipas a la clase política del país; pero fundamentalmente al partido que asegura relevará a Calderón en 2012, el PRI.
Óscar González Yáñez fue el primero que se posicionó: “El asesinato a mansalva del candidato del PRI es parte de la estrategia equivocada de un Gobierno que no sabe cómo enfrentar los graves problemas del país. Son una muestra de la incapacidad de Calderón para conducir la vida económica y política del país”.
Y reforzaba, diciendo: “El dato es alarmante: más de nueve millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que se convierten en militantes ahora del grupo del crimen organizado (porque) la pobreza se convirtió en el gran proveedor de jóvenes a ese sector”.
Es un Gobierno, insistía González, abocado a promover y proteger los intereses de los grandes monopolios y oligopolios. Y no se equivocan quienes hablan de la existencia de un Estado fallido en nuestro país, ni se equivocan al afirmar que estamos al borde de una revuelta social.
Por supuesto, cuando transcurría el sesionar y los posicionamientos, llamó la atención un fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había estado retardando desde hace tres años. Los añosos ministros resolvieron ayer que los 12 presos de San salvador Atenco debían ser liberados ya, porque sus sentencias, de más de 112 años cada uno, se habían sustentado en “pruebas ilícitas”.
Fue Carlos Navarrete quien dijo que México no sólo está “en la cúspide de la inseguridad”; también “tiene problemas sociales gravísimos”. Y enumeraba: desempleo, injusticias… Y entonces decía lo de la Corte. “Que bueno que la Corte”, soltó Navarrete el comentario, “tome una decisión así. Que corrija injusticias evidentes, que también son caldo de cultivo para la inestabilidad”.
“Es evidente”, decía Francisco Rojas Gutiérrez, atormentado todavía por los filos agudos del enojo, “que la estrategia desplegada por el Gobierno federal no está arrojando resultado ni siquiera lejanamente cercanos a lo deseable”.
Y apostillaba: “Es necesario señalar que la problemática de la inseguridad y de la violencia que enfrenta el país contempla múltiples aspectos y aristas. Se trata de un complejo problema estructural. El deterioro y la descomposición sociales también son alimentados por las condiciones de precariedad en que sobreviven apenas la mayoría de los mexicanos. Son millones los que viven en la pobreza y la miseria y aún en la marginación”.
Estaba la clase política del país en el acuse de recibo de un mensaje bestial, sin nombre, que le acaba de enviar el crimen organizado a través del asesinato del candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú.
Y cuando traspasaban el portón de Xicoténcatl, a donde se funge como sede de la Comisión Permanente en este periodo de receso, los corrillos se sucedían unos a otros. Pero, vertiginosa, también esa clase política se internaba con prontitud al salón de Plenos. Se había anunciado a eso del mediodía que la sesión no duraría más allá de los tiempos suficientes para que los partidos políticos representados en el Congreso se posicionaran en torno del asesinato del candidato del PRI al Gobierno de Tamaulipas.
Que tiene que mirarse como el parteaguas que el país requiere, hubo dicho en la tribuna Carlos Navarrete, presidente del Senado y coordinador del PRD. “El parteaguas que permita que el Presidente Calderón entienda, y entienda de una vez por todas, que su estrategia y su insistencia de mantenerla lleva al fracaso”.
Era un tono inédito con que la oposición se dirigía a Calderón. Un tono trasluciente de exigencia. Y de franco desprecio.
Óscar González Yáñez, en voz del PT, dijo: “La renuncia de Felipe Calderón, si él de veras quiere ayudarle al país, sería la solución, y que sea la sociedad mexicana la que le dé una nueva conducción a un nuevo proyecto. Y en consecuencia, estaríamos planteando adelantar las elecciones (presidenciales de 2012) a 2011, para darle un nuevo rumbo al país en lo económico, social y político. Pero sobre todo para sacar de la zozobra de la inseguridad a todos los mexicanos”.
Todavía no comenzaba la sesión de hora y media, cuando en el pasillerío una versión golpeaba las sienes de la clase política priista como suele golpear un viento huracanado las puertas y los dinteles: la versión de que el asesinato de Torre Cantú fue un aviso al partido que lidera las encuestas hacia el 2012, el Revolucionario Institucional, respecto de que ellos —los que han estado barbotando de la oscuridad para matar— también quieren tener voz y voto a la hora de elegir el candidato presidencial.
Ésta era una de las lecturas políticas que ayer, en la Permanente, se le hacían al mensaje sangriento que el crimen remitió desde Tamaulipas a la clase política del país; pero fundamentalmente al partido que asegura relevará a Calderón en 2012, el PRI.
Óscar González Yáñez fue el primero que se posicionó: “El asesinato a mansalva del candidato del PRI es parte de la estrategia equivocada de un Gobierno que no sabe cómo enfrentar los graves problemas del país. Son una muestra de la incapacidad de Calderón para conducir la vida económica y política del país”.
Y reforzaba, diciendo: “El dato es alarmante: más de nueve millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan y que se convierten en militantes ahora del grupo del crimen organizado (porque) la pobreza se convirtió en el gran proveedor de jóvenes a ese sector”.
Es un Gobierno, insistía González, abocado a promover y proteger los intereses de los grandes monopolios y oligopolios. Y no se equivocan quienes hablan de la existencia de un Estado fallido en nuestro país, ni se equivocan al afirmar que estamos al borde de una revuelta social.
Por supuesto, cuando transcurría el sesionar y los posicionamientos, llamó la atención un fallo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había estado retardando desde hace tres años. Los añosos ministros resolvieron ayer que los 12 presos de San salvador Atenco debían ser liberados ya, porque sus sentencias, de más de 112 años cada uno, se habían sustentado en “pruebas ilícitas”.
Fue Carlos Navarrete quien dijo que México no sólo está “en la cúspide de la inseguridad”; también “tiene problemas sociales gravísimos”. Y enumeraba: desempleo, injusticias… Y entonces decía lo de la Corte. “Que bueno que la Corte”, soltó Navarrete el comentario, “tome una decisión así. Que corrija injusticias evidentes, que también son caldo de cultivo para la inestabilidad”.
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