México
Tren parlamentario
Turno del Senado
Su retumbante voz se metió por los pasillos, por los patios, por los intersticios todos del Congreso de la Unión. Y taladraba sin duda ese frontis recamado de frases y nombres de la historia de México. “Es correcta y tiene sentido”, juzgaba el embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual, a la decisión del Gobierno mexicano de reforzar con dos mil 600 policías de la Federal Preventiva y 300 investigadores más la lucha por Ciudad Juárez.
Tenía mucho, muchísimo tiempo, que la voz de un embajador gringo no se dejaba oír con tanta autoridad. Autoridad de mariscal. De jefe. Aquí, en territorio mexicano.
“Es absolutamente crítico tener capacidades complementarias de muchas fuerzas del orden público y no sólo del Ejecutivo”, también había urgido el embajador, en conferencia, con el tono irresoluble de quien sabe que manda.
Y como para que no quedara duda del tono, reiteró: “No se puede aislar al Ejército (mexicano) en el combate a la delincuencia organizada, sino que es necesario usar a todas las fuerzas policíacas de los tres niveles de Gobierno en forma conjunta”.
Era el señalamiento de la ruta, la directriz. Y seguía entonces ocupando el vacío insondable: “Las bandas del narcotráfico se reagrupan y reorganizan. En ese sentido, la coordinación entre los cuerpos de seguridad se vuelve aún más importante pues no podemos decir que es un problema entre narcotraficantes y cederles las calles”.
No hablaba así el secretario de la Defensa, o el de Marina, o el de Seguridad Pública, o el de Gobernación. O el Presidente de la República. Ninguno de éstos, sino Carlos Pascual, el representante del Gobierno de los Estados Unidos en México.
Hacía unas horas, se había dado a conocer en los terrenos diplomáticos que el 23 de marzo, la semana próxima, arribarán a México la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, acompañada de una pléyade de funcionarios del primer nivel en materia de seguridad nacional, como el secretario de Defensa, Robert Gates, y la de Seguridad Interior, Janet Napolitano.
Y vendrán porque vendrán. Sin duda éste ha sido el mensaje cargado de estamina. Inobjetable. Incuestionable. Ni siquiera ha sido la cancillería mexicana, sino Washington mismo. El tema formal: la revisión del Plan Mérida. Aunque en realidad la presencia de la plana mayor del gabinete de fuerza de los Estados Unidos lance el mensaje contundente de que ya están aquí. Y punto.
Desde los territorios del Congreso de la Unión, cuyas voces en torno de este tema apenas se pronunciarán formalmente en el Senado este jueves, se ha escuchado un ligero trueno en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con decibeles muy por debajo sin embargo de los que barbotaron de la embajada americana.
Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, afirmó que la violencia en Ciudad Juárez y otras parte del Norte de México son resultado de un compromiso sustancial por parte del Gobierno de Estados Unidos para reducir el consumo de drogas en ese país.
Y ha llamado Espinosa al Gobierno de Barack Obama “a perseguir y detener a los grupos criminales que desde Estados Unidos ayudan a los cárteles en México”. Y también a “ser más eficaces en reducir el flujo de armas que llega a nuestro país”.
Este miércoles se evidenciaba en el terreno de las declaraciones un intervencionismo feroz, con visos de incontenible por parte de quienes gobiernan en los Estados Unidos.
Este miércoles, en las Cámaras del Congreso mexicano crecía la expectación por el debate que hoy habrá en el Senado, la institución legislativa responsable de atender a la política exterior mexicana. Un debate pospuesto el martes a este día. Aunque se sumarán nuevos elementos de discusión.
Al igual que el asesinato de los dos estadounidenses, funcionarios del consulado de ese país en Ciudad Juárez, y la reacción de Obama, el Senado deberá atender no sólo las declaraciones que el embajador Pascual ha hecho este miércoles, sino también el tono con que lo dice.
Tenía mucho, muchísimo tiempo, que la voz de un embajador gringo no se dejaba oír con tanta autoridad. Autoridad de mariscal. De jefe. Aquí, en territorio mexicano.
“Es absolutamente crítico tener capacidades complementarias de muchas fuerzas del orden público y no sólo del Ejecutivo”, también había urgido el embajador, en conferencia, con el tono irresoluble de quien sabe que manda.
Y como para que no quedara duda del tono, reiteró: “No se puede aislar al Ejército (mexicano) en el combate a la delincuencia organizada, sino que es necesario usar a todas las fuerzas policíacas de los tres niveles de Gobierno en forma conjunta”.
Era el señalamiento de la ruta, la directriz. Y seguía entonces ocupando el vacío insondable: “Las bandas del narcotráfico se reagrupan y reorganizan. En ese sentido, la coordinación entre los cuerpos de seguridad se vuelve aún más importante pues no podemos decir que es un problema entre narcotraficantes y cederles las calles”.
No hablaba así el secretario de la Defensa, o el de Marina, o el de Seguridad Pública, o el de Gobernación. O el Presidente de la República. Ninguno de éstos, sino Carlos Pascual, el representante del Gobierno de los Estados Unidos en México.
Hacía unas horas, se había dado a conocer en los terrenos diplomáticos que el 23 de marzo, la semana próxima, arribarán a México la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, acompañada de una pléyade de funcionarios del primer nivel en materia de seguridad nacional, como el secretario de Defensa, Robert Gates, y la de Seguridad Interior, Janet Napolitano.
Y vendrán porque vendrán. Sin duda éste ha sido el mensaje cargado de estamina. Inobjetable. Incuestionable. Ni siquiera ha sido la cancillería mexicana, sino Washington mismo. El tema formal: la revisión del Plan Mérida. Aunque en realidad la presencia de la plana mayor del gabinete de fuerza de los Estados Unidos lance el mensaje contundente de que ya están aquí. Y punto.
Desde los territorios del Congreso de la Unión, cuyas voces en torno de este tema apenas se pronunciarán formalmente en el Senado este jueves, se ha escuchado un ligero trueno en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con decibeles muy por debajo sin embargo de los que barbotaron de la embajada americana.
Patricia Espinosa, secretaria de Relaciones Exteriores, afirmó que la violencia en Ciudad Juárez y otras parte del Norte de México son resultado de un compromiso sustancial por parte del Gobierno de Estados Unidos para reducir el consumo de drogas en ese país.
Y ha llamado Espinosa al Gobierno de Barack Obama “a perseguir y detener a los grupos criminales que desde Estados Unidos ayudan a los cárteles en México”. Y también a “ser más eficaces en reducir el flujo de armas que llega a nuestro país”.
Este miércoles se evidenciaba en el terreno de las declaraciones un intervencionismo feroz, con visos de incontenible por parte de quienes gobiernan en los Estados Unidos.
Este miércoles, en las Cámaras del Congreso mexicano crecía la expectación por el debate que hoy habrá en el Senado, la institución legislativa responsable de atender a la política exterior mexicana. Un debate pospuesto el martes a este día. Aunque se sumarán nuevos elementos de discusión.
Al igual que el asesinato de los dos estadounidenses, funcionarios del consulado de ese país en Ciudad Juárez, y la reacción de Obama, el Senado deberá atender no sólo las declaraciones que el embajador Pascual ha hecho este miércoles, sino también el tono con que lo dice.
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