México
Tren parlamentario
Técnicos apartidistas, el antídoto
La Cámara de Diputados hizo ayer uno de esos recuentos legislativos que tradicionalmente presenta cada vez que concluye un periodo ordinario o el año. Con ello, es de suponer que trata de ofrecer a la gente un panorama cuantitativo de la actividad en un lapso determinado.
Durante el primer periodo ordinario, se afirma en el comunicado, el Pleno supo de 373 iniciativas, de las cuales 11 provinieron del Ejecutivo Federal, 33 de senadores, nueve de congresos locales y 320 de diputados federales. Más 53 minutas (reformas para su refrendo en San Lázaro) del Senado de la República.
En ese mismo tiempo (33 sesiones ordinarias, entre septiembre y diciembre), se afirma allí que fueron aprobados 13 reformas de leyes; pero también fueron presentados mil 164 puntos de acuerdo, de los cuales “mil 151 se turnaron a comisiones y 13 se aprobaron”.
Muy poco, en realidad, dicen estos números, si se trata de presentar un panorama sobre el trabajo político y legislativo de la institución central del Poder Legislativo mexicano.
Cada iniciativa con dictamen tiene como cauda un conjunto de actividades de múltiples legisladores. Incluso, cuando siguen la mayoría de los dictámenes caracterizados por la decisión final de las dirigencias. El grado de trabajo de un legislador es verdaderamente difícil de seguir, por varias razones. Tanto en la Cámara de San Lázaro como en la de Xicoténcatl, no existen procedimientos, manuales o normas que rijan plazos del proceso legislativo. Y, por consiguiente, tampoco mandatos jurídicos que obliguen a un legislador a presentarse a una dictaminación o debate.
El trabajo legislativo en México está afincado en la afirmación jurídica de que un legislador es representante de la Nación, y, por tanto, no está obligado a entregar cuentas de sus actividades o de sus actos a nadie, específicamente.
Aunque, en rigor, no es representante de un Distrito Electoral, y por tanto de sus electores, y tampoco del partido que lo postuló, sí en cambio responde a las condiciones políticas que le marque la dirigencia de su partido.
Y son las dirigencias las que controlan, al final de cuentas, las actividades legislativas de las Cámaras. A esto se debe el hecho de que muchas iniciativas y puntos de acuerdo estén acumulados en los archivos de las comisiones legislativas. Aunque, en lo individual, muchos diputados quieran que una determinada iniciativa tuviera su dictamen, no les suele ser posible si antes sus coordinadores parlamentarios no dan el visto bueno. Es decir, el punto de vista político-partidista.
En otros congresos, como el estadounidense, y parlamentos como el español, hay en la estructura un equipo de técnicos especializados en la revisión de las iniciativas.
Son algo así como los forjadores de las leyes, al margen de los intereses político-partidistas de los legisladores, que al igual que en México también suelen responder a los dictados de sus dirigencias y de sus partidos.
Desde hace cuando menos 10 años, ha habido voces en el Congreso mexicano que sugieren reformas a la Ley Orgánica del Congreso General para que sea incluida un órgano técnico que se encargase de revisar pormenorizadamente, y de modo imparcial, todos los ángulos de una iniciativa de ley. Hacen una suerte de despiece de todas las ideas y argumentaciones. Y miran, a contraluz, cada uno de los ángulos del decreto en cierne. Mediante técnicas legislativas como aquella que ya hemos hecho mención aquí en múltiples ocasiones, la del Análisis Económico del Derecho, esos técnicos apartidistas se ponen a medir los costos y los beneficios de cada ley.
Al final, ofrecen los resultados de su trabajo a todos los legisladores y parlamentarios que lo piden. Y éstos, entonces, están en condiciones de tomar decisiones políticas.
En México, este tipo de sugerencias __propias de universitarios miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM__ han sido ignoradas olímpicamente todos estos años. Se requiere, para su incorporación al derecho positivo mexicano, que hagan cambios los legisladores en su propia Ley Orgánica. Y como no lo han hecho, pues luego los chavos de comunicación social tienen que tronarse los dedos buscando datos, sobre el trabajo legislativo, que no dicen en realidad gran cosa a la población.
Durante el primer periodo ordinario, se afirma en el comunicado, el Pleno supo de 373 iniciativas, de las cuales 11 provinieron del Ejecutivo Federal, 33 de senadores, nueve de congresos locales y 320 de diputados federales. Más 53 minutas (reformas para su refrendo en San Lázaro) del Senado de la República.
En ese mismo tiempo (33 sesiones ordinarias, entre septiembre y diciembre), se afirma allí que fueron aprobados 13 reformas de leyes; pero también fueron presentados mil 164 puntos de acuerdo, de los cuales “mil 151 se turnaron a comisiones y 13 se aprobaron”.
Muy poco, en realidad, dicen estos números, si se trata de presentar un panorama sobre el trabajo político y legislativo de la institución central del Poder Legislativo mexicano.
Cada iniciativa con dictamen tiene como cauda un conjunto de actividades de múltiples legisladores. Incluso, cuando siguen la mayoría de los dictámenes caracterizados por la decisión final de las dirigencias. El grado de trabajo de un legislador es verdaderamente difícil de seguir, por varias razones. Tanto en la Cámara de San Lázaro como en la de Xicoténcatl, no existen procedimientos, manuales o normas que rijan plazos del proceso legislativo. Y, por consiguiente, tampoco mandatos jurídicos que obliguen a un legislador a presentarse a una dictaminación o debate.
El trabajo legislativo en México está afincado en la afirmación jurídica de que un legislador es representante de la Nación, y, por tanto, no está obligado a entregar cuentas de sus actividades o de sus actos a nadie, específicamente.
Aunque, en rigor, no es representante de un Distrito Electoral, y por tanto de sus electores, y tampoco del partido que lo postuló, sí en cambio responde a las condiciones políticas que le marque la dirigencia de su partido.
Y son las dirigencias las que controlan, al final de cuentas, las actividades legislativas de las Cámaras. A esto se debe el hecho de que muchas iniciativas y puntos de acuerdo estén acumulados en los archivos de las comisiones legislativas. Aunque, en lo individual, muchos diputados quieran que una determinada iniciativa tuviera su dictamen, no les suele ser posible si antes sus coordinadores parlamentarios no dan el visto bueno. Es decir, el punto de vista político-partidista.
En otros congresos, como el estadounidense, y parlamentos como el español, hay en la estructura un equipo de técnicos especializados en la revisión de las iniciativas.
Son algo así como los forjadores de las leyes, al margen de los intereses político-partidistas de los legisladores, que al igual que en México también suelen responder a los dictados de sus dirigencias y de sus partidos.
Desde hace cuando menos 10 años, ha habido voces en el Congreso mexicano que sugieren reformas a la Ley Orgánica del Congreso General para que sea incluida un órgano técnico que se encargase de revisar pormenorizadamente, y de modo imparcial, todos los ángulos de una iniciativa de ley. Hacen una suerte de despiece de todas las ideas y argumentaciones. Y miran, a contraluz, cada uno de los ángulos del decreto en cierne. Mediante técnicas legislativas como aquella que ya hemos hecho mención aquí en múltiples ocasiones, la del Análisis Económico del Derecho, esos técnicos apartidistas se ponen a medir los costos y los beneficios de cada ley.
Al final, ofrecen los resultados de su trabajo a todos los legisladores y parlamentarios que lo piden. Y éstos, entonces, están en condiciones de tomar decisiones políticas.
En México, este tipo de sugerencias __propias de universitarios miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM__ han sido ignoradas olímpicamente todos estos años. Se requiere, para su incorporación al derecho positivo mexicano, que hagan cambios los legisladores en su propia Ley Orgánica. Y como no lo han hecho, pues luego los chavos de comunicación social tienen que tronarse los dedos buscando datos, sobre el trabajo legislativo, que no dicen en realidad gran cosa a la población.
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