México
Tren Parlamentario
''¿Por quién doblan las campanas?''
En menos de dos años a doña Sara Salazar la han crucificado, virtualmente, y ninguna institución de la República, absolutamente, ha hecho nada para evitar el asesinato de dos hijas, dos hijos, una nuera, dos nietos, y la desaparición de otro nieto.
Y cuando ha protestado con una huelga de hambre -primero, ante la Procuraduría Estatal de Chihuahua y, después, ante el Senado de la República-, de las sombras barbotaron sujetos sin rostro y sin alma, y quemaron su casa.
Pero, ¿por qué tanta saña, tanto dolor contra la familia Reyes Salazar?, se preguntaban los diputados.
Este viernes en el Senado y el jueves en San Lázaro, en la búsqueda de respuestas, diputados y senadores se toparon con una visión brutal de un Estado que no ha sido capaz de cumplir con su primera y más elemental obligación: defender la vida de su población.
En Ciudad Juárez, de donde es oriunda la familia diezmada, los Reyes Salazar -decían este jueves diputadas en la tribuna- se dedicaron a denunciar delitos de tratantes de blancas, asesinatos de mujeres, el tiradero nuclear de Sierra Blanca; luchaban también por servicios públicos para colonias marginales, como el entubamiento de agua potable, luz y regulación de predios.
Todo esto se convirtió el jueves en un eco que, impreso ya en el “Diario de los Debates”, no se borrará jamás en los anales de una historia de México que cruza ahora por una de sus peores pantanos.
Josefina Reyes Salazar murió asesinada el 3 de enero de 2010, cuatro meses después de que Juan Manuel, uno de sus hijos, había sido muerto a mansalva. Y a tres de que Miguel Ángel, otro de sus hijos, fuera detenido por judiciales acusados de pertenecer a una banda delictiva.
En agosto de 2010, Rubén Reyes Salazar también moría asesinado. El lunes 7 de febrero, los también hijos de doña Sara Salazar, Elías y Magdalena Reyes Salazar, fueron levantados por desconocidos, llevándose con ellos a Luisa Ornelas, su nuera, y a Luis Ornelas, su nieto. Fueron, de estos cuatro, tres los cuerpos que encontraron ayer, viernes 25. El nieto, ayer, seguía bajo condición de desaparecido.
Cuando los levantaron, doña Sara y sus hijos Saúl, Olga Lilia y Marisela, se pronunciaron en huelga de hambre, frente a la Procuraduría Estatal de Chihuahua; pero el 16 de febrero fue incendiada su casa. Y optaron por continuar su huelga de hambre en la Ciudad de México, frente al Senado.
Y ahí, este viernes, expresamente pidieron dos cosas: la renuncia del subprocurador de Chihuahua, Jorge González Nicolás y, al Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que así como resolvió en ocho días el asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata, aclare quién o quiénes asesinaron a Juan Manuel, Josefina, Rubén, Elías, Magdalena Reyes Salazar y a Luis Ornelas de Reyes.
Marisela, en la conferencia de ayer ante el Senado, al Presidente le dijo: “A Felipe Calderón, que dice ser Presidente de México, le quiero decir que pronto va a terminar con todos en el país”.
No se fue limpio el gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, de quien Marisela dijo: “El gobernador nunca nos quiso atender en (Ciudad) Juárez. A duras penas estuvo cerca de nuestro campamento, pero nos rodeó”.
Se refería a la visita que Duarte hizo el miércoles pasado, cuando a San Lázaro se presentó para presentar una iniciativa de ley.
Y una cosa más, pedían: que ahora no se les vaya a ocurrir a quienes supuestamente investiguen relacionar a la familia crucificada con criminales.
Amnistía Internacional, ayer mismo, exigía algo semejante a lo que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos: protección del Estado mexicano para quienes quedan de la familia Reyes Salazar, que, se sabía al atardecer de este viernes, levantarán la huelga de hambre para trasladarse a Ciudad Juárez a seguir enterrando a sus muertos.
“¿Por quién doblan las campanas?” Esa pregunta mítica que una vez sirvió de título para una novela de Ernest Hemingway, volvió a atronar en los territorios conmocionados del Legislativo, ese otro poder que, junto con el Ejecutivo y el Judicial, es el encargado de darle justificación jurídica, política, social, histórica, a la teoría del Estado mexicano.
Una teoría que, como nunca antes, se enfrenta ahora al debate de la aproximación del Estado fallido justamente en momentos en que otros estados, como el estadounidense, han comenzado a planear como el águila sobre el conejo.
Y cuando ha protestado con una huelga de hambre -primero, ante la Procuraduría Estatal de Chihuahua y, después, ante el Senado de la República-, de las sombras barbotaron sujetos sin rostro y sin alma, y quemaron su casa.
Pero, ¿por qué tanta saña, tanto dolor contra la familia Reyes Salazar?, se preguntaban los diputados.
Este viernes en el Senado y el jueves en San Lázaro, en la búsqueda de respuestas, diputados y senadores se toparon con una visión brutal de un Estado que no ha sido capaz de cumplir con su primera y más elemental obligación: defender la vida de su población.
En Ciudad Juárez, de donde es oriunda la familia diezmada, los Reyes Salazar -decían este jueves diputadas en la tribuna- se dedicaron a denunciar delitos de tratantes de blancas, asesinatos de mujeres, el tiradero nuclear de Sierra Blanca; luchaban también por servicios públicos para colonias marginales, como el entubamiento de agua potable, luz y regulación de predios.
Todo esto se convirtió el jueves en un eco que, impreso ya en el “Diario de los Debates”, no se borrará jamás en los anales de una historia de México que cruza ahora por una de sus peores pantanos.
Josefina Reyes Salazar murió asesinada el 3 de enero de 2010, cuatro meses después de que Juan Manuel, uno de sus hijos, había sido muerto a mansalva. Y a tres de que Miguel Ángel, otro de sus hijos, fuera detenido por judiciales acusados de pertenecer a una banda delictiva.
En agosto de 2010, Rubén Reyes Salazar también moría asesinado. El lunes 7 de febrero, los también hijos de doña Sara Salazar, Elías y Magdalena Reyes Salazar, fueron levantados por desconocidos, llevándose con ellos a Luisa Ornelas, su nuera, y a Luis Ornelas, su nieto. Fueron, de estos cuatro, tres los cuerpos que encontraron ayer, viernes 25. El nieto, ayer, seguía bajo condición de desaparecido.
Cuando los levantaron, doña Sara y sus hijos Saúl, Olga Lilia y Marisela, se pronunciaron en huelga de hambre, frente a la Procuraduría Estatal de Chihuahua; pero el 16 de febrero fue incendiada su casa. Y optaron por continuar su huelga de hambre en la Ciudad de México, frente al Senado.
Y ahí, este viernes, expresamente pidieron dos cosas: la renuncia del subprocurador de Chihuahua, Jorge González Nicolás y, al Presidente Felipe Calderón Hinojosa, que así como resolvió en ocho días el asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata, aclare quién o quiénes asesinaron a Juan Manuel, Josefina, Rubén, Elías, Magdalena Reyes Salazar y a Luis Ornelas de Reyes.
Marisela, en la conferencia de ayer ante el Senado, al Presidente le dijo: “A Felipe Calderón, que dice ser Presidente de México, le quiero decir que pronto va a terminar con todos en el país”.
No se fue limpio el gobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, de quien Marisela dijo: “El gobernador nunca nos quiso atender en (Ciudad) Juárez. A duras penas estuvo cerca de nuestro campamento, pero nos rodeó”.
Se refería a la visita que Duarte hizo el miércoles pasado, cuando a San Lázaro se presentó para presentar una iniciativa de ley.
Y una cosa más, pedían: que ahora no se les vaya a ocurrir a quienes supuestamente investiguen relacionar a la familia crucificada con criminales.
Amnistía Internacional, ayer mismo, exigía algo semejante a lo que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos: protección del Estado mexicano para quienes quedan de la familia Reyes Salazar, que, se sabía al atardecer de este viernes, levantarán la huelga de hambre para trasladarse a Ciudad Juárez a seguir enterrando a sus muertos.
“¿Por quién doblan las campanas?” Esa pregunta mítica que una vez sirvió de título para una novela de Ernest Hemingway, volvió a atronar en los territorios conmocionados del Legislativo, ese otro poder que, junto con el Ejecutivo y el Judicial, es el encargado de darle justificación jurídica, política, social, histórica, a la teoría del Estado mexicano.
Una teoría que, como nunca antes, se enfrenta ahora al debate de la aproximación del Estado fallido justamente en momentos en que otros estados, como el estadounidense, han comenzado a planear como el águila sobre el conejo.
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