México
Tren Parlamentario
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Sometimiento
En los territorios del Congreso de la Unión, el anuncio de Janet Napolitano, secretaria de Estado de los Estados Unidos, provocó ayer el malestar propio de las humillaciones que siempre han provocado, con su intervencionismo a ultranza, los norteamericanos en México; de manera especial en las filas de la oposición. Y hundió todavía más, en sus silencios ominosos, al partido del Presidente Felipe Calderón Hinojosa: Acción Nacional.
Napolitano, a raíz de la ejecución de uno de sus agentes encubiertos en México, Jaime Zapata, en la Carretera 57, a la altura de San Luis Potosí, anunció ayer que se creará “un grupo de tarea conjunta” entre fuerzas de seguridad de su país y México que encabezará el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) con el propósito de indagar el crimen y, así, “detener con prontitud” a los responsables.
Hay un nuevo elemento que Napolitano ha agregado a las declaraciones injerencistas recientes de diversas autoridades de los Estados Unidos: el tono agresivo, de imposición, de patrón a subordinado. De imperio.
Cuando la secretaria reveló que sostenía contactos directos, todo este miércoles 16, con el secretario de Gobernación mexicano, José Francisco Blake Mora, reiteraba que la decisión de conformar el grupo de tarea conjunta de marras había sido de ellos, los norteamericanos, y que a Blake sólo se le había informado de la decisión.
Al titular de la Segob, incluso, dijo Napolitano, “se le ha reiterado que un ataque contra uno de sus agentes es un ataque contra todos aquellos que están al servicio de Estados Unidos”.
Y sostenía que la investigación que liderará el FBI será una “investigación agresiva, en la que nos aseguraremos de que todos los elementos y recursos sean usados para detener a los responsables de este horrendo crimen”.
Hablar de voces de la oposición es hablar de senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pero los matices eran distintos. Mientras que un PRI escueto y parco advertía que no se debería permitir la injerencia, seguido muy de cerca por un medroso y convenenciero PVEM, el PT y PRD eran quienes extendían con mayor rigor la crítica a los gobiernos de los Estados Unidos y México; aquél por prepotente y éste por cobarde.
El senador priista Manlio Fabio Beltrones atizaba: “La muerte de un ciudadano, ya sea mexicano o extranjero, es sumamente lamentable. Las condiciones como sucedieron ameritan una investigación a fondo.
Espero que el espíritu de colaboración entre los dos países no decaiga por este grave crimen, y que se utilicen todos los instrumentos que se tienen a la mano por ambos gobiernos para hacer una investigación, a fin de castigar a los responsables”.
Beltrones entonces, tibio, apostilló apenas: “No debe alentar de ninguna manera el suceso, alguna acción de orden injerencista que lesione la soberanía del país”.
El senador Arturo Escobar, del PVEM: “Exhortamos al Gobierno norteamericano para que adopte las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas y explosivos que se destinan a las acciones relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia trasnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales”.
Escobar, en realidad, soslayaba los dichos de Napolitano y se regodeaba en lo que ya todo el mundo le ha reiterado a los gringos.
Domingo Rodríguez Martell, diputado federal del Revolucionario Democrático, en cambio, lanzó una exigencia al Gobierno de Felipe Calderón a que “deje de ser sumiso ante las autoridades estadounidenses y, de cara a la nación, diga realmente cuál es el nivel de compromiso que ha adquirido con los Estados Unidos”.
Y entonces tildaba de “aventuradas y muy graves” las declaraciones de Napolitano, “porque podría estar prefigurando la ruta para que Estados Unidos justifique su invasión militar a nuestro país”.
Y decía también el perredista que si EU realmente quiere ayudar, entonces debe dejar de mandar armas y abatir el consumo de drogas en su población”.
Fue el senador del PT Ricardo Monreal quien tildó de “prepotente” la actitud de Napolitano. Y argumentaba también que la cancillería debería responderle que se va a actuar de acuerdo con las normas penales mexicanas y se va a investigar cómo se está haciendo con miles de mexicanos que están desaparecidos o que han sufrido en carne propia la inseguridad y la violencia en nuestro país”.
Monreal, en un tono que preludiaba el discurso que tendrá esta tarde la tribuna del Senado, insistía: “La Secretaría de Relaciones Exteriores debería actuar con firmeza, que deje a un lado su actitud medrosa y pusilánime y actúe con energía defendiendo al país, diciéndole a la señora Janet Napolitano que es lamentable lo que sucedió, pero que se tomarán decisiones similares a los de los casos en que han perdido la vida ciudadanos mexicanos, y que la autoridad investigará”.
El crimen contra el estadounidense Jaime Zapata rememoró el asesinato en Guadalajara, en 1985, del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. De sus consecuencias, paralelismos y también diferencias se preparaban anoche, en San Lázaro y Xicoténcatl, para hablar en tribuna, durante las sesiones ordinarias de este jueves.
En los territorios del Congreso de la Unión, el anuncio de Janet Napolitano, secretaria de Estado de los Estados Unidos, provocó ayer el malestar propio de las humillaciones que siempre han provocado, con su intervencionismo a ultranza, los norteamericanos en México; de manera especial en las filas de la oposición. Y hundió todavía más, en sus silencios ominosos, al partido del Presidente Felipe Calderón Hinojosa: Acción Nacional.
Napolitano, a raíz de la ejecución de uno de sus agentes encubiertos en México, Jaime Zapata, en la Carretera 57, a la altura de San Luis Potosí, anunció ayer que se creará “un grupo de tarea conjunta” entre fuerzas de seguridad de su país y México que encabezará el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) con el propósito de indagar el crimen y, así, “detener con prontitud” a los responsables.
Hay un nuevo elemento que Napolitano ha agregado a las declaraciones injerencistas recientes de diversas autoridades de los Estados Unidos: el tono agresivo, de imposición, de patrón a subordinado. De imperio.
Cuando la secretaria reveló que sostenía contactos directos, todo este miércoles 16, con el secretario de Gobernación mexicano, José Francisco Blake Mora, reiteraba que la decisión de conformar el grupo de tarea conjunta de marras había sido de ellos, los norteamericanos, y que a Blake sólo se le había informado de la decisión.
Al titular de la Segob, incluso, dijo Napolitano, “se le ha reiterado que un ataque contra uno de sus agentes es un ataque contra todos aquellos que están al servicio de Estados Unidos”.
Y sostenía que la investigación que liderará el FBI será una “investigación agresiva, en la que nos aseguraremos de que todos los elementos y recursos sean usados para detener a los responsables de este horrendo crimen”.
Hablar de voces de la oposición es hablar de senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Pero los matices eran distintos. Mientras que un PRI escueto y parco advertía que no se debería permitir la injerencia, seguido muy de cerca por un medroso y convenenciero PVEM, el PT y PRD eran quienes extendían con mayor rigor la crítica a los gobiernos de los Estados Unidos y México; aquél por prepotente y éste por cobarde.
El senador priista Manlio Fabio Beltrones atizaba: “La muerte de un ciudadano, ya sea mexicano o extranjero, es sumamente lamentable. Las condiciones como sucedieron ameritan una investigación a fondo.
Espero que el espíritu de colaboración entre los dos países no decaiga por este grave crimen, y que se utilicen todos los instrumentos que se tienen a la mano por ambos gobiernos para hacer una investigación, a fin de castigar a los responsables”.
Beltrones entonces, tibio, apostilló apenas: “No debe alentar de ninguna manera el suceso, alguna acción de orden injerencista que lesione la soberanía del país”.
El senador Arturo Escobar, del PVEM: “Exhortamos al Gobierno norteamericano para que adopte las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas y explosivos que se destinan a las acciones relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia trasnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales”.
Escobar, en realidad, soslayaba los dichos de Napolitano y se regodeaba en lo que ya todo el mundo le ha reiterado a los gringos.
Domingo Rodríguez Martell, diputado federal del Revolucionario Democrático, en cambio, lanzó una exigencia al Gobierno de Felipe Calderón a que “deje de ser sumiso ante las autoridades estadounidenses y, de cara a la nación, diga realmente cuál es el nivel de compromiso que ha adquirido con los Estados Unidos”.
Y entonces tildaba de “aventuradas y muy graves” las declaraciones de Napolitano, “porque podría estar prefigurando la ruta para que Estados Unidos justifique su invasión militar a nuestro país”.
Y decía también el perredista que si EU realmente quiere ayudar, entonces debe dejar de mandar armas y abatir el consumo de drogas en su población”.
Fue el senador del PT Ricardo Monreal quien tildó de “prepotente” la actitud de Napolitano. Y argumentaba también que la cancillería debería responderle que se va a actuar de acuerdo con las normas penales mexicanas y se va a investigar cómo se está haciendo con miles de mexicanos que están desaparecidos o que han sufrido en carne propia la inseguridad y la violencia en nuestro país”.
Monreal, en un tono que preludiaba el discurso que tendrá esta tarde la tribuna del Senado, insistía: “La Secretaría de Relaciones Exteriores debería actuar con firmeza, que deje a un lado su actitud medrosa y pusilánime y actúe con energía defendiendo al país, diciéndole a la señora Janet Napolitano que es lamentable lo que sucedió, pero que se tomarán decisiones similares a los de los casos en que han perdido la vida ciudadanos mexicanos, y que la autoridad investigará”.
El crimen contra el estadounidense Jaime Zapata rememoró el asesinato en Guadalajara, en 1985, del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. De sus consecuencias, paralelismos y también diferencias se preparaban anoche, en San Lázaro y Xicoténcatl, para hablar en tribuna, durante las sesiones ordinarias de este jueves.
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