México

Tren Parlamentario

La impunidad como respuesta

El jueves 16 fue muerto a balazos el fotoperiodista del “Diario” de Juárez Luis Carlos Santiago Orozco. Ha sido el décimo primer periodista abatido por sicarios en lo que va de 2010, y otra vez voces del Poder Legislativo federal se han puesto a lamentar el crimen y a exigir el esclarecimiento del mismo.

Es una exigencia tirada al vacío, sin embargo, porque la impunidad se pavonea por todo el país desde hace un buen rato. No hay autoridades municipales, estatales o federales que garanticen un mínimo de resultados cuando se trata de tener que esclarecer un crimen cometido contra periodistas.

Lo novedoso ha sido acaso el que sea la misma presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la que ahora haya salido a expresar sus condolencias a los familiares del muy joven fotoperiodista Santiago Orozco, cuando en los anteriores asesinatos sólo haya sido la Comisión Especial de seguimiento a agresiones a periodistas la que se pronunciara.

Las lamentaciones y toda expresión de enojo y exigencia del esclarecimiento del crimen, emitidas desde el Congreso, se han topado con una sordera pasmosa de las autoridades que deberían ocuparse de que estos crímenes ya no sucedieran.

Más allá del vocerío de las instituciones, han sido organizaciones sociales y de periodistas las que han reclamado airadamente  la evidente pasividad de las autoridades ante estos asesinatos que no sólo atentan contra la vida de las personas sino también contra el derecho fundamental de la libertad de expresión de la sociedad.  

En todos los tonos se han escuchado voces reclamando a las instituciones del Estado mexicano que den seguridad a los periodistas, como las de Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión,  o las de Reporteros Sin Fronteras  y de la Sociedad Interamericana de Prensa, pero no hay eco gubernamental que responda a tales demandas.  

Eso mismo le ha sucedido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las comisiones estatales de las diferentes entidades federativas donde ha muerto un reportero, bajo condiciones de esta violencia extrema que practica el crimen organizado. No hay eco, sencillamente, a las demandas de investigar los crímenes.  

Hay una impunidad manifiesta de quienes cometen los crímenes, pero ésta no existiría si no tuviera a su gemela: la complicidad de quienes ejercen la autoridad.  

De esta simbiosis de la violencia se ha hablado mucho ya en México y el resto del mundo. En agosto reciente, por ejemplo, estuvieron en el Distrito Federal representantes de la ONU y de la OEA para hablar con el Presidente Felipe Calderón y con el Congreso de la Unión de la violencia que se ha cebado contra los periodistas mexicanos.  

A Calderón los enviados de la ONU y OEA le dijeron que su plan de lucha contra la impunidad es ineficaz y que hace agua por todos los flancos.  Y como siempre: éste se comprometió a revisar  la estrategia; y hasta ahí.

Ahora, a “El Diario” de Juárez le han matado a otro reportero en menos de dos años. El primero fue Armando Rodríguez, el 13 de noviembre de 2008.  Ayer, viernes 17, los reporteros de aquel diario no abrigaban ninguna esperanza en el esclarecimiento de este crimen.  El misterio que aún envuelve el crimen contra la vida de Armando Rodríguez así se los permite suponer.
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