México
Tren Parlamentario
El factor ''Pejelagarto''
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se adentró esta semana en el dictamen de una nueva reforma del artículo 69 constitucional. Insuflado por los priistas, se intenta cambiar la ley para que el Presidente de la República vuelva a presentar su informe anual por escrito, personalmente y con un discurso ante el Pleno de los 628 legisladores del Congreso General.
Como ya lo dijo este miércoles el presidente de dicha comisión, el diputado federal Juventino Castro y Castro, esto no es de un día para otro, porque aunque hubiera un periodo extraordinario ex profeso para tal reforma, muy difícilmente el proceso legislativo de marras llegaría a su final, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que cobrara vigencia antes del 1 de septiembre próximo, la fecha que motiva a la oposición a andar con premura.
Y, por tanto, de suceder, tendría que ser aplicada tal modificación de la ley no este septiembre, sino acaso los dos restantes que le quedarían al sexenio de Calderón.
El proceso de construcción de una ley incluye el tener que ser aprobada en las dos Cámaras federales, es decir la de Diputados y de Senadores. Y cuando la reforma es a la Constitución, tiene que ir a los congresos estatales para que cuando menos la mitad más uno la valide. No hasta entonces, el Congreso de la Unión puede remitirla al Ejecutivo, para que la publique y entre en vigor.
Se ha dicho aquí, en este espacio, que la justificación del PRI para reformar el 69 en diciembre de 2006, quitándole la obligatoriedad del titular del Ejecutivo Federal para apersonarse ante el Congreso una vez al año, consistió en decir a los cuatro vientos que se protegería la figura presidencial, que atravesaba hace tres años por una crisis inédita a partir de las acusaciones del PRD y de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de que Felipe Calderón se había robado la Presidencia, ayudado por el entonces presidente Vicente Fox y por un grupo de 30 empresarios de marca mayor que al poder económico que siempre han tenido en México, ahora no quieren dejar de sumar el poder político, que lo tienen sin ambages desde que llegó el PAN a Los Pinos en el año 2000.
Entonces, la reforma al 69 había sido sin lugar a dudas un danzón dedicado al PRD, PT, Convergencia y a Andrés Manuel López Obrador. Y, más allá del discurso y las apariencias, no hay ahora un priista, un panista o un pvemista que sea capaz de negar que la reforma constitucional aquella era, sin más, una clara pretensión de deslomar el movimiento político y social del tabasqueño.
La reforma del 69 constitucional, en diciembre de 2006, y que ahora los priistas intentan reconfigurar a como estaba, fue apenas un movimiento de ajedrez de muchos, que, por cierto, este jueves y viernes un personaje por lo general bien informado ha dicho.
El líder cubano Fidel Castro ha revelado que el desaparecido ex senador Diego Fernández de Cevallos, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el gobierno de Vicente Fox, a través de su entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, se reunieron con el empresario argentino Carlos Ahumada para armar un complot contra la vida política de Andrés Manuel López Obrador.
Sus dichos, dijo ayer Castro Ruz, los sostiene en las grabaciones aquellas que a Ahumada le decomisó el Gobierno cubano cuando salió de México, atropelladamente (2004), luego de que él, Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Macedo de la Concha tendieron una celada al operador político más influyente de López Obrador, René Bejarano.
Este viernes, en Xicoténcatl y San Lázaro, los comentarios en los pasillos adquirían la fuerza del murmullo. Súbitamente, todos han vuelto a mirar a Andrés Manuel López Obrador, a quien —voces del pasillerío— no le regatean la posibilidad de que muy pronto recobre el vigor que a sus enemigos ponía nerviosos, con Carlos Salinas a la cabeza.
En San Lázaro —donde el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, puede jactarse de tener él solo más de 40 diputados bajo su égida, entre los cuales resalta el coordinador de la bancada Francisco Rojas Gutiérrez—, se esperaba desde este vienes que ese sector mexiquense del PRI comience a reaccionar golpeteando otra vez a AMLO.
Hay gente abocada al estudio del parlamentarismo en San Lázaro que prevé la aceleración de la fábrica de leyes por encargo. Sea para acometer; sea para beneficiar a un grupo político o económico determinado. Y máxime si de pronto brinca a la palestra otra vez un candidato presidencial que no figure en el formato.
Este viernes, un dato brincoteó de las filas del PRI en San Lázaro: deberá tomarse al “Pejelagarto”, decían, como un “serio contendiente; incluso más que el que surja del PAN”.
Apenas el martes, cuando comparecía Juan Molinar Horcasitas, titular de SCT, un senador del PRI, Fernando Castro Trenti, dijo que Calderón no había ganado la Presidencia de la República. En San Lázaro, desde hace meses, diputados del PRI han dicho lo mismo.
¿Si López Obrador vuelve por sus fueros, cuál será ahora el discurso del PRI, tan parecido el de estos días al que pronunciaba AMLO tan enojado en 2006?, es la pregunta que germinaba ayer, en los territorios tempestuosos del Congreso de la Unión.
Como ya lo dijo este miércoles el presidente de dicha comisión, el diputado federal Juventino Castro y Castro, esto no es de un día para otro, porque aunque hubiera un periodo extraordinario ex profeso para tal reforma, muy difícilmente el proceso legislativo de marras llegaría a su final, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que cobrara vigencia antes del 1 de septiembre próximo, la fecha que motiva a la oposición a andar con premura.
Y, por tanto, de suceder, tendría que ser aplicada tal modificación de la ley no este septiembre, sino acaso los dos restantes que le quedarían al sexenio de Calderón.
El proceso de construcción de una ley incluye el tener que ser aprobada en las dos Cámaras federales, es decir la de Diputados y de Senadores. Y cuando la reforma es a la Constitución, tiene que ir a los congresos estatales para que cuando menos la mitad más uno la valide. No hasta entonces, el Congreso de la Unión puede remitirla al Ejecutivo, para que la publique y entre en vigor.
Se ha dicho aquí, en este espacio, que la justificación del PRI para reformar el 69 en diciembre de 2006, quitándole la obligatoriedad del titular del Ejecutivo Federal para apersonarse ante el Congreso una vez al año, consistió en decir a los cuatro vientos que se protegería la figura presidencial, que atravesaba hace tres años por una crisis inédita a partir de las acusaciones del PRD y de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de que Felipe Calderón se había robado la Presidencia, ayudado por el entonces presidente Vicente Fox y por un grupo de 30 empresarios de marca mayor que al poder económico que siempre han tenido en México, ahora no quieren dejar de sumar el poder político, que lo tienen sin ambages desde que llegó el PAN a Los Pinos en el año 2000.
Entonces, la reforma al 69 había sido sin lugar a dudas un danzón dedicado al PRD, PT, Convergencia y a Andrés Manuel López Obrador. Y, más allá del discurso y las apariencias, no hay ahora un priista, un panista o un pvemista que sea capaz de negar que la reforma constitucional aquella era, sin más, una clara pretensión de deslomar el movimiento político y social del tabasqueño.
La reforma del 69 constitucional, en diciembre de 2006, y que ahora los priistas intentan reconfigurar a como estaba, fue apenas un movimiento de ajedrez de muchos, que, por cierto, este jueves y viernes un personaje por lo general bien informado ha dicho.
El líder cubano Fidel Castro ha revelado que el desaparecido ex senador Diego Fernández de Cevallos, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari y el gobierno de Vicente Fox, a través de su entonces procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, se reunieron con el empresario argentino Carlos Ahumada para armar un complot contra la vida política de Andrés Manuel López Obrador.
Sus dichos, dijo ayer Castro Ruz, los sostiene en las grabaciones aquellas que a Ahumada le decomisó el Gobierno cubano cuando salió de México, atropelladamente (2004), luego de que él, Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Macedo de la Concha tendieron una celada al operador político más influyente de López Obrador, René Bejarano.
Este viernes, en Xicoténcatl y San Lázaro, los comentarios en los pasillos adquirían la fuerza del murmullo. Súbitamente, todos han vuelto a mirar a Andrés Manuel López Obrador, a quien —voces del pasillerío— no le regatean la posibilidad de que muy pronto recobre el vigor que a sus enemigos ponía nerviosos, con Carlos Salinas a la cabeza.
En San Lázaro —donde el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, puede jactarse de tener él solo más de 40 diputados bajo su égida, entre los cuales resalta el coordinador de la bancada Francisco Rojas Gutiérrez—, se esperaba desde este vienes que ese sector mexiquense del PRI comience a reaccionar golpeteando otra vez a AMLO.
Hay gente abocada al estudio del parlamentarismo en San Lázaro que prevé la aceleración de la fábrica de leyes por encargo. Sea para acometer; sea para beneficiar a un grupo político o económico determinado. Y máxime si de pronto brinca a la palestra otra vez un candidato presidencial que no figure en el formato.
Este viernes, un dato brincoteó de las filas del PRI en San Lázaro: deberá tomarse al “Pejelagarto”, decían, como un “serio contendiente; incluso más que el que surja del PAN”.
Apenas el martes, cuando comparecía Juan Molinar Horcasitas, titular de SCT, un senador del PRI, Fernando Castro Trenti, dijo que Calderón no había ganado la Presidencia de la República. En San Lázaro, desde hace meses, diputados del PRI han dicho lo mismo.
¿Si López Obrador vuelve por sus fueros, cuál será ahora el discurso del PRI, tan parecido el de estos días al que pronunciaba AMLO tan enojado en 2006?, es la pregunta que germinaba ayer, en los territorios tempestuosos del Congreso de la Unión.
Síguenos en