México
Tren Parlamentario
De Colosio a Torre Cantú
Desde el 23 de marzo de 1994, cuando mataron a Luis Donaldo Colosio, un asesinato político no conmocionaba tanto, como conmocionó ayer a toda la clase política del país, luego de que se supo que Rodolfo Torre Cantú había sido muerto a balazos en Tamaulipas, a seis días de una elección que muchos veían como su virtual triunfo a gobernador.
La espiral de violencia, para desgracia del país cada día más profunda, cortó ayer con sus filos de muerte otra vez la piel de esa capa de la sociedad mexicana, conocida como clase política. Y, de paso, la ráfaga asesina que mató al candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, y a otras cuatro personas que lo acompañaban, “ha vulnerado a México entero”.
En los territorios del Congreso de la Unión, San Lázaro y Xicoténcatl, tirios y troyanos se alistaban desde temprano este lunes para disputar los temas de la orden del día de la sesión de la Comisión Permanente. Indefectiblemente, los comicios del domingo próximo, 4 de julio, gravitaban en los ánimos de todos. Y los posicionamientos ya servirían para catapultar candidatos, más allá de los silencios a los que la ley obliga a los contendientes. Pero un acontecimiento brutal, ocurrido a las 10 y media de la mañana, en Tamaulipas, resquebrajó desde temprano todas las estrategias parlamentarias.
“México entero ha sido vulnerado con este crimen”, declaró, con la conmoción reflejada en el rostro, el coordinador de los diputados priistas Francisco Rojas Gutiérrez. Y apostilló: “Es un atentado contra el pueblo de Tamaulipas y directamente contra el PRI y su candidato que se encaminaba a la victoria. Es un atentado a la democracia y a todos los mexicanos que venimos exigiendo responsabilidad. La sociedad mexicana y los priistas no nos intimidaremos por estos actos criminales”.
¿Quién fue?, la pregunta mordiente viajaba por todo el Poder Legislativo. Y la imagen espectral, descarnada, del crimen organizado se aparecía como una conjetura obligada.
Mario di Costanzo, diputado del PT, de plano ha opinado que deberían cancelarse los comicios en cuando menos cinco entidades: Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa.
¿Deben cancelarse las elecciones? –se le preguntó, en conferencia, al diputado del PAN Carlos Alberto Pérez Cuevas. Y éste respondió: “Mandar una señal inmediata de que todo se frena, que la dinámica electoral, política, social y económica se para, por más dolorosa y fuerte que sea este tema, es mandar una señal a la delincuencia organizada de que nos ha doblegado. De que es más fuerte que el Estado mexicano, y eso no lo vamos a permitir”.
Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador de la bancada perredista en San Lázaro: “Este acto significa un retroceso en la lucha por la igualdad, un regreso al pasado, en el que grupos oscuros desean satisfacer sus intereses propios sin importar el debilitamiento del Estado mexicano y el resquebrajamiento de las instituciones”.
Además del estupor, en los territorios del Congreso acometía a tirios y troyanos un sentimiento de indefensión. Y de enojo contra un Poder Ejecutivo sólo se la ha pasado en condenar los asesinatos sin que se avance realmente en la aclaración de los mismos.
Al Partido Acción Nacional, el 5 de mayo pasado, le mataron a su candidato a presidente municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, Luis Mario Guajardo. El 30 de noviembre de 2007, en Río Bravo, también del Estado de Tamaulipas, murió acribillado a balazos el que fuera diputado federal por el PRD Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.
Los tres asesinatos, políticos por antonomasia, ninguno de los dos gobiernos responsables en su momento del esclarecimiento, el estatal y el federal, han dado con los asesinos. Y, como entonces, únicamente se han estado escuchando las condenas a los hechos de marras.
En San Lázaro, con la voz endurecida Francisco Rojas Gutiérrez dijo: “No podemos omitir que este crimen se da en un contexto de creciente violencia e impunidad, al que es necesario poner fin. Es hora de reencontrar el camino de la concordia y de la solidaridad entre todos los mexicanos, para superar los graves problemas del país. Es responsabilidad primordial del Gobierno federal generar las condiciones que lo hagan posible”.
A esa hora de la tarde, las tres pm, en Los Pinos se reunían con el Presidente los integrantes del Gabinete de Seguridad. Más tarde, la diputada Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI, anunciaba que hoy, martes, estarían reuniéndose en Tamaulipas los 18 gobernadores del PRI junto con la plana mayor de ese partido político.
A nadie en San Lázaro y Xicoténcatl, sin embargo, la cabía la menor duda de que en México está en juego “la vigencia de la democracia y de sus instituciones ante la amenaza de la violencia”.
Así de ominosos se escucharon todo el día priistas, panistas, perredistas y petistas.
La espiral de violencia, para desgracia del país cada día más profunda, cortó ayer con sus filos de muerte otra vez la piel de esa capa de la sociedad mexicana, conocida como clase política. Y, de paso, la ráfaga asesina que mató al candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas, y a otras cuatro personas que lo acompañaban, “ha vulnerado a México entero”.
En los territorios del Congreso de la Unión, San Lázaro y Xicoténcatl, tirios y troyanos se alistaban desde temprano este lunes para disputar los temas de la orden del día de la sesión de la Comisión Permanente. Indefectiblemente, los comicios del domingo próximo, 4 de julio, gravitaban en los ánimos de todos. Y los posicionamientos ya servirían para catapultar candidatos, más allá de los silencios a los que la ley obliga a los contendientes. Pero un acontecimiento brutal, ocurrido a las 10 y media de la mañana, en Tamaulipas, resquebrajó desde temprano todas las estrategias parlamentarias.
“México entero ha sido vulnerado con este crimen”, declaró, con la conmoción reflejada en el rostro, el coordinador de los diputados priistas Francisco Rojas Gutiérrez. Y apostilló: “Es un atentado contra el pueblo de Tamaulipas y directamente contra el PRI y su candidato que se encaminaba a la victoria. Es un atentado a la democracia y a todos los mexicanos que venimos exigiendo responsabilidad. La sociedad mexicana y los priistas no nos intimidaremos por estos actos criminales”.
¿Quién fue?, la pregunta mordiente viajaba por todo el Poder Legislativo. Y la imagen espectral, descarnada, del crimen organizado se aparecía como una conjetura obligada.
Mario di Costanzo, diputado del PT, de plano ha opinado que deberían cancelarse los comicios en cuando menos cinco entidades: Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa.
¿Deben cancelarse las elecciones? –se le preguntó, en conferencia, al diputado del PAN Carlos Alberto Pérez Cuevas. Y éste respondió: “Mandar una señal inmediata de que todo se frena, que la dinámica electoral, política, social y económica se para, por más dolorosa y fuerte que sea este tema, es mandar una señal a la delincuencia organizada de que nos ha doblegado. De que es más fuerte que el Estado mexicano, y eso no lo vamos a permitir”.
Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador de la bancada perredista en San Lázaro: “Este acto significa un retroceso en la lucha por la igualdad, un regreso al pasado, en el que grupos oscuros desean satisfacer sus intereses propios sin importar el debilitamiento del Estado mexicano y el resquebrajamiento de las instituciones”.
Además del estupor, en los territorios del Congreso acometía a tirios y troyanos un sentimiento de indefensión. Y de enojo contra un Poder Ejecutivo sólo se la ha pasado en condenar los asesinatos sin que se avance realmente en la aclaración de los mismos.
Al Partido Acción Nacional, el 5 de mayo pasado, le mataron a su candidato a presidente municipal de Valle Hermoso, Tamaulipas, Luis Mario Guajardo. El 30 de noviembre de 2007, en Río Bravo, también del Estado de Tamaulipas, murió acribillado a balazos el que fuera diputado federal por el PRD Juan Antonio Guajardo Anzaldúa.
Los tres asesinatos, políticos por antonomasia, ninguno de los dos gobiernos responsables en su momento del esclarecimiento, el estatal y el federal, han dado con los asesinos. Y, como entonces, únicamente se han estado escuchando las condenas a los hechos de marras.
En San Lázaro, con la voz endurecida Francisco Rojas Gutiérrez dijo: “No podemos omitir que este crimen se da en un contexto de creciente violencia e impunidad, al que es necesario poner fin. Es hora de reencontrar el camino de la concordia y de la solidaridad entre todos los mexicanos, para superar los graves problemas del país. Es responsabilidad primordial del Gobierno federal generar las condiciones que lo hagan posible”.
A esa hora de la tarde, las tres pm, en Los Pinos se reunían con el Presidente los integrantes del Gabinete de Seguridad. Más tarde, la diputada Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI, anunciaba que hoy, martes, estarían reuniéndose en Tamaulipas los 18 gobernadores del PRI junto con la plana mayor de ese partido político.
A nadie en San Lázaro y Xicoténcatl, sin embargo, la cabía la menor duda de que en México está en juego “la vigencia de la democracia y de sus instituciones ante la amenaza de la violencia”.
Así de ominosos se escucharon todo el día priistas, panistas, perredistas y petistas.
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