México
Tren Parlamentario
¿Por qué?
¿Por qué el Gobierno de Felipe Calderón no quiere combatir con determinación absoluta la estructura financiera del narcotráfico en México, al grado de que ha sembrado la duda de si realmente combate a los criminales o sólo es una mera simulación, pero con resultados tan catastróficos como el de los más de 23 mil muertos en lo que va del sexenio?, es una pregunta recurrente, que se hace añosa y que escuece en todos los grupos parlamentarios de la oposición.
Verbigracia: este viernes, el senador priista Manlio Fabio Beltrones ha vuelto a criticar la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado, que a ultranza el Ejecutivo ha aupado sobre el Ejército y la Marina.
“La mejor manera de atacar a la delincuencia”, ha dicho Beltrones, “es secándola en el origen de sus recursos con los cuales se moviliza con enorme facilidad en la República Mexicana”.
Hablaba, evidentemente, del factor financiero del narcotráfico –factor, por cierto, equivalente a cuando menos unos 10 mil millones de dólares anuales, ha admitido Hacienda-, como también de la ausencia en esa estrategia gubernamental de programas sociales y económicos.
“Estamos convencidos”, insistía el priista, “que también la estrategia debe contemplar el necesario crecimiento económico de México, que se nos ha negado en los últimos 10 años de gobiernos panistas; combatir el desempleo a través de ese crecimiento económico y luchar en contra de la desigualdad y la pobreza, porque sin estos elementos ninguna estrategia que solamente se sustenta en la fuerza va a prosperar”.
Al presidente Calderón esto se lo han restregado prácticamente diario los priistas, pero también los perredistas, petistas, pcedistas y cuanta persona se ha parado sobre la roca firme del sentido común.
El diputado federal René Arce –ahora sin partido porque renunció hace unos meses a la militancia del PRD- ha salido también al paso del mensaje que Calderón emitió el miércoles 16, a través de la televisión y de un desplegado en algunos medios impresos de la capital del país.
Arce ha documentado a contrapelo del mensaje del Presidente, citando nombres de iniciativas de reformas de ley que su antiguo partido, el PRD, propuso para reforzar el combate a la delincuencia organizada.
Las iniciativas de marras versan en torno de los siguientes temas: “a) Contar con un sistema de justicia expedita, autónomo, confiable y transparente, que incluya la autonomía del ministerio público, un código procesal para el sistema acusatorio, oral y adversarial; b) regulación del uso legítimo de la fuerza y acotación del fuero militar; c) Combate del lavado de dinero y la regulación del negocio vinculado con la marihuana; y d) Atención social del problema, como es la prevención de adicciones y la exclusión educativa.
El diputado hizo mención entonces de iniciativas y fechas. He aquí las que aluden directamente a la estrategia contra el crimen que el Presidente no desea, hasta el momento, cambiar todavía.
El 9 de octubre de 2008, el Pleno de San Lázaro admitió la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y a los Códigos Penal y Procesal en materia de narcomenudeo, y ambas fueron aprobadas –por las dos Cámaras del Congreso– en abril de 2009.
Ha advertido Arce que el capítulo de prevención y tratamiento de adicciones que se le incluyó a la Ley General de Salud “no ha sido instrumentado, pues el presupuesto para prevención de adicciones del Presupuesto de Egresos de la Federación fue de irrisorios 20 millones de pesos, contra los más de 43 mil millones que se le destinaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y los 15 mil millones a la Secretaría de Marina”.
En el tema del lavado de dinero, hay iniciativas que duermen el sueño de los justos en comisiones. Ha precisado Arce que el 9 de octubre de 2008 fue presentada al Pleno camaral de San Lázaro una iniciativa de reforma que propone la creación de la Comisión Nacional de Inteligencia Financiera.
Dicha Comisión estaría integrada por las diversas instancias que ahora, teniendo las facultades de combate al lavado de dinero, no lo hacen porque es evidente que se descoordinan a propósito, para no hacerlo. Y son la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Tendrían facultades, ha dicho Arce esta vez, “para intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades financieras (se refiere a los bancos comerciales del país, desde Banamex hasta los regionales) o aquellas personas físicas o morales que realicen operaciones presuntamente vinculadas de manera directa con la comisión de diversos delitos y, con ello, combatir el lavado de dinero”.
La creación de una comisión de este tipo tendrá que esperar todavía, porque las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos de San Lázaro la tienen bien congeladita.
Ayer, Arce hizo referencia de más de una docena de casos parados de procesos legislativos relacionados con el fortalecimiento del combate contra la delincuencia. Uno más, el del fuero militar, que estos días cómo ha escocido luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tildado de mentirosa a la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto del caso de los niños asesinados en Tamaulipas.
El 13 de marzo de 2007, fue turnada a comisiones una iniciativa de reforma al artículo 13 constitucional y al artículo 57 del Código de Justicia Militar, en la cual se propone que se legisle para que los militares que cometan delitos del orden común sean juzgados en tribunales civiles.
Esta iniciativa permanece sin ser dictaminada en las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos de San Lázaro. PRI y PAN, concretamente, la tienen durmiendo el sueño de los justos.
Verbigracia: este viernes, el senador priista Manlio Fabio Beltrones ha vuelto a criticar la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado, que a ultranza el Ejecutivo ha aupado sobre el Ejército y la Marina.
“La mejor manera de atacar a la delincuencia”, ha dicho Beltrones, “es secándola en el origen de sus recursos con los cuales se moviliza con enorme facilidad en la República Mexicana”.
Hablaba, evidentemente, del factor financiero del narcotráfico –factor, por cierto, equivalente a cuando menos unos 10 mil millones de dólares anuales, ha admitido Hacienda-, como también de la ausencia en esa estrategia gubernamental de programas sociales y económicos.
“Estamos convencidos”, insistía el priista, “que también la estrategia debe contemplar el necesario crecimiento económico de México, que se nos ha negado en los últimos 10 años de gobiernos panistas; combatir el desempleo a través de ese crecimiento económico y luchar en contra de la desigualdad y la pobreza, porque sin estos elementos ninguna estrategia que solamente se sustenta en la fuerza va a prosperar”.
Al presidente Calderón esto se lo han restregado prácticamente diario los priistas, pero también los perredistas, petistas, pcedistas y cuanta persona se ha parado sobre la roca firme del sentido común.
El diputado federal René Arce –ahora sin partido porque renunció hace unos meses a la militancia del PRD- ha salido también al paso del mensaje que Calderón emitió el miércoles 16, a través de la televisión y de un desplegado en algunos medios impresos de la capital del país.
Arce ha documentado a contrapelo del mensaje del Presidente, citando nombres de iniciativas de reformas de ley que su antiguo partido, el PRD, propuso para reforzar el combate a la delincuencia organizada.
Las iniciativas de marras versan en torno de los siguientes temas: “a) Contar con un sistema de justicia expedita, autónomo, confiable y transparente, que incluya la autonomía del ministerio público, un código procesal para el sistema acusatorio, oral y adversarial; b) regulación del uso legítimo de la fuerza y acotación del fuero militar; c) Combate del lavado de dinero y la regulación del negocio vinculado con la marihuana; y d) Atención social del problema, como es la prevención de adicciones y la exclusión educativa.
El diputado hizo mención entonces de iniciativas y fechas. He aquí las que aluden directamente a la estrategia contra el crimen que el Presidente no desea, hasta el momento, cambiar todavía.
El 9 de octubre de 2008, el Pleno de San Lázaro admitió la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y a los Códigos Penal y Procesal en materia de narcomenudeo, y ambas fueron aprobadas –por las dos Cámaras del Congreso– en abril de 2009.
Ha advertido Arce que el capítulo de prevención y tratamiento de adicciones que se le incluyó a la Ley General de Salud “no ha sido instrumentado, pues el presupuesto para prevención de adicciones del Presupuesto de Egresos de la Federación fue de irrisorios 20 millones de pesos, contra los más de 43 mil millones que se le destinaron a la Secretaría de la Defensa Nacional y los 15 mil millones a la Secretaría de Marina”.
En el tema del lavado de dinero, hay iniciativas que duermen el sueño de los justos en comisiones. Ha precisado Arce que el 9 de octubre de 2008 fue presentada al Pleno camaral de San Lázaro una iniciativa de reforma que propone la creación de la Comisión Nacional de Inteligencia Financiera.
Dicha Comisión estaría integrada por las diversas instancias que ahora, teniendo las facultades de combate al lavado de dinero, no lo hacen porque es evidente que se descoordinan a propósito, para no hacerlo. Y son la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Tendrían facultades, ha dicho Arce esta vez, “para intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades financieras (se refiere a los bancos comerciales del país, desde Banamex hasta los regionales) o aquellas personas físicas o morales que realicen operaciones presuntamente vinculadas de manera directa con la comisión de diversos delitos y, con ello, combatir el lavado de dinero”.
La creación de una comisión de este tipo tendrá que esperar todavía, porque las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos de San Lázaro la tienen bien congeladita.
Ayer, Arce hizo referencia de más de una docena de casos parados de procesos legislativos relacionados con el fortalecimiento del combate contra la delincuencia. Uno más, el del fuero militar, que estos días cómo ha escocido luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tildado de mentirosa a la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto del caso de los niños asesinados en Tamaulipas.
El 13 de marzo de 2007, fue turnada a comisiones una iniciativa de reforma al artículo 13 constitucional y al artículo 57 del Código de Justicia Militar, en la cual se propone que se legisle para que los militares que cometan delitos del orden común sean juzgados en tribunales civiles.
Esta iniciativa permanece sin ser dictaminada en las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos de San Lázaro. PRI y PAN, concretamente, la tienen durmiendo el sueño de los justos.
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