México
Tren Parlamentario
La Ley del Talión
El fantasma de una Ley antidiluviana se asomó ayer en la casa senatorial de México. Y, con su evocación, se han asomado también los rostros descarnados de la impunidad y la corrupción.
¿Es retributiva, realmente, la justicia en el país?, fue la pregunta central durante un foro que, en Xicotécantl, fue dedicado a la reflexión sobre el secuestro. Y las respuestas, que sí las hubo, cimbraron por supuesto a la concurrencia, por la sencilla razón de que las víctimas no sólo piden, exigen, que todo aquel secuestrador que asesine a su plagiado sea, ni más ni menos, ejecutado también.
La Ley del Talión, aquel principio jurídico que refiere a la imposición de un castigo similar al hecho jurídico cometido, se paseó con la fuerza del coraje, en los patios y pasillos de Xicoténcatl, a donde se celebrara el Foro Alto al Secuestro, que organizó la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
“Quien mate a la víctima (de secuestro), que entonces reciba un castigo proporcional”, saeteó con gran fuerza Isabel Miranda de Wallace, la señora aquella que dedicó su vida a investigar y detener a los secuestradores que mataron a su hijo.
Pero los silencios la envolvieron. En los territorios del Congreso sólo un partido político, el PVEM, se ha pronunciado por la pena de muerte a plagiarios, más, sin embargo, como un oportunismo electorero.
“En mi caso”, dijo la admirable mujer, “Perdí lo más importante: mi hijo. Y ahora estoy luchando desde hace cinco años contra la incompetencia de un sistema (judicial y jurídico) que no ha sido capaz de responder a una mujer”. Y entonces arengaba a quienes la escuchaban –juristas, senadores, diputados, funcionarios del gobierno federal- “a escuchar el dolor, la conciencia de los que están viviendo este problema, porque no somos números ni papeles”.
Desde hace seis años casi, decía la señora Miranda, se ha topado con el muro granítico de la complicidad de funcionarios y jueces con los delincuentes. Una complicidad afincada en la corrupción.
Se le martajaba la voz a doña Isabel. Y se le humedecían los ojos, y se le escapaba del alma el coraje y la frustración. “En cinco años”, dijo, “sólo se ha obtenido una sentencia en primera instancia (contra los plagiarios que mataron a su hijo). Es una ofensa que un juez de muy poco criterio, Octavio Justo Ojeda, se brinque la ley”.
Para que pueda medirse el grado de dolor que causa una pena, antes habría que haberla experimentado en carne propia. Muchos de los que ahí concurrían respondían con el silencio, pero, evidentemente, no lograban tender ese puente de comprensión que doña Isabel fue a clamar.
Consideraba injusto que la Ley antisecuestro (Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro) que recién propuso el presidente Felipe Calderón, sólo considere, como pena máxima la prisión vitalicia, también conocida como cadena perpetua. Y de ella, en esos mismos tonos, había ido a ese foro a hablar el subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Lara Rivera.
La cadena perpetua —apenas la mitad del camino hacia la muerte del plagiario, que la señora Miranda Wallace ha planteado que se transite— no ha sido, precisamente, un tema de la predilección del PRI y el PRD. Como tampoco éstos tuvieron de acuerdo con la propuesta aquella del magistrado del Noveno Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito del Distrito Federal, Humberto Manuel Román, quien planteó la construcción de la Ley Federal de Recompensas Penales, de la que se bifurcarían dos maneras de combatir a los secuestradores en México: mediante recompensas y a través de un fondo económico, para que fuera el Estado el que pagara los plagios, y no los familiares de las víctimas.
La Ley del Talión, por cierto, es una teoría milenaria de que el sentido de la justicia tiene que ser proporcional, retributivo. De ella se habla más de una vez en los libros del Antiguo Testamento. El que mataba, tenía que morir; al que robaba, se le tenía que cortar una de las manos. Era la proporcionalidad llevada al castigo extremo.
Pero así de extremo ha sido el dolor también de quien perdió un hijo, un padre, un hermano, en manos de un secuestrador, cuyo bestial oficio –ayer en ese foro también se dijo- ha estado “a la alza” en los últimos meses, ante la crisis de las instituciones encargadas de combatirlo. Crisis derivada de la corrupción, la complicidad, la impunidad.
En San Lázaro, el PAN organizó un foro sobre la reforma política del Estado. Versó su argumentación en torno de aquel mismo argumento que, por enero pasado, enarbolaba: mejorará la calidad de vida de los mexicanos si se aprueba la reforma política, decía Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada panista de la Cámara de Diputados. Su invitado principal, Fernando Gómez Mont, después declaraba de manera similar.
¿Es retributiva, realmente, la justicia en el país?, fue la pregunta central durante un foro que, en Xicotécantl, fue dedicado a la reflexión sobre el secuestro. Y las respuestas, que sí las hubo, cimbraron por supuesto a la concurrencia, por la sencilla razón de que las víctimas no sólo piden, exigen, que todo aquel secuestrador que asesine a su plagiado sea, ni más ni menos, ejecutado también.
La Ley del Talión, aquel principio jurídico que refiere a la imposición de un castigo similar al hecho jurídico cometido, se paseó con la fuerza del coraje, en los patios y pasillos de Xicoténcatl, a donde se celebrara el Foro Alto al Secuestro, que organizó la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.
“Quien mate a la víctima (de secuestro), que entonces reciba un castigo proporcional”, saeteó con gran fuerza Isabel Miranda de Wallace, la señora aquella que dedicó su vida a investigar y detener a los secuestradores que mataron a su hijo.
Pero los silencios la envolvieron. En los territorios del Congreso sólo un partido político, el PVEM, se ha pronunciado por la pena de muerte a plagiarios, más, sin embargo, como un oportunismo electorero.
“En mi caso”, dijo la admirable mujer, “Perdí lo más importante: mi hijo. Y ahora estoy luchando desde hace cinco años contra la incompetencia de un sistema (judicial y jurídico) que no ha sido capaz de responder a una mujer”. Y entonces arengaba a quienes la escuchaban –juristas, senadores, diputados, funcionarios del gobierno federal- “a escuchar el dolor, la conciencia de los que están viviendo este problema, porque no somos números ni papeles”.
Desde hace seis años casi, decía la señora Miranda, se ha topado con el muro granítico de la complicidad de funcionarios y jueces con los delincuentes. Una complicidad afincada en la corrupción.
Se le martajaba la voz a doña Isabel. Y se le humedecían los ojos, y se le escapaba del alma el coraje y la frustración. “En cinco años”, dijo, “sólo se ha obtenido una sentencia en primera instancia (contra los plagiarios que mataron a su hijo). Es una ofensa que un juez de muy poco criterio, Octavio Justo Ojeda, se brinque la ley”.
Para que pueda medirse el grado de dolor que causa una pena, antes habría que haberla experimentado en carne propia. Muchos de los que ahí concurrían respondían con el silencio, pero, evidentemente, no lograban tender ese puente de comprensión que doña Isabel fue a clamar.
Consideraba injusto que la Ley antisecuestro (Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro) que recién propuso el presidente Felipe Calderón, sólo considere, como pena máxima la prisión vitalicia, también conocida como cadena perpetua. Y de ella, en esos mismos tonos, había ido a ese foro a hablar el subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Lara Rivera.
La cadena perpetua —apenas la mitad del camino hacia la muerte del plagiario, que la señora Miranda Wallace ha planteado que se transite— no ha sido, precisamente, un tema de la predilección del PRI y el PRD. Como tampoco éstos tuvieron de acuerdo con la propuesta aquella del magistrado del Noveno Tribunal Colegiado Penal del Primer Circuito del Distrito Federal, Humberto Manuel Román, quien planteó la construcción de la Ley Federal de Recompensas Penales, de la que se bifurcarían dos maneras de combatir a los secuestradores en México: mediante recompensas y a través de un fondo económico, para que fuera el Estado el que pagara los plagios, y no los familiares de las víctimas.
La Ley del Talión, por cierto, es una teoría milenaria de que el sentido de la justicia tiene que ser proporcional, retributivo. De ella se habla más de una vez en los libros del Antiguo Testamento. El que mataba, tenía que morir; al que robaba, se le tenía que cortar una de las manos. Era la proporcionalidad llevada al castigo extremo.
Pero así de extremo ha sido el dolor también de quien perdió un hijo, un padre, un hermano, en manos de un secuestrador, cuyo bestial oficio –ayer en ese foro también se dijo- ha estado “a la alza” en los últimos meses, ante la crisis de las instituciones encargadas de combatirlo. Crisis derivada de la corrupción, la complicidad, la impunidad.
En San Lázaro, el PAN organizó un foro sobre la reforma política del Estado. Versó su argumentación en torno de aquel mismo argumento que, por enero pasado, enarbolaba: mejorará la calidad de vida de los mexicanos si se aprueba la reforma política, decía Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada panista de la Cámara de Diputados. Su invitado principal, Fernando Gómez Mont, después declaraba de manera similar.
Síguenos en