Tren Parlamentario

Era también ayer el Senado de la República un recipiendario de aspiraciones en la materia de los derechos humanos. Es la Cámara de Senadores la que tiene la facultad de elegir presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en ello se han barajado los siguientes tres nombres, de donde saldrá el nuevo ombudsman de México: Luis Raúl González Pérez, Raúl Plascencia y Emilio Alvarez Icaza.

Este jueves 5, el pleno del Senado sacará de esa tríada el nuevo titular de CNDH, y el elegido sustituirá a José Luis Soberanes a partir del 16 de noviembre.

Dos argumentos prevalecieron durante el debate que insufló el cambio en CNDH desde hace dos meses. Uno: el nuevo presidente debe tener entre sus fortalezas una formación eminentemente laica, y, dos, tiene que estar comprometido con el sentido de la verdad y la justicia.

Retrataban así quienes argumentaban lo anterior al presidente actual, José Luis Soberanes, quien jamás pudo sacudirse la chapa de clerical y sumiso ante el Poder presidencial.

Ayer, en la sesión de la Comisión dictaminadora de la terna de nuevo presidente de CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el emblemático senador perredista Pablo Gómez Alvarez –fue uno de los estudiantes golpeados en el 68, y que vivió para contarlo-- dijo: “El momento de nombrar al presidente de la CNDH es algo de tal trascendencia que no solamente tiene que ver con la lucha en nuestro país por el respeto, la protección de los derechos humanos, sino también es parte de un movimiento mundial a favor de los derechos humanos”.

“De conformidad con nuestra experiencia en esta materia, nosotros empezamos a tener en el nivel del Estado mexicano organismos que de alguna forma vigilaban o se preocupaban por la protección de derechos humanos hace relativamente poco tiempo, y su origen fue una oficina gubernamental, una dependencia del Ejecutivo.

“En otros países que fueron los fundadores de esta institución, el protector o defensor de los derechos humanos surgió del Parlamento y daba cuentas al Parlamento; era una institución más ligada al pueblo en general, no al Gobierno.

“..(Por tanto) debe caracterizar al presidente de Derechos Humanos, así como a (los presidentes) de las comisiones locales de Derechos Humanos el que sean personas sin vínculos con el Gobierno, porque, yo lo decía en forma un poco coloquial, el Gobierno es el encargado de la violación de derechos humanos más importante que hay en cualquier país. Y digo Gobierno federal y todos los gobiernos locales”.

En la noche de este miércoles, se perfilaba como posible ganador el abogado Luis Raúl González Pérez, salvo cambios de opinión de última hora a la hora de la votación del pleno. Y habían quedado en el camino gente como el general Francisco Gallardo, Susana Thalía Pedroza, Mauricio Farah y Ricardo Sepúlveda. Se daba por anticipado un debate que confluiría en una vertiente: en la de la crítica de que estaría repitiéndose la historia de Soberanes con cualesquiera de los tres aquéllos. Si hubieran querido un ombudsman independiente, tal vez hubieran puesto la mirada el PRI y el PAN en personas probadas en fuego como el general Gallardo, que se enfrentó al Ejército por los derechos humanos y fue hecho preso varios años.

En Comisiones

  San Lázaro, sede los diputados federales, entre tanto, se ha comenzado a mirar como esos mercados sobre ruedas, donde la gente va y viene. El cabildeo por el gasto público de 2010 atrajo ayer nada menos que a unos 200 presidentes municipales afiliados a la Asociación de Municipios de México, AC; también a un gobernador (el de Morelos) y secretarios de Finanzas de tres estados (Hidalgo, EdoMex., y Distrito Federal).

Los diputados los han recibido. Nadie promete nada. Ayer, sin embargo, casi todos se dijeron federalistas. Han dicho a los alcaldes que el sistema fiscal debe evolucionar hacia la entrega al municipio de nuevas facultades hacendarias.

Hoy, más gobernadores; entre ellos, el de Puebla y Quintana Roo.