México

Tren Parlamentario

Operación Avestruz en el Congreso

La República comprobó estos días que está prácticamente huérfana de instituciones que, más allá de las apariencias, sirvan realmente de contrapeso del ejercicio del poder presidencial y de los poderes fácticos que, cual rémoras de éste, navegan en un mar de impunidad cada vez más revuelto.

Verbigracia: de julio a la fecha, cuando las empresas que administran a las Afores de los trabajadores mexicanos han perdido ya en el mercado especulativo 64 mil millones de pesos… sí, 64 mil millones, han reconocido ayer fuentes de Bancomer, no hay todavía en la Cámara de Diputados y en la de Senadores un pronunciamiento enérgico, que derivase hacia la investigación del papel que están jugando las empresas intermediarias en el manejo de los ahorros de los trabajadores.

Las dos cámaras del Congreso de la Unión, por estos días, han semejado su accionar al infame papel que muchas de las veces han jugado organismos como la Condusef y la Profeco, que sólo administran las quejas y las denuncias, sin evitar realmente, en la mayoría de los casos, que ocurra la impunidad en el abuso del más grande hacia el más débil.

Justo cuando los diputados y senadores, en lo individual como en lo colectivo, deberían estar haciéndose escuchar, con voz tronante —ya sea preguntando, indagando y aun requiriendo a los organismos públicos que tienen que ver con manejos como los de las Afores, donde los trabajadores lo único que tienen garantizado ahora es seguir perdiendo porciones de su de por sí secuestrado patrimonio—, pues mejor han optado por irse literalmente de vacaciones.

La semana pasada, luego de que aprobaron el Presupuesto de Egresos, los diputados se ausentaron de sus oficinas prácticamente el jueves, viernes y lunes; esta semana que concluye, estuvieron apersonados martes y miércoles, y se han desaparecido de San Lázaro, la mayoría, a partir del jueves 20 y viernes 21.

En lo que va de noviembre, el Senado apenas el miércoles se posicionó sobre las Afores en un debate donde, para no variar, el partido en el poder sigue haciéndola de celestina de un sistema financiero —con la ayuda de la Ley de la Consar, que los diputados y senadores le proveyeron cuando la privatización de las pensiones— que estructura su accionar de tal modo que los únicos que pierden son los trabajadores, y los que siempre ganan pues son ellos.

Y ellos no son más que intermediarios como Principal Afore, Ahorra Ahora, Banamex, Bancomer, Inbursa, Afirme, MetLife, y una veintena más de bancos y casas de bolsa, a los cuales una ley promovida y aprobada por la alianza PRI- PAN en la LVI Legislatura, les permitió a partir de 1997 administrar pensiones y ahorros mediante las ya tristemente conocidas Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores).

Cuando los diputados reaparezcan la semana próxima, es de presumir que intentarán debatir y posicionarse en algún punto de acuerdo, o sea un exhorto para que algún funcionario hacendario comparezca y explique qué está sucediendo en las Afores, donde los trabajadores ya perdieron 64 mil millones de pesos. Pero, también es de esperar que no irán más allá, como la creación de una comisión especial que investigue o dé seguimiento a ese proceso pedregoso de ahorros.

Sería interesante que los legisladores la hicieran. Cuando menos, se estarían aireando los detalles de los procesos financieros de una Afore que muy pocos trabajadores acaso entienden, porque si algo caracteriza a las Siefores, es su perniciosa costumbre de ocultar información.

Muy pocos ahorradores, verbigracia, saben que en las Afores hay dos subcuentas: una es la de vivienda, cuyos montos ahí reunidos por cada trabajador nunca les serán entregados, a menos que éstos hicieran uso de su derecho de crédito ante el Infonavit.

La otra subcuenta es la que concentra los ahorros para el retiro. Y en ella están los dineros que las Siefores correspondientes disponen para invertir en mercados de valores; discrecionalmente, sin que ninguno de los trabajadores pueda llamar a cuentas a quienes se erigieron, por obra y gracia del PRI y PAN, en sus administradores.

Por estos días, algunos legisladores han estado reclamando por qué las Siefores no les devuelven a los trabajadores el dinero, más allá de 10% cada cinco años que, del total de sus ahorros, les permiten retirar parcialmente.

Siquiera la mitad que les permitan retirar a los trabajadores que así lo quisieran, o necesitaran. Pues no eso. “Lo prohíbe la Ley de la Consar”, responden, orondos, los encargos de las Siefores.

Por eso no es difícil entender que estos poderes fácticos, como es la banca comercial —dueña de las Siefores—, sea en los hechos más poderosa que el decepcionante contrapeso constitucional, que mejor opta por irse de vacaciones —o esconder la cabeza bajo la tierra, como el avestruz— cuando la República más agobiada está.
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