México

Trasladan a 'El JJ' a penal de máxima seguridad

Balderas Garza fue detenido el martes pasado en Bosques de las Lomas en la ciudad de México por elementos de la Policía Federal, junto con otras seis personas

CIUDAD DE MÉXICO (22/ENE/2011).- El agente del Ministerio Público federal consignó al penal de máxima seguridad de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, a José Jorge Balderas Garza alias 'el JJ'.  

En un comunicado la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ese sujeto es probable responsable del ilícito de delincuencia organizada, por lo que el Juzgado 1 de Distrito en materia de procesos penales federales le giró orden de aprehensión.  

De acuerdo con las investigaciones, Balderas Garza fue detenido el martes pasado en Bosques de las Lomas en la ciudad de México por elementos de la Policía Federal, junto con seis personas en cumplimiento de una orden de localización y presentación.  

Al momento de su captura se les aseguraron varias bolsas y paquetes con cocaína, cinco armas largas, seis cortas, una subametralladora, 304 cartuchos útiles de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación, seis chalecos antibalas y dos cascos tácticos.  

También se les decomisaron un millón 73 mil 350 pesos y 53 mil 24 dólares americanos, dos vehículos, seis aparatos de comunicación e identificaciones oficiales con nombres diferentes a los reales y documentación diversa.  

La PGR investiga a Balderas Garza por delitos federales, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el ilícito de homicidio en grado de tentativa en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas.  

Los nombres de los detenidos junto con Balderas Garza son Ricardo García González, Jorge Ramón Madrid Trujillo, Peniel Garza Mireles, Raymundo Rangel Madrid, Urim Adán Madrid Iturbide y Juliana García González.  

Estas personas fueron arraigadas por 40 días y la medida cautelar la cumplirán en el Centro Federal de Investigaciones, mientras el agente del Ministerio Público federal recaba mayores elementos de prueba para deslindar responsabilidades.  
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