México
Tras suspensión de obras, ampliarán demandas en Tajamar
Serán por actos nuevos como violación de autorización de impacto ambiental, indicó la abogada defensora Isabel González
CANCÚN, QUINTANA ROO (03/FEB/2016).- Luego de confirmar hoy miércoles que el Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, les concedió la suspensión definitiva de obras en “Malecón Tajamar”, en tanto se resuelve el juicio de amparo correspondiente, la defensa jurídico-ciudadana anunció que ampliará las demandas en contra del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (
Profepa).
Con la resolución en mano, la abogada Isabel González Glennie explicó que la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito y publicada hoy en estrados, surte efectos para que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que se suspenda cualquier acto que implique la ejecución de remoción de cualquier tipo de vegetación, así como el relleno con material pétreo”, en Malecón Tajamar.
La medida, adelantada anoche por otro de los abogados que ve el caso –Francisco Villarreal-, establece que de estar concluido el retiro de vegetación y su relleno, “se suspenda el inicio de diversas actividades vinculadas con obras civiles”, hasta que se dicte sentencia sobre el juicio de amparo 086/2016.
“Hay mucho optimismo sobre el caso, sobre todo en lo que concierne a los Tribunales Colegiados. Independientemente de esto, vamos a ampliar las demandas, por actos nuevos, como son la violación de la autorización de impacto ambiental ante el incumplimiento de las condicionantes.
“Entre ellas la del rescate de fauna que no se hizo o no se completó; que Fonatur se excedió en lo que le fue autorizado y por el incumplimiento en las superficies de desmonte; por ahí hay lotes que se desmontaron y son propiedad del municipio, o sea son públicos”, adelantó González Glennie.
Interés público sobre interés privado
La litigante, quien junto con otros cuatro abogados dan seguimiento al caso, recordó que el Fonatur promovió un recurso de queja contra la suspensión provisional que el Juez Segundo había concedido originalmente.
Fonatur alegaba que la ciudadana que promovió la demanda de amparo carecía de “interés legítimo”, que los actos reclamados –la remoción y relleno de vegetación- eran “hechos consumados” y solicitaba que el juez fijase una suma de dinero a pagar por la promovente, como garantía de daños a terceros.
“La queja fue declarada como infundada, al igual que todos sus alegatos, por el Primer Tribunal Colegiado, que consideró que hay interés legítimo al tratarse de un tema que afecta o beneficia a la colectividad; que si bien el desmonte se realizó, no estaba terminado y continuaría, traduciéndose en obras civiles que probablemente impactarían de manera irreversible y que no podía fijarse una garantía por estar en juego un derecho constitucional como es el gozar de un medioambiente sano”, explicó.
Pendiente amparo de 113 infantes
En opinión de la abogada, si el razonamiento del Juzgado Cuarto, que pidió 21 millones de pesos como garantía, a 113 niñas y niños, para sostener la suspensión definitiva que les concedió en noviembre pasado –como parte de un amparo presentado en septiembre- el manglar, la selva, la sabana y los animales que existían en “Malecón Tajamar” antes del 16 de enero que la maquinaría llegó a devastar ese capital natural, “estarían vivos”.
“El Juzgado Cuarto ya había concedido la suspensión definitiva, pero la condicionó a la exhibición de una garantía por 21 millones de pesos, una suma imposible no sólo para los niños, sino para cualquiera. Como no se cumplió su exhibición, dejó sin efecto la suspensión y Fonatur entró a ‘Malecón Tajamar’.
“El manglar y los animales seguirían vivos, si el Juez Cuarto hubiera actuado bajo el criterio de los Tribunales Colegiados y el propio Juez Segundo, que resolvieron que no debe fijarse una garantía, al tratarse del interés público”, dijo.
En ese sentido, está pendiente la resolución del Segundo Tribunal Colegiado, ante el cual se promovió un recurso de revisión o queja en contra de la petición de 21 millones de pesos como garantía para sostener la suspensión definitiva del amparo de las y los infantes, quienes demandaron su derecho a un ambiente sano y la revocación de la autorización de impacto ambiental que la Semarnat expidió el 28 de julio al Fonatur, por vicios de origen.
Comunidad organizada
González Glennie consideró que la batalla legal que ha dado la ciudadanía de Cancún para defender “Malecón Tajamar”, tira por la borda comentarios que intentan desacreditar la organización de las y los habitantes en torno al tema.
“Hay quienes han dicho que nuestras denuncias no corresponden a la realidad. Con esto demostramos que además de las personas que empuñan una pancarta que dice ‘Salvemos el Manglar’ y no sabían antes qué era el manglar, lo saben ahora y detrás de ellos estamos muchos profesionistas, abogados, biólogos, gente especializada, que estamos dando sentido jurídico y técnico a esas pancartas.
“Creo que las autoridades federales no se esperaban este nivel de organización y de profesionalización. Somos madres y padres de familia dando la lucha, sí, y entre estas madres y padres de familia, hay muchos profesionistas poniendo nuestro conocimiento y tiempo al servicio de la comunidad, quizá, por primera vez. Creo que esto nos está enseñando a todos (sic)”, subrayó.
La suspensión definitiva durará hasta que se integre todo el expediente y se fije la audiencia para dictar sentencia sobre el amparo, lo cual se prevé dejará rebasado el ocho de febrero próximo, fecha en que vence la vigencia de la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que Semarnat expidió al Fonatur.
Con la resolución en mano, la abogada Isabel González Glennie explicó que la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito y publicada hoy en estrados, surte efectos para que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que se suspenda cualquier acto que implique la ejecución de remoción de cualquier tipo de vegetación, así como el relleno con material pétreo”, en Malecón Tajamar.
La medida, adelantada anoche por otro de los abogados que ve el caso –Francisco Villarreal-, establece que de estar concluido el retiro de vegetación y su relleno, “se suspenda el inicio de diversas actividades vinculadas con obras civiles”, hasta que se dicte sentencia sobre el juicio de amparo 086/2016.
“Hay mucho optimismo sobre el caso, sobre todo en lo que concierne a los Tribunales Colegiados. Independientemente de esto, vamos a ampliar las demandas, por actos nuevos, como son la violación de la autorización de impacto ambiental ante el incumplimiento de las condicionantes.
“Entre ellas la del rescate de fauna que no se hizo o no se completó; que Fonatur se excedió en lo que le fue autorizado y por el incumplimiento en las superficies de desmonte; por ahí hay lotes que se desmontaron y son propiedad del municipio, o sea son públicos”, adelantó González Glennie.
Interés público sobre interés privado
La litigante, quien junto con otros cuatro abogados dan seguimiento al caso, recordó que el Fonatur promovió un recurso de queja contra la suspensión provisional que el Juez Segundo había concedido originalmente.
Fonatur alegaba que la ciudadana que promovió la demanda de amparo carecía de “interés legítimo”, que los actos reclamados –la remoción y relleno de vegetación- eran “hechos consumados” y solicitaba que el juez fijase una suma de dinero a pagar por la promovente, como garantía de daños a terceros.
“La queja fue declarada como infundada, al igual que todos sus alegatos, por el Primer Tribunal Colegiado, que consideró que hay interés legítimo al tratarse de un tema que afecta o beneficia a la colectividad; que si bien el desmonte se realizó, no estaba terminado y continuaría, traduciéndose en obras civiles que probablemente impactarían de manera irreversible y que no podía fijarse una garantía por estar en juego un derecho constitucional como es el gozar de un medioambiente sano”, explicó.
Pendiente amparo de 113 infantes
En opinión de la abogada, si el razonamiento del Juzgado Cuarto, que pidió 21 millones de pesos como garantía, a 113 niñas y niños, para sostener la suspensión definitiva que les concedió en noviembre pasado –como parte de un amparo presentado en septiembre- el manglar, la selva, la sabana y los animales que existían en “Malecón Tajamar” antes del 16 de enero que la maquinaría llegó a devastar ese capital natural, “estarían vivos”.
“El Juzgado Cuarto ya había concedido la suspensión definitiva, pero la condicionó a la exhibición de una garantía por 21 millones de pesos, una suma imposible no sólo para los niños, sino para cualquiera. Como no se cumplió su exhibición, dejó sin efecto la suspensión y Fonatur entró a ‘Malecón Tajamar’.
“El manglar y los animales seguirían vivos, si el Juez Cuarto hubiera actuado bajo el criterio de los Tribunales Colegiados y el propio Juez Segundo, que resolvieron que no debe fijarse una garantía, al tratarse del interés público”, dijo.
En ese sentido, está pendiente la resolución del Segundo Tribunal Colegiado, ante el cual se promovió un recurso de revisión o queja en contra de la petición de 21 millones de pesos como garantía para sostener la suspensión definitiva del amparo de las y los infantes, quienes demandaron su derecho a un ambiente sano y la revocación de la autorización de impacto ambiental que la Semarnat expidió el 28 de julio al Fonatur, por vicios de origen.
Comunidad organizada
González Glennie consideró que la batalla legal que ha dado la ciudadanía de Cancún para defender “Malecón Tajamar”, tira por la borda comentarios que intentan desacreditar la organización de las y los habitantes en torno al tema.
“Hay quienes han dicho que nuestras denuncias no corresponden a la realidad. Con esto demostramos que además de las personas que empuñan una pancarta que dice ‘Salvemos el Manglar’ y no sabían antes qué era el manglar, lo saben ahora y detrás de ellos estamos muchos profesionistas, abogados, biólogos, gente especializada, que estamos dando sentido jurídico y técnico a esas pancartas.
“Creo que las autoridades federales no se esperaban este nivel de organización y de profesionalización. Somos madres y padres de familia dando la lucha, sí, y entre estas madres y padres de familia, hay muchos profesionistas poniendo nuestro conocimiento y tiempo al servicio de la comunidad, quizá, por primera vez. Creo que esto nos está enseñando a todos (sic)”, subrayó.
La suspensión definitiva durará hasta que se integre todo el expediente y se fije la audiencia para dictar sentencia sobre el amparo, lo cual se prevé dejará rebasado el ocho de febrero próximo, fecha en que vence la vigencia de la autorización de impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales que Semarnat expidió al Fonatur.
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