México
''Tony Tormenta'' y las contradicciones de esta guerra
Hasta el momento, ésa es la paradoja: los triunfos del Gobierno se traducen en mayor violencia para los ciudadanos
Murió “Tony Tormenta”. ¡Qué bueno que hayan detenido su trayectoria criminal, pero qué miedo!
Han pasado ya varios años de que el Gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico para que no sepamos todos lo que significa la muerte o la detención de un capo. Pregúntele a los habitantes de Morelos lo que pasó cuando mataron a Arturo Beltrán Leyva. Y qué decir de la detención y luego extradición de Osiel Cárdenas, que acabó generando la lucha fratricida entre “Los Zetas” y el cártel del Golfo, y que tiene sumidos en el pánico, por lo menos desde hace dos años, a buena parte de Tamaulipas, norte de Veracruz y municipios fronterizos de Nuevo León.
Hasta el momento, ésa es la paradoja: los triunfos del Gobierno se traducen en mayor violencia para los ciudadanos. Lo explica y documenta Eduardo Guerrero en su artículo “Cómo reducir la violencia en México”, en la revista “Nexos” de este mes: “La estrategia actual del Gobierno mexicano para debilitar a las organizaciones criminales está dirigida a fragmentarlas. Una acción recurrente para lograr tal división es el arresto de sus jefes. Tales arrestos (…) desencadenan crisis internas de sucesión y propician la conducta oportunista de sus adversarios que aprovechan la crisis momentánea para atacarla”. El resultado: cada vez más violencia.
El 11 de diciembre de 2006, cuando los secretarios del nuevo Gobierno citaron a conferencia de prensa para anunciar el Operativo Conjunto Michoacán, Francisco Ramírez Acuña, entonces secretario de Gobernación, dijo: “Una de las tres prioridades del Presidente Calderón es fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias, para traer la paz a los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”. Eso no sólo no se ha logrado, sino que cada vez son más los espacios públicos que nos están vedados.
No criticamos que se detenga o combata a los líderes de los cárteles, pero sí que se haga en detrimento de la ciudadanía. En una democracia no se puede luchar contra un grupo criminal sin tener en cuenta las consecuencias que una determinada estrategia tiene sobre la vida de los ciudadanos, de lo contrario se corre el riesgo de que entre la población se confundan estrategia y objetivos, y se quede el Estado sin apoyo ni legitimidad para hacer frente a la amenaza real que significan estos grupos.
En Tijuana tiemblan cuando se hacen grandes decomisos de droga porque anticipan una ola de secuestros y extorsiones de parte de los grupos criminales afectados. Los sinaloenses ya saben que después de una detención siguen los reacomodos y las venganzas, producto de las sospechas de traición.
Porque es indispensable para que sobrevivamos como comunidad que los grupos criminales no se apoderen de las estructuras de gobierno, policiacas y de justicia, el Gobierno tiene, cuanto antes, que redefinir la forma en que pelea esta guerra, anteponiendo a cualquier otro objetivo la disminución de la violencia que pesa sobre muchos mexicanos.
Han pasado ya varios años de que el Gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico para que no sepamos todos lo que significa la muerte o la detención de un capo. Pregúntele a los habitantes de Morelos lo que pasó cuando mataron a Arturo Beltrán Leyva. Y qué decir de la detención y luego extradición de Osiel Cárdenas, que acabó generando la lucha fratricida entre “Los Zetas” y el cártel del Golfo, y que tiene sumidos en el pánico, por lo menos desde hace dos años, a buena parte de Tamaulipas, norte de Veracruz y municipios fronterizos de Nuevo León.
Hasta el momento, ésa es la paradoja: los triunfos del Gobierno se traducen en mayor violencia para los ciudadanos. Lo explica y documenta Eduardo Guerrero en su artículo “Cómo reducir la violencia en México”, en la revista “Nexos” de este mes: “La estrategia actual del Gobierno mexicano para debilitar a las organizaciones criminales está dirigida a fragmentarlas. Una acción recurrente para lograr tal división es el arresto de sus jefes. Tales arrestos (…) desencadenan crisis internas de sucesión y propician la conducta oportunista de sus adversarios que aprovechan la crisis momentánea para atacarla”. El resultado: cada vez más violencia.
El 11 de diciembre de 2006, cuando los secretarios del nuevo Gobierno citaron a conferencia de prensa para anunciar el Operativo Conjunto Michoacán, Francisco Ramírez Acuña, entonces secretario de Gobernación, dijo: “Una de las tres prioridades del Presidente Calderón es fortalecer la seguridad de los mexicanos y sus familias, para traer la paz a los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”. Eso no sólo no se ha logrado, sino que cada vez son más los espacios públicos que nos están vedados.
No criticamos que se detenga o combata a los líderes de los cárteles, pero sí que se haga en detrimento de la ciudadanía. En una democracia no se puede luchar contra un grupo criminal sin tener en cuenta las consecuencias que una determinada estrategia tiene sobre la vida de los ciudadanos, de lo contrario se corre el riesgo de que entre la población se confundan estrategia y objetivos, y se quede el Estado sin apoyo ni legitimidad para hacer frente a la amenaza real que significan estos grupos.
En Tijuana tiemblan cuando se hacen grandes decomisos de droga porque anticipan una ola de secuestros y extorsiones de parte de los grupos criminales afectados. Los sinaloenses ya saben que después de una detención siguen los reacomodos y las venganzas, producto de las sospechas de traición.
Porque es indispensable para que sobrevivamos como comunidad que los grupos criminales no se apoderen de las estructuras de gobierno, policiacas y de justicia, el Gobierno tiene, cuanto antes, que redefinir la forma en que pelea esta guerra, anteponiendo a cualquier otro objetivo la disminución de la violencia que pesa sobre muchos mexicanos.
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