México
Todos, presuntos culpables
Lo peor puede esperarnos si nuestros acusadores son policías y quedamos en manos de fiscales, jueces o empleados del sistema penitenciario, sean estatales o federales.
El documental Presunto Culpable es ahora, vaya ironía, presunto culpable de violar la ley al ser distribuido, exhibido y comercializado. Envuelto en un litigio que es, a todas luces, una forma de censurar la denuncia del sistema penal mexicano, la producción se ha convertido en un bumerán contra el Poder Judicial y sus representantes.
Y, de paso, contra la inutilidad de quienes desde el Poder Ejecutivo doblaron las manos para que la cinta sea retirada, regresada y a punto de salir en definitiva de las salas de cine.
Todos los mexicanos (bueno, casi todos, porque excluyo a influyentes y poderosos, la minoría) somos, como ocurre con el documental, presuntos culpables en caso de ser acusados penalmente.
Lo peor puede esperarnos si nuestros acusadores son policías y quedamos en manos de fiscales, jueces o empleados del sistema penitenciario, sean estatales o federales.
En México estamos inermes, vulnerables, ante quienes ostentan charolas y armas de fuego, integran averiguaciones previas, interpretan leyes y códigos penales o controlan celdas. Desde la prevención de los delitos hasta la supuesta rehabilitación en una cárcel, cualquiera puede ser culpable hasta que demuestre lo contrario.
O una víctima se convierte en doble víctima: ahí está el caso de Jorge Zul de la Cueva, detenido el mes pasado por dos policías municipales de Guadalajara que le robaron su Iphone.
A pesar de que uno de los uniformados extorsionadores subió por error su foto al Twitter del joven, se le dejó escapar. ¿La respuesta? Declaraciones y justificaciones de funcionarios de la corporación; o sea, “rollo”.
La justicia a la mexicana es un millonario negocio en cada uno de sus eslabones: billetes (o Iphones) exigidos por policías, “mochadas” a agentes del Ministerio Público para quedar en libertad sin pisar la penal o para que se integren mal averiguaciones favoreciendo a los acusados, pagos a las afianzadoras que ven crecer sus utilidades y cuentas bancarias, “mordidas” en juzgados para agilizar cualquier trámite o comprar voluntades, cuotas para obtener servicios elementales en las penales.
El censurado documental Presunto Culpable se asoma a ese mundo oscuro, inhumano, tétrico, de la dizque justicia mexicana. El protagonista del film y víctima, José Antonio Zúñiga, acusado de un homicidio que no cometió, es un ejemplo de la suerte que puede enfrentar quien es juzgado penalmente.
Ahora, al margen de si retiran en definitiva o no la cinta, el Poder Judicial buscará que no se filmen los juicios. Saben los fiscales y los señores de toga que nuevamente quedarían exhibidas muchas transas, violaciones a la ley e ineficiencias.
Y, de paso, contra la inutilidad de quienes desde el Poder Ejecutivo doblaron las manos para que la cinta sea retirada, regresada y a punto de salir en definitiva de las salas de cine.
Todos los mexicanos (bueno, casi todos, porque excluyo a influyentes y poderosos, la minoría) somos, como ocurre con el documental, presuntos culpables en caso de ser acusados penalmente.
Lo peor puede esperarnos si nuestros acusadores son policías y quedamos en manos de fiscales, jueces o empleados del sistema penitenciario, sean estatales o federales.
En México estamos inermes, vulnerables, ante quienes ostentan charolas y armas de fuego, integran averiguaciones previas, interpretan leyes y códigos penales o controlan celdas. Desde la prevención de los delitos hasta la supuesta rehabilitación en una cárcel, cualquiera puede ser culpable hasta que demuestre lo contrario.
O una víctima se convierte en doble víctima: ahí está el caso de Jorge Zul de la Cueva, detenido el mes pasado por dos policías municipales de Guadalajara que le robaron su Iphone.
A pesar de que uno de los uniformados extorsionadores subió por error su foto al Twitter del joven, se le dejó escapar. ¿La respuesta? Declaraciones y justificaciones de funcionarios de la corporación; o sea, “rollo”.
La justicia a la mexicana es un millonario negocio en cada uno de sus eslabones: billetes (o Iphones) exigidos por policías, “mochadas” a agentes del Ministerio Público para quedar en libertad sin pisar la penal o para que se integren mal averiguaciones favoreciendo a los acusados, pagos a las afianzadoras que ven crecer sus utilidades y cuentas bancarias, “mordidas” en juzgados para agilizar cualquier trámite o comprar voluntades, cuotas para obtener servicios elementales en las penales.
El censurado documental Presunto Culpable se asoma a ese mundo oscuro, inhumano, tétrico, de la dizque justicia mexicana. El protagonista del film y víctima, José Antonio Zúñiga, acusado de un homicidio que no cometió, es un ejemplo de la suerte que puede enfrentar quien es juzgado penalmente.
Ahora, al margen de si retiran en definitiva o no la cinta, el Poder Judicial buscará que no se filmen los juicios. Saben los fiscales y los señores de toga que nuevamente quedarían exhibidas muchas transas, violaciones a la ley e ineficiencias.
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