México
Tiranos partidos políticos
A diputados y senadores que anuncian desde días atrás que ''la reforma ya está amarrada'', habrá que recordarles que sus compromisos verbales pueden recibir muchos calificativos, pero nunca el de confiables
Entre los pasatiempos que más aprecian diputados y senadores en el Congreso de la Unión, además de gastar a placer los millones de pesos que les facilitan las arcas públicas, figura el de discutir temas trascendentales en el último momento. ¿De qué otro modo puede entenderse que se ocupen en los días finales del período ordinario de sesiones de una reforma que pomposamente llaman “de Estado” y que incluye algunos pocos cambios que no permiten a nuestra democracia dejar de ser incipiente?
A diputados y senadores que anuncian desde días atrás que “la reforma ya está amarrada”, habrá que recordarles que sus compromisos verbales pueden recibir muchos calificativos, pero nunca el de confiables. Y para muestra, la señora Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada del PAN, que hace unas semanas estuvo en Guadalajara en gira de precandidata presidencial y se dijo a favor de la revocación de mandato... pero ésta ni siquiera se menciona en las pretendidas reformas.
Pero incumplimientos particulares aparte, el hecho es que antes del primer minuto del 1 de mayo deberá haberse aprobado un reducido paquete de reformas que contempla, entre otras cosas, la reelección de diputados y senadores —con pros y contras—, candidaturas ciudadanas únicamente para competir por un escaño en la Cámara Baja, la figura de las consultas populares con un montón de candados (¡sólo el tema de la consulta debe ser validado hasta por la Suprema Corte de Justicia!) y el derecho ciudadano a presentar iniciativas. Se proponen otros cambios, pero ninguno como los anteriores toca tan directamente al ciudadano común, ése que no milita en un partido político.
Cada una de estas propuestas ha merecido ya, de profesionales y académicos, profundas disertaciones. Hay por ejemplo, ensayos detalladísimos a favor y en contra de la reelección de legisladores, pero lamentablemente no se tocó la reelección de alcaldes aunque se ha discutido por años. Y las consideraciones pueden alargarse con cada uno de los temas.
Debe notarse, sin embargo, que en este paquete de modificaciones legales no se abordan a fondo los cambios para una transformación auténtica. Lo que inicialmente se pretendió como Reforma de Estado mutó luego en reforma política y deriva ahora en una muy limitada propuesta que tímidamente abre la puerta a la ciudadanía a los cotos de control de las cúpulas de los partidos políticos. En esencia, ningún cargo público importante puede tener un candidato que no sea “palomeado” por un partido político.
Y queda otro detalle que subraya cómo “amarran” cambios que disfrazan de reformas para que todo siga igual: el excesivo, ofensivo financiamiento a partidos ni siquiera se menciona, aunque hace años es una demanda generalizada reducir ese gasto público.
Si se aprueban tales cambios, las cúpulas políticas hablarán de reforma histórica aunque sólo sea maquillaje para una realidad nacional: los partidos políticos controlan los sistemas político y electoral mexicanos y frenan la madurez de su democracia.
A diputados y senadores que anuncian desde días atrás que “la reforma ya está amarrada”, habrá que recordarles que sus compromisos verbales pueden recibir muchos calificativos, pero nunca el de confiables. Y para muestra, la señora Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la bancada del PAN, que hace unas semanas estuvo en Guadalajara en gira de precandidata presidencial y se dijo a favor de la revocación de mandato... pero ésta ni siquiera se menciona en las pretendidas reformas.
Pero incumplimientos particulares aparte, el hecho es que antes del primer minuto del 1 de mayo deberá haberse aprobado un reducido paquete de reformas que contempla, entre otras cosas, la reelección de diputados y senadores —con pros y contras—, candidaturas ciudadanas únicamente para competir por un escaño en la Cámara Baja, la figura de las consultas populares con un montón de candados (¡sólo el tema de la consulta debe ser validado hasta por la Suprema Corte de Justicia!) y el derecho ciudadano a presentar iniciativas. Se proponen otros cambios, pero ninguno como los anteriores toca tan directamente al ciudadano común, ése que no milita en un partido político.
Cada una de estas propuestas ha merecido ya, de profesionales y académicos, profundas disertaciones. Hay por ejemplo, ensayos detalladísimos a favor y en contra de la reelección de legisladores, pero lamentablemente no se tocó la reelección de alcaldes aunque se ha discutido por años. Y las consideraciones pueden alargarse con cada uno de los temas.
Debe notarse, sin embargo, que en este paquete de modificaciones legales no se abordan a fondo los cambios para una transformación auténtica. Lo que inicialmente se pretendió como Reforma de Estado mutó luego en reforma política y deriva ahora en una muy limitada propuesta que tímidamente abre la puerta a la ciudadanía a los cotos de control de las cúpulas de los partidos políticos. En esencia, ningún cargo público importante puede tener un candidato que no sea “palomeado” por un partido político.
Y queda otro detalle que subraya cómo “amarran” cambios que disfrazan de reformas para que todo siga igual: el excesivo, ofensivo financiamiento a partidos ni siquiera se menciona, aunque hace años es una demanda generalizada reducir ese gasto público.
Si se aprueban tales cambios, las cúpulas políticas hablarán de reforma histórica aunque sólo sea maquillaje para una realidad nacional: los partidos políticos controlan los sistemas político y electoral mexicanos y frenan la madurez de su democracia.
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