México
Tan cerca y tan lejos
No basta con matar a un ‘‘coronel’’ para siquiera debilitarlo, por más que hacerlo vista mucho en los medios de comunicación
El gobierno de la delincuencia tiene perfiles de eficacia dictatorial.
Mientras que un ciudadano común debe transitar por todos los laberintos de la burocracia para demandar justicia, sin que haya garantía alguna de que su demanda tendrá respuesta, en el mundo de la delincuencia las leyes son bastante claras, son leyes propias, ajenas por completo a las polémicas de los derechos humanos, lo mismo en su tenor que en su aplicación, y se ejecutan de manera contundente sin la mediación interminable de los leguleyos, todo el tiempo dispuestos a empantanar hasta las causas más evidentes con tal de seguir lucrando.
Por lo mismo nos queda claro que la delincuencia organizada sí que está pero bastante bien organizada, que no solamente tiene mejor armamento que las fuerzas públicas, sino estructuras de control y ejercicio de su justicia mucho más eficaces, inmediatas y definitivas.
Parte de su ventajosa organización le hace ver como un monstruo de muchas cabezas que le permite reemplazar de inmediato cuantas deba perder.
No basta con matar a un “coronel” para siquiera debilitarlo, por más que hacerlo vista mucho en los medios de comunicación.
En contraparte, la delincuencia legalizada que subyace en casi toda estructura de gobierno, hace de la desorganización permanente el espacio ideal para seguir medrando por encima de las leyes oficiales, espacio en el cual se vive todo el tiempo la experiencia del soborno, del compadrazgo, de la indolencia, la ineficacia, el cinismo y el robo constante a las arcas públicas a tenor de los más enredados recursos, para que todo siga pareciendo “legal”.
Entre una y otra delincuencia el ciudadano consciente le sigue apostando, y con toda razón, al triunfo de la legalidad, pero su apuesta carece de un soporte esencial que se llama espíritu democrático, cuya alma es la superior valencia de la ley públicamente constituida y el compromiso de aplicarla con absoluta igualdad.
A consecuencia de estas carencias, la aspiración a la legalidad acaba siendo una especie de mito, de idealismo hueco, algo a lo que dicen hay que tender, pero cuyo alcance se ignora, y en el fondo, se pospone.
Esta ausencia de solidaridad social y de metas cívicas permite que la ciudadanía viva y conviva con los integrantes de unas y otras bandas, incapaz de denunciar a ninguna, así los tenga de vecinos y sea testigo todo el tiempo de los lujos excesivos e inexplicables, lo mismo de un diputado que de un personaje dedicado a “no se sabe qué”, pero al que seguramente le está yendo muy bien, a juzgar por la casona, los autos, camionetas y reventones con centenares de invitados inundando los espacios con su vana y deprimente ostentación.
Ninguno de los cuatro operativos que vivió Guadalajara en un mismo día, esta semana, se pueden considerar ajenos a nuestra postración democrática.
Mientras que un ciudadano común debe transitar por todos los laberintos de la burocracia para demandar justicia, sin que haya garantía alguna de que su demanda tendrá respuesta, en el mundo de la delincuencia las leyes son bastante claras, son leyes propias, ajenas por completo a las polémicas de los derechos humanos, lo mismo en su tenor que en su aplicación, y se ejecutan de manera contundente sin la mediación interminable de los leguleyos, todo el tiempo dispuestos a empantanar hasta las causas más evidentes con tal de seguir lucrando.
Por lo mismo nos queda claro que la delincuencia organizada sí que está pero bastante bien organizada, que no solamente tiene mejor armamento que las fuerzas públicas, sino estructuras de control y ejercicio de su justicia mucho más eficaces, inmediatas y definitivas.
Parte de su ventajosa organización le hace ver como un monstruo de muchas cabezas que le permite reemplazar de inmediato cuantas deba perder.
No basta con matar a un “coronel” para siquiera debilitarlo, por más que hacerlo vista mucho en los medios de comunicación.
En contraparte, la delincuencia legalizada que subyace en casi toda estructura de gobierno, hace de la desorganización permanente el espacio ideal para seguir medrando por encima de las leyes oficiales, espacio en el cual se vive todo el tiempo la experiencia del soborno, del compadrazgo, de la indolencia, la ineficacia, el cinismo y el robo constante a las arcas públicas a tenor de los más enredados recursos, para que todo siga pareciendo “legal”.
Entre una y otra delincuencia el ciudadano consciente le sigue apostando, y con toda razón, al triunfo de la legalidad, pero su apuesta carece de un soporte esencial que se llama espíritu democrático, cuya alma es la superior valencia de la ley públicamente constituida y el compromiso de aplicarla con absoluta igualdad.
A consecuencia de estas carencias, la aspiración a la legalidad acaba siendo una especie de mito, de idealismo hueco, algo a lo que dicen hay que tender, pero cuyo alcance se ignora, y en el fondo, se pospone.
Esta ausencia de solidaridad social y de metas cívicas permite que la ciudadanía viva y conviva con los integrantes de unas y otras bandas, incapaz de denunciar a ninguna, así los tenga de vecinos y sea testigo todo el tiempo de los lujos excesivos e inexplicables, lo mismo de un diputado que de un personaje dedicado a “no se sabe qué”, pero al que seguramente le está yendo muy bien, a juzgar por la casona, los autos, camionetas y reventones con centenares de invitados inundando los espacios con su vana y deprimente ostentación.
Ninguno de los cuatro operativos que vivió Guadalajara en un mismo día, esta semana, se pueden considerar ajenos a nuestra postración democrática.
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