México
Suprema Corte reconoce corrupción en jueces
El ministro Sergio Valls acepta ante magistrados que pueda haber algunos servidores del Poder Judicial que estén coludidos con el crimen organizado
MONTERREY, MÉXICO.- El ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández, reconoció que no se puede negar “que puede haber algunos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que incurran en conductas impropias, aún coludidos con el crimen organizado”, ante jueces y magistrados penales de todo el país.
A una semana de que el Presidente Felipe Calderón llamara a extender la llamada "Operación Limpieza" que se realiza en la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública al Poder Judicial, Valls Hernández aseguró que la identificación y la voluntad de extirpar a los malos elementos es real, pero que la labor que realiza el Consejo de la Judicatura Federal es incomprendida.
Por este motivo, de manera inusual al clausurar el Congreso Nacional de Juzgadores que se realizó en esta ciudad para analizar la reciente reforma a la Constitución en materia penal, el ministro hizo un llamado a los medios de comunicación para que le ayuden al Poder Judicial a explicar la labor que realizan en este sentido.
Porque, de entrada, explicó, la extirpación de los malos elementos en el Poder Judicial es menos rápida que la de otros poderes, “pues no es un asunto de ausencia de voluntad política del presidente de la Suprema Corte de Justicia, o del Consejo de la Judicatura Federal o del Pleno de ministros de nuestro más alto tribunal”, en especial, agregó, porque existen procedimientos constitucionales para lograrlo.
El Presidente de la República y los gobernadores, aclaró, pueden depurar los mandos de sus cuerpos de seguridad simplemente por haberles perdido la confianza, pero esto no ocurre en el Poder Judicial.
“Tratándose de jueces federales que pudieran ser deshonestos, la depuración es, por exigencia constitucional y legal, el resultado de un procedimiento que implica, en principio, acreditar plenamente los actos irregulares. No es por capricho o frivolidad y menos aún por colusión, sino porque así lo ordena el marco constitucional y legal que nos rige”, aseguró.
Valls Hernández destacó este punto, porque, dijo, “estas son las cuestiones básicas que la opinión pública debe saber para evitar que la mala conducta de unos jueces indebidamente se cargue al Poder Judicial como institución. Debemos hacer comprender a la ciudadanía que el Poder Judicial está organizado de forma diferente, es un poder descentralizado donde cada juez ejerce poder jurisdiccional independiente de otros jueces”.
“En consecuencia –agregó- cada juez es responsable por sus propios actos”. Y no, dijo, como ocurre en el Poder Ejecutivo, donde los actos de todos los funcionarios pueden ser imputables al Presidente de la República o a los gobernadores.
A una semana de que el Presidente Felipe Calderón llamara a extender la llamada "Operación Limpieza" que se realiza en la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública al Poder Judicial, Valls Hernández aseguró que la identificación y la voluntad de extirpar a los malos elementos es real, pero que la labor que realiza el Consejo de la Judicatura Federal es incomprendida.
Por este motivo, de manera inusual al clausurar el Congreso Nacional de Juzgadores que se realizó en esta ciudad para analizar la reciente reforma a la Constitución en materia penal, el ministro hizo un llamado a los medios de comunicación para que le ayuden al Poder Judicial a explicar la labor que realizan en este sentido.
Porque, de entrada, explicó, la extirpación de los malos elementos en el Poder Judicial es menos rápida que la de otros poderes, “pues no es un asunto de ausencia de voluntad política del presidente de la Suprema Corte de Justicia, o del Consejo de la Judicatura Federal o del Pleno de ministros de nuestro más alto tribunal”, en especial, agregó, porque existen procedimientos constitucionales para lograrlo.
El Presidente de la República y los gobernadores, aclaró, pueden depurar los mandos de sus cuerpos de seguridad simplemente por haberles perdido la confianza, pero esto no ocurre en el Poder Judicial.
“Tratándose de jueces federales que pudieran ser deshonestos, la depuración es, por exigencia constitucional y legal, el resultado de un procedimiento que implica, en principio, acreditar plenamente los actos irregulares. No es por capricho o frivolidad y menos aún por colusión, sino porque así lo ordena el marco constitucional y legal que nos rige”, aseguró.
Valls Hernández destacó este punto, porque, dijo, “estas son las cuestiones básicas que la opinión pública debe saber para evitar que la mala conducta de unos jueces indebidamente se cargue al Poder Judicial como institución. Debemos hacer comprender a la ciudadanía que el Poder Judicial está organizado de forma diferente, es un poder descentralizado donde cada juez ejerce poder jurisdiccional independiente de otros jueces”.
“En consecuencia –agregó- cada juez es responsable por sus propios actos”. Y no, dijo, como ocurre en el Poder Ejecutivo, donde los actos de todos los funcionarios pueden ser imputables al Presidente de la República o a los gobernadores.
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