México
Senadores rechazan acuerdo antipiratería; el IMPI lo avala
El ACTA, plan que había sido rechazado por la Cámara alta el año pasado, vuelve a meterse a la agenda
CIUDAD DE MÉXICO (13/JUL/2012).- Parecía una discusión enterrada. Desde noviembre del año pasado, la Cámara de Senadores pidió al Presidente Felipe Calderón abstenerse a firmar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, en inglés), rechazo que también tuvo lugar en otros lugares del mundo, como la Unión Europea (UE).
Empero, la firma del acuerdo del Presidente Felipe Calderón con Japón fue como pegarle al avispero; la discusión regresó a la plaza pública y ya hay más de una postura al respecto.
La situación en el Senado no cambió mucho. El senador priista Eloy Cantú precisó en una carta los motivos por las cuales un grupo plural del Senado, creado para analizar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés), recomendó por unanimidad que no se firmara.
Cantú Segovia detalla que “la primera objeción consistió en que el Ejecutivo no informó oportunamente, como lo marca la ley, al inicio de la negociación” de ese instrumento que limita la navegación libre por Internet. Otro de los “peros” tiene que ver con la presunta violación de las libertades de los usuarios (ver guía).
En entrevistas por separado, la panista Beatriz Zavala, los senadores perredistas Carlos Sotelo García y Francisco Javier Castellón Fonseca, así como el diputado priista Óscar Aguilar, reprobaron la firma de este instrumento internacional.
Los legisladores coincidieron en señalar que el tema es tan serio y delicado que podría generarse la propuesta de un punto de acuerdo para que sea debatido y, en su caso, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La panista Beatriz Zavala, quien formó parte del grupo plural del Senado que emitió la recomendación para que no se firmara el ACTA, indicó que ese acuerdo no entrará en vigor en México mientras no lo ratifique el Senado.
Consideró que el Ejecutivo federal está en su derecho legal de suscribir este acuerdo, pero que en términos políticos y por la relación entre poderes no se debió hacerlo, “debió haber tomado en cuenta la opinión del Senado”.
Para Rodrigo Roque Díaz, presidente de Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), el ACTA no contiene ninguna disposición que ataque de manera directa los derechos de los usuarios de internet.
El IMPI informó que Claude Heller, embajador de México en Japón, firmó ante el Gobierno del país nipón el acuerdo que establece un marco general internacional para el combate ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.
El presidente del IMPI dijo que la firma del Acuerdo traerá la discusión sobre el instrumento que se necesita para detener el problema de la piratería y la falsificación, el cual, alertó, se ha vuelto un problema de delincuencia organizada a nivel mundial que provoca severos daños económicos.
Reiteró que ACTA no viola el derecho a la libertad de expresión, no vigilará las conversaciones privadas de los usuarios ni violará el debido proceso de los países; por el contrario, protege la creatividad e ingenio de los mexicanos y de las empresas, además de que incentiva la invención científica.
Aseguró que se trata de un instrumento en debate que inclusive en Europa “su muerte no ha sido declarada”.
El pasado 4 de julio, el Parlamento Europeo rechazó en sesión plenaria el Acuerdo debido a la preocupación respecto de los derechos de los usuarios de internet.
SORPRESA
La Canieti critica firma del acuerdo sorpresa
Rogelio Garza, director de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), afirmó que el gremio está “sorprendido y preocupado” por la forma en que México firmó el ACTA, ya que la industria estuvo participando con el Senado y existía una recomendación de no firmar el acuerdo.
GUÍA
ACTA: las razones de la Presidencia y de los senadores
— ¿Por qué el Gobierno de México firmó el ACTA?
— El Ejecutivo argumenta que se pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, “atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas”.
Además, el Gobierno federal afirma que el acuerdo contra la piratería “no violenta los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales de los que México es parte”. También precisó que el ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en internet, “ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video”.
— ¿Qué motivó al Senado a rechazar este acuerdo el año pasado?
— La Cámara alta del Congreso alegó que, en el proceso de negociación de este acuerdo, se violó “la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica, dado que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia por las dependencias participantes”.
Los legisladores afirmaron que la medida resultaría contraria a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas las garantías individuales.
Además de advertir sobre la censura que esto podría traer, el Senado afirmó que el ACTA podría resultar en una limitación del acceso a internet.
Empero, la firma del acuerdo del Presidente Felipe Calderón con Japón fue como pegarle al avispero; la discusión regresó a la plaza pública y ya hay más de una postura al respecto.
La situación en el Senado no cambió mucho. El senador priista Eloy Cantú precisó en una carta los motivos por las cuales un grupo plural del Senado, creado para analizar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA por sus siglas en inglés), recomendó por unanimidad que no se firmara.
Cantú Segovia detalla que “la primera objeción consistió en que el Ejecutivo no informó oportunamente, como lo marca la ley, al inicio de la negociación” de ese instrumento que limita la navegación libre por Internet. Otro de los “peros” tiene que ver con la presunta violación de las libertades de los usuarios (ver guía).
En entrevistas por separado, la panista Beatriz Zavala, los senadores perredistas Carlos Sotelo García y Francisco Javier Castellón Fonseca, así como el diputado priista Óscar Aguilar, reprobaron la firma de este instrumento internacional.
Los legisladores coincidieron en señalar que el tema es tan serio y delicado que podría generarse la propuesta de un punto de acuerdo para que sea debatido y, en su caso, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La panista Beatriz Zavala, quien formó parte del grupo plural del Senado que emitió la recomendación para que no se firmara el ACTA, indicó que ese acuerdo no entrará en vigor en México mientras no lo ratifique el Senado.
Consideró que el Ejecutivo federal está en su derecho legal de suscribir este acuerdo, pero que en términos políticos y por la relación entre poderes no se debió hacerlo, “debió haber tomado en cuenta la opinión del Senado”.
Para Rodrigo Roque Díaz, presidente de Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), el ACTA no contiene ninguna disposición que ataque de manera directa los derechos de los usuarios de internet.
El IMPI informó que Claude Heller, embajador de México en Japón, firmó ante el Gobierno del país nipón el acuerdo que establece un marco general internacional para el combate ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.
El presidente del IMPI dijo que la firma del Acuerdo traerá la discusión sobre el instrumento que se necesita para detener el problema de la piratería y la falsificación, el cual, alertó, se ha vuelto un problema de delincuencia organizada a nivel mundial que provoca severos daños económicos.
Reiteró que ACTA no viola el derecho a la libertad de expresión, no vigilará las conversaciones privadas de los usuarios ni violará el debido proceso de los países; por el contrario, protege la creatividad e ingenio de los mexicanos y de las empresas, además de que incentiva la invención científica.
Aseguró que se trata de un instrumento en debate que inclusive en Europa “su muerte no ha sido declarada”.
El pasado 4 de julio, el Parlamento Europeo rechazó en sesión plenaria el Acuerdo debido a la preocupación respecto de los derechos de los usuarios de internet.
SORPRESA
La Canieti critica firma del acuerdo sorpresa
Rogelio Garza, director de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), afirmó que el gremio está “sorprendido y preocupado” por la forma en que México firmó el ACTA, ya que la industria estuvo participando con el Senado y existía una recomendación de no firmar el acuerdo.
GUÍA
ACTA: las razones de la Presidencia y de los senadores
— ¿Por qué el Gobierno de México firmó el ACTA?
— El Ejecutivo argumenta que se pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, “atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas”.
Además, el Gobierno federal afirma que el acuerdo contra la piratería “no violenta los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales de los que México es parte”. También precisó que el ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en internet, “ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video”.
— ¿Qué motivó al Senado a rechazar este acuerdo el año pasado?
— La Cámara alta del Congreso alegó que, en el proceso de negociación de este acuerdo, se violó “la Ley sobre la Aprobación de Tratados en Materia Económica, dado que sus previsiones no fueron cumplidas con oportunidad y suficiencia por las dependencias participantes”.
Los legisladores afirmaron que la medida resultaría contraria a disposiciones jurídicas del derecho nacional, entre ellas las garantías individuales.
Además de advertir sobre la censura que esto podría traer, el Senado afirmó que el ACTA podría resultar en una limitación del acceso a internet.
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